Desde 1994, el 18 de julio es un día cargado de emoción para los argentinos: recordamos aquella fecha en la que la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue bombardeada, dejando 85 muertos y 300 heridos. Este año se cumplen 30 años de ese trágico atentado, años que pasaron sin una resolución sobre los responsables ni una condena justa.
Hace un mes el juez federal Ariel Lijo decidió declarar de acceso público un informe secreto elaborado en 2003 por la entonces SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia), que ya había sido desclasificado un tiempo atrás. Este documento sostiene que Irán ordenó a Hezbollah atentar contra la sede de AMIA en 1994 y especifica cómo habría sido la operación, según informa La Nación.
Titulado “Temática: A.M.I.A. La conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”, el documento era internamente conocido como “Informe Toma”, refiriéndose a Miguel Ángel Toma, el exjefe de la SIDE durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
En él se detalla la participación del iraní Mohsen Rabbani y sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil, que usó para preparar el ataque terrorista. También se investiga el paso del líder de Hezbollah Samuel El Reda, quien también fue partícipe activo en el atentado. En el pasado, este informe había sido utilizado por el fiscal Alberto Nisman en su acusación para sostener las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos.
Como este, hay otros informes que fueron desclasificados. En diálogo con RED/ACCIÓN, Gabriel Levinas, especialista en el caso AMIA y autor de dos libros que investigan el encubrimiento por parte del Estado argentino, explica que estos informes de inteligencia que se desclasifican sirven para comenzar una investigación. “A la justicia lo que le importa son las pruebas concretas, testimonios con nombre y apellido de personas que se han visto y escuchado de manera directa”, asegura.
Luego, agrega: “Los informes son útiles para encaminar una investigación hacia un lado, para verificar si algo es cierto. Pero no se puede condenar a nadie por un organismo de inteligencia. Para poder llegar a la responsabilidad primero tenés que tener la materialidad. Hoy todavía es discutible”.
Un ejemplo claro de esto se dio con el exembajador iraní Hadi Soleimanpour que, a partir de un informe de inteligencia, tenía alertas rojas. Cuando lo detuvieron en Inglaterra, el juez pidió las pruebas para poder evaluar su detención y su pena. Al ver que las acusaciones se basaban en este tipo de documentos, lo liberó. "Esto forma parte de de los fuegos de artificiales que viene tirando la justicia argentina para ocultar que en 30 años no resolvieron nada, para que creamos que se está haciendo algo", opina el experto.
Además, Levinas afirma que tampoco se puede confiar mucho en lo que informan los servicios de inteligencia, ya que muchas veces suelen hacer manejos políticos para saciar intereses. “Hay que discutir la posible veracidad que tienen estos documentos para incluirlos en un expediente y que sirvan para condenar a alguien de manera justa. Vos podés desclasificar la verdad o la mentira”, precisa Levinas.
Sobre este punto hay que poner especial atención, ya que la verdad sobre lo que pasó aquel 18 de julio fue encubierta por los responsables que tenían que averiguar qué fue lo que sucedió. A esto lo probó la justicia cuando procesó y condenó al juez federal Juan José Galeano, a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, a los comisarios Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios, al jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros.
“La conexión local nunca se investigó profundamente”, considera Levinas. “Lo único que se puede hacer hoy para encontrar justicia es perseguir a los encubridores y conseguir que alguno de ellos te explique a quién protegen y por qué. Las otras pruebas están todas perdidas, ya no existen, fueron borradas y nadie las custodió. Algo que no se resolvió en 30 años no se va a resolver ahora”, finaliza.
