Los gobiernos en todo el mundo están implementando políticas monetarias y fiscales extremadamente expansivas para combatir las secuelas económicas de la pandemia de la COVID-19. Pero esa largueza es adecuada para una depresión de la vieja escuela, no para esta crisis por la salud pública.
Actualmente enfrentamos una disyuntiva entre el protocolo social y el colapso económico. Esto se debe a que gran parte de la actividad económica implica interacciones físicas entre la gente, como en el comercio minorista, los restaurantes, el turismo, el entretenimiento en vivo y la mayoría de los trabajos de oficina. Cuando aplicamos el distanciamiento social obligatorio, esa actividad se detiene abruptamente.
Peor aún, la COVID-19 es la primera pandemia que golpea a una economía mundial completamente integrada. La mayor parte de los bienes en la actualidad son producidos por las cadenas de aprovisionamiento mundial, donde las interacciones físicas en una ubicación están conectadas con interacciones físicas en otras. Cuando las interacciones físicas se detienen en un lugar, las secuelas económicas se sienten en muchos otros.
El mayor gasto gubernamental, menores impuestos y tasas de interés por el piso pueden ayudar a que la gente se mantenga a flote en el corto plazo, pero no estimulan la actividad productiva cuando no se puede trabajar. Tampoco implican necesariamente un refuerzo para el consumo al aumentar los ingresos de los nuevos desempleados, ya que la mayoría de las tiendas están cerradas y los servicios de entrega no logran satisfacer la explosión de la demanda.
El problema no es una caída generalizada de la demanda agregada, como ocurrió durante la Gran Depresión en la década de 1930, sino una drástica caída de la producción y el consumo de bienes y servicios que dependen de las interacciones físicas, combinada con un aumento semejante en la producción y el consumo de bienes y servicios que no requieren esas interacciones.
Por eso Amazon y Netflix experimentan una bonanza, pero los hoteles y restaurantes sufren una aguda crisis. De hecho, la pandemia ha causado un Gran Desequilibrio Económico: muchos sectores que dependen de los procesos existentes de producción y distribución están despidiendo trabajadores, mientras que otros no consiguen contratar los que necesitan.
Muchos gobiernos han anunciado medidas fiscales para mitigar el impacto económico de la pandemia, como pagar gran parte de los salarios de los trabajadores con licencia (como en el Reino Unido) o enviar a los contribuyentes un cheque de estímulo (como en Estados Unidos). Canadá, Dinamarca, Francia y otros países están pagando gran parte de los sueldos de las empresas, para que puedan seguir intactas.
Pero esas iniciativas buscan mantener los ingresos de empleos que han desaparecido, en vez de generar ingresos a partir de puestos de trabajo que aún no se han cubierto. Aunque las políticas de este tipo son adecuadas para combatir una depresión económica o cubrir una caída temporal de la demanda agregada, no solucionarán el Gran Desequilibrio Económico.
De hecho, sería irresponsable que los gobiernos formulen políticas basándose en el supuesto de que la actual pandemia es un evento temporal y único. Los responsables de las políticas no deben pensar que dar a los empleadores y empleados algún dinero para que se las arreglen hasta que regrese rápidamente la normalidad económica es suficiente.
Nadie sabe cuánto durará la pandemia. Si dura mucho, el Gran Desequilibrio Económico debería inducir a los gobiernos en todas partes a planificar un cambio estructural persistente. Apoyar los ingresos de empleos inexistentes dejará de ser una opción y ayudar a que la gente consiga nuevos trabajos deberá convertirse en algo primordial.
Si la pandemia es razonablemente corta, los gobiernos tendrán que asegurarse de que nunca más los sorprendan tan faltos de preparación como esta vez. Eso implica fortalecer la capacidad de recuperación de la economía ante los impactos de las pandemias, asegurándose de que la gente cuente con las habilidades necesarias para los nuevos trabajos.
Por lo tanto, independientemente de cuánto dure la pandemia, la organización de las actividades económicas deberá cambiar de manera fundamental. Pero, hasta ahora, los gobiernos no han estado a la altura del desafío.
Para entender el problema subyacente e identificar las políticas que lo solucionen, tenemos que desarrollar nuevas categorías de actividad económica. En especial, debemos dividir la producción y el consumo entre las actividades con interacción física (IF) y aquellas con desconexión física (DF).
La pandemia está reestructurando drásticamente las cadenas de aprovisionamiento mundial y el comportamiento de consumo en detrimento de las actividades con IF y en favor de las que tienen DF. Por ello, la principal tarea de los gobiernos no es compensar una caída de la demanda agregada, sino financiar los ajustes necesarios para superar el Gran Desequilibrio Económico.
No alcanza con brindar ingresos asistenciales a quienes no tienen empleo, los gobiernos también deben proporcionar bienes y servicios esenciales, como alimentos y atención médica, así como asistencia con DF para la salud mental y física. Actualmente, esta asistencia dista de estar garantizada en muchos países, lo que lleva a la ansiedad y la desesperación generalizadas.
Los servicios de empleo pueden desempeñar un papel fundamental identificando los empleos con DF de rápida proliferación y transmitiendo esa información a quienes se dedican a las actividades con IF. Los ministerios de finanzas y trabajo, mientras tanto, debieran subsidiar los costos de reubicación y capacitación.
Para fomentar el paso de los trabajadores de puestos con IF en extinción a otros con DF fácilmente disponibles, los gobiernos debieran subsidiar la contratación. Estos subsidios son muy superiores a las reducciones a los impuestos a las remuneraciones, cuyo objetivo es mantener los empleos viejos en vez de superar el desequilibrio.
Además, una pandemia es un mal público y las personas no pagan por todo el daño que causan a otros al transmitir el virus. Debido a que el sistema libre mercado no puede lidiar eficientemente con este problema, el gobierno debe financiar los análisis de laboratorio y los tratamientos. Esto es aceptado como una cuestión de rutina en algunos países (como Alemania y Corea del Sur), pero deplorablemente ignorado por otros (como EE. UU.).
Es cierto, subsidiar los costos de los ajustes generados por el Gran Desequilibrio Económico será caro. Pero los montos serán pequeños comparados con la suma que muchos gobiernos piensan gastar para responder a las secuelas económicas de la pandemia.
La consecuencia no es la caída de la demanda, sino el cambio abrupto en nuestras actividades de producción y consumo. En vez de aplicar desesperadamente soluciones antiguas a un problema nuevo los gobiernos deben ayudar a que las economías se ajusten a este cambio.
Dennis J. Snower, presidente de la Global Solutions Initiative, es profesor en la Escuela de Gobierno Hertie en Berlín, investigador sénior en la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, miembro no residente de la Brookings Institution y presidente emérito del Instituto Kiel para la Economía Mundial.
