La crisis de la COVID‑19 puso de manifiesto la importancia del agua, el saneamiento y la higiene. Como ya es bien sabido, lavarse las manos es una de las mejores primeras defensas contra el virus. Pero tres mil millones de personas (casi la mitad de la población mundial) no pueden hacerlo por falta de instalaciones básicas; 2.200 millones (alrededor de un tercio) no tienen acceso seguro a agua potable; y casi el doble de esa cifra (4.200 millones) vive sin ninguna clase de servicio de saneamiento.
La situación es incluso peor en las islas del Pacífico, donde el porcentaje de población sin acceso seguro a agua potable es el doble del promedio mundial y los indicadores sanitarios son peores que en África subsahariana. En países como Papúa Nueva Guinea estamos viendo que la ausencia de instalaciones para mantener una higiene básica vuelve increíblemente difícil combatir el virus una vez instalado.
Sabemos que el problema existe, pero aun así en todo el mundo la provisión de agua y saneamiento sigue quedando relegada en la agenda política. Es más probable que un funcionario inaugure una escuela o un hospital que una planta de tratamiento de aguas servidas. Pero el problema no es tanto falta de voluntad política cuanto desaprovechamiento de oportunidades políticas: al fin y al cabo, es difícil imaginar otro servicio estatal más importante que proveer agua potable y saneamiento.
En realidad se trata de un problema de finanzas. Los gobiernos siempre han visto la provisión de agua y saneamiento como un costo para el presupuesto nacional y no como una oportunidad de inversión. Por eso tradicionalmente han sostenido el sector con tributación, tarifas y transferencias. Y aunque en general la gente está dispuesta a pagar por el acceso a estos servicios o por su mejora, a las empresas proveedoras se les hace difícil cubrir los costos operativos o de mantenimiento básicos sin ayuda adicional.
Esto es un sinsentido en términos políticos, dada la urgente demanda y necesidad de estos servicios. Pero también lo es en términos económicos. Cada año, la provisión inadecuada de agua y saneamiento provoca al mundo pérdidas por unos 260 mil millones de dólares (el 1,5% del PIB mundial); en cambio, cada dólar invertido en agua y saneamiento rinde el cuádruple en mejoras de los indicadores sanitarios, económicos y educativos, que favorecen la agenda económica y social general de los gobiernos.
El mayor desafío es lograr que los gobiernos vean el sector como un activo que generará altos rendimientos económicos y financieros sin demasiado costo (si se logra ese cambio de mentalidad, otras reformas postergadas también saldrán favorecidas). Hay mucho margen para mejorar la planificación y la gestión del sector, el destino de los subsidios, las políticas de recuperación de costos y los regímenes tarifarios; y también hay necesidad de nuevos impuestos destinados al área y otras opciones de subsidio cruzado.
Algunos gobiernos ya están aprovechando estas oportunidades. Por ejemplo, la campaña Swachh Bharat del primer ministro indio Narendra Modi ayudó a crear conciencia nacional sobre temas de agua y saneamiento, lo mismo que iniciativas recientes del presidente Muhammadu Buhari en Nigeria. Otros gobiernos han ampliado el acceso a mecanismos financieros reembolsables cuyo objetivo es reducir riesgos y combinar recursos financieros en los niveles nacional, municipal y familiar.
Por ejemplo, la autoridad nacional de regulación del agua de Kenia colaboró con el Banco Mundial para ampliar el acceso a financiación mediante la implementación de evaluaciones crediticias extraoficiales (shadow ratings). En Indonesia, el gobierno dio subsidios a las familias de bajos ingresos para que pudieran acceder a mejoras de los servicios. Perú está usando una combinación de incentivos y ayudas directas para mejorar los servicios de los gobiernos municipales. Y los gobiernos de países como Kiribati y las Islas Marshall en el océano Pacífico hicieron uso de fondos otorgados por la comunidad internacional para la lucha contra el cambio climático, o sumaron financiación adicional mediante el uso de bonos de impacto social.
La alianza mundial Saneamiento y Agua para Todos de las Naciones Unidas ha reunido estas y otras opciones de financiación en un manual titulado Agua y saneamiento: cómo hacer que la inversión pública funcione. El manual ofrece a los gobiernos ejemplos prácticos de cómo financiar la provisión de agua y saneamiento en formas política y económicamente viables.
De no mediar una corrección de rumbo, los problemas del sector sólo se agravarán, conforme se acumulen los efectos de la combinación de cambio climático, sucesivas emergencias sanitarias globales y otros riesgos sistémicos. La pandemia de COVID‑19 profundizó en todo el mundo las dificultades financieras de las empresas proveedoras de servicios públicos. Pero la crisis también ofrece una oportunidad infrecuente para cambiar modos de pensar y hacer las cosas.
Como el agua y el saneamiento son fundamentales para la respuesta a la emergencia, es más que necesaria una acción inmediata al respecto de los líderes mundiales y los ministros de finanzas, incluidas las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional el mes próximo. Invertir en agua y saneamiento crea empleo, estimula la economía y reduce la carga a largo plazo sobre el erario. Pero sobre todo, supone una mejora radical de las vidas de la gente, en particular mujeres y niñas.
Los funcionarios electos no encontrarán muchos ejemplos en los que una sola inversión pueda reducir muertes prematuras y enfermedades, aumentar la expectativa de vida, mejorar la calidad de vida y garantizar privacidad, seguridad y dignidad para todos. Pero invertir en agua y saneamiento logra todo esto y mucho más.
Este es un momento para que las instancias de decisión en todo el mundo (gobiernos donantes, instituciones financieras internacionales, bancos nacionales, cooperativas locales, etc.) aprovechen la oportunidad creada por esta crisis. Las opciones de financiación son muchas, y las recompensas potenciales, enormes.
Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia, es presidente de alto nivel de la alianza mundial Saneamiento y Agua para Todos de las Naciones Unidas.
