La organización Inquilinos Agrupados realizó una encuesta a nivel nacional para analizar los contratos firmados antes y después de la derogación de la Ley de alquileres. A un mes del decreto del Gobierno de Javier Milei, y con los datos de 3.300 casos, se publicaron los resultados.
Actualización de precios
La Ley de alquileres como estaba dispuesta antes proponía un contrato de tres años con una actualización de precios anual. En octubre se votó la modificación de la norma y la actualización pasó a ser cada seis meses. Ahora no hay ningún marco regulatorio y, según la encuesta de Inquilinos Agrupados, casi el 90 % de los nuevos contratos pactan actualizaciones cada seis meses o menos. Dentro de ese porcentaje, el 45 % lo hace de manera semestral y casi el 25 % cada tres meses.
Plazo del alquiler
En la última Ley de alquileres, el plazo mínimo para un contrato de alquiler era de tres años. Ahora, se pueden firmar contratos con cualquier plazo. Según los datos de la encuesta, el 51 % de los nuevos contratos se firman por un año o menos tiempo. Esto impacta negativamente en los inquilinos, ya que cada nueva mudanza es un gasto alto en materia de flete y depósitos, además del estrés y la angustia que puede generar la búsqueda de un nuevo hogar año tras año. Ahora, solo el 25 % firma contratos de tres años; otro 25 % firma por menos de dos años; el 18 % por menos de un año; y el 25% por menos de seis meses.
Deudas
Más de la mitad de los hogares inquilinos encuestados (53,1 %) contó tener deudas de algún tipo actualmente. El 40% son deudas con bancos emisores de tarjetas de créditos. Entre ellos, más del 64 % recurrió a pedir dinero prestado para poder pagar el alquiler o para poder pagar el alquiler y otros gastos de alimentos y urgencias médicas.
Salud mental
De los 3.300 inquilinos encuestados, que se reparten por todo el país, el 93 % expresó que cree que su situación será peor en 2024 en comparación del año pasado. Es decir, la gran mayoría de los inquilinos se ven afectados negativamente con la derogación de la ley. Además, el 78 % expresó sentir angustia, el 75 % ansiedad y el 68 % desesperanza respecto a las condiciones de su contrato.
Desde Inquilinos Agrupados se sostiene que el decreto 70/2023 es inconstitucional y que se tiene que caer. “La grave crisis habitacional, en poco tiempo, se convertirá en crisis social”, escribe la organización desde sus redes sociales.
