La fiscal uruguaya Susana Rivadavia, adjunta de la fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, estaba en su despacho, en Montevideo, cuando el último 9 de mayo, al mediodía, se desvaneció irremediablemente. Murió rodeada de sus expedientes y de sus denuncias.
Esa fiscalía de tres funcionarias tenía (y tiene) unas 1.600 causas, de las que a ella le tocaban alrededor de 500. Era una tarea titánica, repleta de plazos y de trámites administrativos, y Rivadavia, como muchos otros fiscales uruguayos, estaba muy estresada. La titular de la fiscalía, Alba Corral, contó a la prensa uruguaya que estaban hablando sobre esta situación y, antes de caer, Rivadavia le dijo: “Nos tenemos que cuidar nosotros mismos, porque el sistema no nos cuida”.
En Japón la muerte por sobrecarga de trabajo es tan frecuente que existe una palabra para mencionarla: “karoshi”. Es sinónimo de corbatas, maletines, derrames cerebrales y ataques cardíacos, y el Ministerio de Sanidad la reconoció como un problema de salud pública en 1987, mucho antes de que nos acostumbremos a decir “workaholic” o “burnout”.
Pocos días después de la muerte de la fiscal uruguaya, en una triste coincidencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó al burnout en su Clasificación Internacional de Enfermedades: la define como un “síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no fue gestionado con éxito”. Ya en 2005 la Organización hablaba de una epidemia de estrés laboral y ahora caracteriza al burnout como agotamiento mental, emocional y físico.
La muerte de la fiscal Rivadavia impactó a sus colegas, que ya habían alzado la voz por la sobrecarga laboral en noviembre de 2017, cuando entró en vigencia un nuevo Código de Proceso Penal y el sistema dejó de ser escrito para ser oral. Desde entonces, el Poder Judicial uruguayo se encuentra dividido: los críticos de este nuevo Código dicen que no se puede hacer tantos procesos orales como antes sin aumentar el número de funcionarios, pero los que lo defienden explican que la modernización del sistema judicial era necesaria y que ahora hay más condenas efectivas.
Con el nuevo Código, además, se crearon fiscalías especializadas (como la de delitos sexuales en la que trabajaba Rivadavia) y se organizaron turnos que duran una semana, en las que se trabaja 24 horas cada día, incluso para las fiscalías especializadas. Según el diario El País, ésta fue una de las causas del shock de estrés de Rivadavia.
“El gremio está haciendo un informe respecto a cómo aumentaron las certificaciones médicas y cómo muchos fiscales que no tenían edad para jubilarse se fueron, huyendo del sistema y del volumen de trabajo”, dice la fiscal Cecilia Sosa, adjunta de una fiscalía de flagrancia (es decir, no especializada). “Continuamente, Susana Rivadavia quería hacer llegar al gremio y a las jerarquías de la fiscalía sus preocupaciones, porque no se daba abasto con la tarea, por más horas de trabajo que le pusiera: ella tenía temas sensibles, con declaraciones de bastantes horas, y tenía que estar yendo a las audiencias”. Al momento de ser redactada esta nota, el estado de WhatsApp de la fiscal Alba Corral, titular de la fiscalía de Delitos Sexuales y la jefa de Susana Rivadavia, era “Licencia MEDICA”. (Corral no respondió al contacto de RED/ACCIÓN).
La semana pasada, los fiscales uruguayos organizaron la primera huelga de 24 horas en la historia: lo decidieron en una asamblea, por 144 votos contra 4. Luego, el presidente Tabaré Vázquez recibió a la titular de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y le prometió que en diez días (que aún no se cumplen) volvería a convocarla para encontrar una solución al problema de la sobrecarga laboral.
“La sensación que tienen los fiscales”, dice Gustavo Zubía, quien renunció a su cargo de fiscal –luego de casi 40 años de servicio– a causa de su rechazo al nuevo Código, “es que están trabajando en una especie de noria, como un cobayo, dando vueltas alrededor de los mismos hechos, sin posibilidades reales de esclarecimiento porque cuando hay tanta sobrecarga, con bandejas con más de mil expedientes, las denuncias se tratan con cinco meses de demora y toda la prueba se hace humo”.
Zubía, que fue jefe de Susana Rivadavia en una fiscalía en Maldonado hace ocho años, dice que “desde adentro de las fiscalías es imposible hacer algo por cambiar todo esto” y ahora trabaja desde la política para reformar el Código, al que define como “una legislación absurda”.
El cambio más significativo del nuevo Código, según un comunicado oficial de la Presidencia a fines de octubre de 2017, es la adopción del procedimiento penal acusatorio, oral y público, en audiencias que son registradas y están a cargo de un juez. Esto significa, también, que los fiscales pasan a ser el motor de la investigación delictiva y Susana Rivadavia, como los demás fiscales, trabajaba en la instrucción de un caso y en el juicio.
También en 2017, el presidente de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, Jorge Chediak, llegó a pedir perdón por anticipado por los problemas que iba a ocasionar la puesta en marcha del nuevo Código. Y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció a El País que en la aplicación del nuevo sistema “se van a cometer errores que se irán corrigiendo, errores que obviamente se van a cometer de buena fe, porque un sistema no cambia de un día para el otro y somos seres humanos los que lo vamos a aplicar”. Los altos funcionarios no tenían en mente la muerte de una fiscal, pero de algún modo sabían que el futuro iba a ser complicado.
“Cuando arrancó el nuevo Código, nunca pensamos que se iba a trabajar en la forma en la que se está trabajando”, dice la fiscal Sosa. “Pensamos que, como reforma grande que era, iban a entrar muchísimos nuevos fiscales. Pero no: se siguió trabajando con la misma cantidad de fiscales y el trabajo cambió de forma impresionante”.
Ahora los fiscales no sólo hacen tareas jurídicas, sino también administrativas: llaman por teléfono a los testigos, toman interrogatorios, corren a las audiencias, avisan a la policía que lleve a los detenidos y gestionan datos en un sistema informático engorroso y lleno de formularios. “Hay que citar a los testigos e indagarlos en boxes que ya quedaron chicos en la fiscalía, por eso hoy se está indagando en las escaleras del edificio”, dice Zubia. “El sistema es una máquina de picar carne: carne de fiscales”
En la Argentina el tema no está en discusión, pero quizás debería: el exceso de trabajo es aún más grande que el de Uruguay. En una fiscalía de delitos de género de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajan un fiscal y cuatro empleados, hay 1.200 causas. En una fiscalía penal del primer cordón del conurbano bonaerense esa cifra puede crecer cinco veces. Sólo la semana pasada, los dos fiscales del turno penal del partido de San Martín recibieron mil casos nuevos. Y puede multiplicarse diez veces en un fuero de altísima conflictividad como el laboral.
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En Uruguay hay 341 fiscales, incluyendo adjuntos y auxiliares, pero según la Asociación de Magistrados Fiscales hace falta el doble. Oficialmente se ha pedido la creación de 194 nuevos cargos, pero todavía no hay novedades.
Las estadísticas son frías. En cambio, de Susana Rivadavia –una mujer de 54 años, divorciada y madre de una hija de 10 años, que había ingresado y ascendido por concurso, de quien sus compañeros dicen que era emotiva, afectiva y dedicada, que hablaba con prudencia y en voz baja pero que decía lo que había que decir, que se destacaba por su sagacidad en los análisis y que vivía con un sentido de la justicia muy pronunciado– ahora sólo queda su tragedia.
Conocé las estrategias de la Organización Mundial de la Salud para revertir el estrés laboral
