En el área metropolitana de Buenos Aires, alrededor de 400 millones de pasajeros circulan en tren por año, lo que hace a un mínimo de un millón de pasajeros por día. Estas cifras, que son oficiales, corresponden obviamente a tiempos prepandémicos.
El 22 de febrero de 2012 a las 8:33 de la mañana, un tren de la línea Sarmiento que llevaba a más de 1.200 pasajeros chocó contra uno de los andenes en la estación de Once, más específicamente contra con los paragolpes de contención de la plataforma.
Era plena hora pico. En el acto, murieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas. La gran mayoría de las víctimas viajaba en los primeros tres vagones del tren, que terminaron totalmente aplastados por el impacto.
Este episodio, del cual ya se cumplieron nueve años, pasó a conocerse como la Tragedia de Once.
Investigación, juicio y búsqueda de la verdad
Después de la tragedia, se inició una investigación y un año después el juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio. Hubo 28 procesados. Entre ellos: el maquinista Marcos Córdoba, quien fue rescatado del accidente, los empresarios Sergio y Roque Cirigliano, de la empresa Trenes de Buenos Aires, concesionarios de la línea Sarmiento y los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La sentencia llegó casi dos años después, en 2015. 21 de los 28 acusados recibieron condenas por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo.
¿Cuál fue el veredicto? Que el choque se había ocasionado por una confluencia de factores:
- Por un lado, el error humano. El maquinista Córdoba estaba circulando a una velocidad mayor de la permitida y frenó tarde a la hora de entrar en la estación. Además, había desconectado el sistema de ‘‘hombre muerto”, un dispositivo cuya función es detener el tren en caso de que el maquinista se ausente o esté inconsciente. Por eso, recibió una pena de tres años y tres meses de prisión.
- Pero, además de la mala praxis por parte del maquinista, el tren de la línea Sarmiento estaba en condiciones deplorables.
“Los trenes tienen un circuito de mantenimiento diario y general. Este mantenimiento estaba estipulado hacerlo cada 750.000 kilómetros, y el vagón en el que viajaba mi hijo tenía 2.100.000 kilómetros realizados sin haber tenido ninguna reparación. Todos los sistemas de la línea estaban colapsados. No sólo los trenes, las vías, el sistema de señalamiento. El chapa 16, el tren de la tragedia, de ocho compresores que tenía que tener, tenía sólo cuatro”, cuenta María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, la última víctima en ser encontrada en la tragedia ferroviaria.
Tras la tragedia, Rey ingresó a la política y hoy es Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Agrega: “Toda una combinación de desidia y falta de mantenimiento ocasionó que el impacto del tren contra el paragolpe del andén dos se convirtiera en la tragedia”.
Se habían hecho ya 400 denuncias sobre el estado de los trenes pero ni funcionarios ni empresarios hicieron caso.
“Quedó demostrado en el proceso que el dinero que estaba destinado al mantenimiento de los trenes era desviado a los bolsillos de los empresarios y los funcionarios que hoy están condenados”, asegura la diputada nacional Rey. “Paralelamente al proceso de Once fuimos testigos de una causa que tenía al exsecretario Ricardo Jaime, donde se confiesa coimero. Confiesa haber recibido dádivas del empresario Cirigiliano, quien también está condenado por la tragedia. Ahí está la plata que no llegaba al mantenimiento de los trenes”.
Condenados luego de la tragedia
La Justicia consideró que los empresarios y funcionarios de la Secretaría de Transporte compartían responsabilidad por las condiciones del tren. El Estado, que había dado a Trenes de Buenos Aires la concesión del servicio, había fallado en controlar que los millonarios fondos públicos que se aportaban a la empresa se tradujeran en un buen funcionamiento de los trenes.
- Sergio Cirigiliano, dueño de Trenes de Buenos Aires, recibió siete años de prisión.
- Ricardo Jaime, quien fue secretario de Transporte antes de la tragedia, entre 2003 y 2009, fue condenado a ocho años de prisión, sumando la Tragedia de Once a otras condenas previas que tenía por corrupción.
- Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte cuando ocurrió el accidente, fue condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pero después la Cámara de Casación bajó su condena a cinco años y medio.
