En Argentina, el 48% de los niños, niñas y adolescentes viven por debajo de la línea de pobreza. Eso significa que los niños argentinos tienen el doble de probabilidad de ser pobres que los adultos. De hecho, millones de ellos dependen de programas de alimentación gratuita para poder subsistir.
Sin embargo, la pobreza infantil no solo se refleja en materia de ingresos. El trabajo infantil, la falta de acceso al sistema de salud y de educación, y el limitado acceso a la información son algunas de las otras inequidades que forman parte de este problema multidimensional que afecta a nuestra sociedad.
“Muchos de los indicadores que medimos no han mejorado en la última década, y eso es muy preocupante”, dice Ianina Tuñón, coordinadora de “(In)equidades en el ejercicio de los derechos de niñas y niños”, el informe anual del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina de la que se desprenden los datos. “En Argentina hay mucha normativa en torno a los derechos de los niños. Pero lo que está faltando es su efectivo cumplimiento”.
El 28 de septiembre de 2005, con el fin de asegurar el cumpliento de estos derechos, el Congreso Nacional sancionó una ley creando la figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La legislación establecía que el defensor debería ser designado dentro de los 90 días de sancionada la ley.
Hoy, a 13 años de esa fecha, Argentina todavía no tiene un defensor del niño. Su designación es potestad de una comisión bicameral de 10 senadores y diputados, que se conformó por primera vez en 2017. Recientes avances legislativos indican que este año podría ser, finalmente, el año en el que se salde esta deuda.
¿Qué es el defensor del niño?
Según la ley nacional de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la figura del defensor del niño tiene a su cargo “velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales”.
“Cuando hablamos del defensor del niño, parece que nos referimos a una sola persona. Pero en realidad es una institución que tiene que tener alcance federal, que tiene que lograr intervenir en todas las provincias para garantizar todos los derechos de la niñez”, explica Carmen Ryan, coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Estos derechos pueden ser colectivos (por ejemplo, el derecho de todos los niños a acceder a la alimentación y a servicios de salud) o individuales (por ejemplo, el derecho de un niño a su integridad física y psíquica).
“La figura del defensor del niño es única porque un niño legalmente no puede representarse a sí mismo, no puede ir a ver a un juez o hacer una denuncia en una comisaría si sus derechos se encuentran vulnerados. Necesita de una figura para poder velar por sus derechos”, indican desde Infancia en Deuda, una conjunto de organizaciones de sociedad civil que trabajan en la concientización de los derechos de los niños.
A pesar de la falta de un defensor a nivel nacional, hay provincias como Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero que cuentan con defensores provinciales.
En Santa Fe, por ejemplo la defensoría de niñas, niños y adolescentes cuenta con un sistema de denuncias a través de las cuales niños o adolescentes pueden alertar de casos de violencia física o psíquica a través de un número de teléfono o redes sociales, y recibir representación y apoyo de la defensoría. Además, desde el 2013, la defensoría cuenta con un observatorio de derechos junto con UNICEF, a través de los cuales construye y recolecta datos oficiales sobre niñez.
Pero a pesar de que estas defensorías hayan podido implementar mecanismos de control y monitoreo de los derechos de los niños a nivel provincial, también destacan la necesidad de tener una figura que las represente a nivel nacional.
En esa línea, Analía Colombo, defensora de niños de la provincia de Santa Fe desde 2012, sostiene que “es urgente que haya un defensor del niño a nivel nacional. Las mayorías de las leyes sobre los derechos de los niños son nacionales, y al ser un estado republicano y federal, esas cuestiones las tiene que pelear un defensor nacional. Ese hueco no lo podemos cubrir nosotros”.
Una deuda que lleva más de una década
La ley establece que la evaluación y designación del defensor del niño debe estar a cargo de una comisión bicameral, integrada por cinco diputados y cinco senadores, respetando la proporción en la representación política. Pero por más de una década, esta comisión nunca se formó.
“En general, hay mucha desidia y desinterés por los temas de infancia. Además, políticamente, se considera que la figura de los defensores son figuras opositoras. Pero en realidad, si se hace bien, deben ser figuras independientes que ayudan a un gobierno a cumplir con sus funciones”, declaran desde Infancia en Deuda.
En el 2014, un grupo de organizaciones presentó un amparo colectivo exhortando al poder legislativo a designar al defensor del niño. Finalmente, luego de que la justicia haya fallado a favor del amparo, se constituyó la comisión bicameral en 2017.
Los próximos pasos
Tras el recambio legislativo de diciembre, el nuevo parlamento debió constituir una nueva comisión bicameral este año para continuar el proceso de selección y nombramiento del defensor del niño. Esta nueva comisión se terminó de integrar el 29 de junio, y quedó con la siguiente conformación:
Representantes de la Cámara de Diputados:
- Samanta Acerenza - PRO, Buenos Aires
- Carla Carrizo - EVOLUCIÓN, C.A.B.A.
- Soledad Carrizo - UCR, Córdoba
- Verónica Mercado - FPV, Catamarca
- Florencia Peñaloza - PJ, San Juan
Representantes de la Cámara de Senadores:
- Gladys González - PRO, Buenos Aires
- Pamela Verasay - UCR, Mendoza
- Norma Durango - PJ, La Pampa
- Sigrid Kunath - PJ, Entre Ríos
- Anabel Sagasti - FPV-PJ, Mendoza
Hasta ahora, 68 candidatos se postularon a la convocatoria abierta en octubre. Los próximos pasos en el proceso de designación incluyen una instancia de examen escrito y otra de audiencia pública.
“En algún momento como sociedad tenemos que entender que las leyes no son barreras burocráticas, sino que son herramientas para garantizar nuestros derechos”, dice Susana Ciruzzi, abogada del Hospital Garrahan y una de las candidatas al puesto.
La comisión bicameral ya cuenta con un presupuesto asignado de $6.2 millones para este año, lo que se suma a los $50 millones asignados para la oficina del Defensor del Niño. En caso de que no se logre designar el defensor este año, el presupuesto quedará sin ejecutar.
“El defensor ya tiene el presupuesto asignado. Hoy en día podría estar trabajando”, reclaman desde Infancia en Deuda. “Está todo listo, no hay excusas. Lo único que falta es que avance el Congreso”.