Pero tanto Jaime como Schiavi, en calidad de secretarios, respondían al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. El Tribunal a cargo pidió que De Vido también fuera investigado. Para 2018, De Vido era condenado a cinco años y ocho meses de prisión por estar al tanto y ser partícipe de la administración fraudulenta.
Según María Luján Rey, las condenas por la Tragedia de Once fueron cercanas a las máximas a las que podían aspirar. “Han sido condenados a nueve años cuando lo máximo podía ser once”, explica. “Y los familiares estamos satisfechos con haber hecho todo lo posible para que se haga justicia”.
Y añade: “Si uno mira causas como AMIA o Cromañón nosotros logramos la condena antes de que se cumplieran los cinco años de la tragedia, y hoy a los nueve años tenemos a todos los responsables condenados”.
Ahora, en un país en el que tantas causas quedan archivadas o frenadas, ¿qué factores llevaron a que la de la Tragedia de Once avanzara y se llegara a la condena?
María Luján Rey: “Tenemos que entender que Cromañón, Once, y el Ara San Juan nos pasó a todos”
La diputada nacional Rey explica que uno de los aspectos más importantes para que la causa avance fue la actuación de Claudio Bonadio, quien “fue el juez de instrucción de la causa y decidió no quedarse con la foto del 22 de febrero y responsabilizar solamente al maquinista como el poder económico y político quería hacerlo”.
Pero otro de los factores importantes fue el constante trabajo y reclamo de justicia por parte de cientos de familias. “Que la causa haya avanzado tiene que ver con una querella, un grupo de familias que la fue buscando siempre, y nunca bajó los brazos. Y también con que una sociedad entera se levantó y puso la mirada en la actuación de Comodoro Py. Es también una demostración de que cuando la Justicia de nuestro país quiere, puede”, asegura Rey.
¿Qué pasaba con los trenes en ese momento?
Jorge Wadell, historiador especializado en ferrocarriles y coautor del libro Nueva Historia del Ferrocarril en la Argentina, explica cómo se pasó de un modelo de privatización del ferrocarril en los 90 a un escenario muy distinto dos décadas después:
“La privatización de los ferrocarriles de pasajeros del área metropolitana fue una privatización exitosa con resultados exitosos que fue seguida por gran parte del mundo. Esto se debió a que había contratos bien hechos donde estaban determinadas las responsabilidades y donde la rentabilidad de las empresas dependía de la calidad del servicio. El problema es que, a partir de la crisis de 2001, hubo un decreto de emergencia ferroviaria. El Estado quebró, no pudo pagar más subsidios, entonces hubo un acuerdo implícito con las empresas ferroviarias que el Estado daba lo que podía y a cambio de eso no preguntaba ni controlaba. El resultado de esto fue un total descontrol y total malversación de los fondos que el Estado podía darle a las empresas”.
Estado de situación actual
A nueve años de lo sucedido, la pregunta que muchos se hacen es: desde la Tragedia de Once al día de hoy, ¿se mejoraron las condiciones de los trenes? ¿Se reforzaron los controles de seguridad?
“Se intensificaron los controles evidentemente porque el resultado de Once generó cierto temor en los funcionarios y mostró la posibilidad cierta de que fueran presos si pasa algo”, asegura el historiador Wadell. “Esto, por el otro lado, tiene un costado negativo y es que a veces, por miedo a tomar decisiones, no se toman las decisiones que necesita el ferrocarril y esto complica el servicio”.
En septiembre pasado, la Corte Suprema confirmó las condenas. De los 21 condenados, hoy hay nueve en prisión, entre los que están Cirigliano, Jaime, Schiavi y Córdoba. Siete están bajo arresto domiciliario, por motivos de salud personal o por cuestiones familiares: entre ellos Julio De Vido. Otros cinco están en libertad.
La última noticia es que el bloque de Diputados del PRO presentó el 9 de febrero un proyecto de ley para indemnizar a las familias de las víctimas, hayan o no iniciado demandas contra el Estado Nacional, del mismo modo que con los familiares de víctimas del ARA San Juan.
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