Los combustibles fósiles nos están encerrando en un mundo con altas emisiones de gases de efecto invernadero. En Argentina sus efectos son contundentes: en gran parte del país la temperatura subió entre 0,5 °C y 1 °C en los últimos 50 años. Si bien ya en 2009 los gobiernos del G20 se comprometieron a reducir los subsidios a los combustibles fósiles –y en 2015, en el Acuerdo de París ratificaron este camino– el camino es lento y lleno de avances y retrocesos. La asignación de fondos públicos para subsidiar ciertas industrias basadas en carbón, petróleo y gas, desmotiva la descarbonización y hace más lenta la transición hacía energía limpias para un desarrollo sostenible y equitativo.
Los subsidios a los combustibles fósiles también reducen la competitividad de las industrias de baja emisión de carbono, y desalientan la inversión en energías renovables y eficiencia energética ¿Acaso los contribuyentes son conscientes que el dinero se usa para subsidiar el desarrollo no sostenible?
“Actualmente, en las negociaciones internacionales se habla de la importancia de reducir los subsidios a combustibles fósiles ineficientes. El problema es que nadie definió el alcance de la ineficiencia y cada país lo usa de acuerdo a los parámetros que le conviene”, señala María Marta Di Paola, directora de investigación en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
A pesar de todo, en un informe elaborado por The International Institute for Sustainable Development, cuyo capítulo argentino fue desarrollado por FARN, se observa que algunos gobiernos avanzaron en su decisión de retirar al menos una parte de los subsidios a los combustibles fósiles e incrementaron su carga tributaria. Los especialistas acuerdan que las estrategias son variadas, pero lo más importante es sostener estas reformas en el tiempo.
Este tipo de reformas deben encararse de manera tal que se proteja a los grupos más desfavorecidos. Es decir, se debe garantizar el acceso a la energía a aquellos consumidores de barrios populares. Además, debe considerarse una transición justa de la fuerza laboral de una matriz a otra.
Por otro lado, cuando se decide incrementar los impuestos a los combustibles fósiles para generar un margen fiscal hay que redefinir bien cómo se asignarán esos ingresos extra. Por ejemplo, si uno piensa en sostenibilidad sería interesante que ese dinero pueda invertirse en salud publica, educación, infraestructura resiliente de baja emisión de carbono y en energías renovables. Los países están perdiendo una oportunidad cuando no se destina a cuestiones sociales o ambientales el ahorro proveniente de la quita de subsidios a los combustibles fósiles.
Argentina: quita subsidios al petróleo, pero los aumenta para el gas
En 2017, Argentina redujo incentivos económicos a los productores petroleros generando un ahorró de US$ 780 millones, según un cálculo que hizo FARN. Este monto, que representa el 0,20 % del PBI, podría haberse utilizado para construir 2700 jardines de infantes, cubrir las jubilaciones de 3 millones de personas o pagar más de 16 millones de asignaciones universales por hijo.
“En el país, la reducción de los subsidios respondió a un recorte presupuestario, no a una política ambiental, por eso el dinero que no se destinó al petróleo, no viró a las renovables”, opina Di Paola.
En paralelo, el país tiene como objetivo que para 2025 el 20% de su energía provenga de fuentes renovables. En abril de este año, sólo 5,7% de la energía provino de fuentes limpias.
En la Argentina la discusión sobre los subsidios a la energía fósil está fuertemente vincula al caso Vaca Muerta, formación geológica de Shale situada en la cuenca neuquina. “Hay una tendencia creciente al subsidio del gas. El esquema de incentivos se planteó entre 2018 y 2021. No sabemos qué va a pasar después de las elecciones”, comenta Di Paola.
En este sentido, es difícil pensar en quitar los subsidios relacionados con Vaca Muerta porque se creó una idea entre la opinión pública de que el yacimiento puede ser el salvador de la economía. Para reorientar los fondos públicos, primero habría que tomar conciencia de los impactos a nivel social y ambiental que puede producir la explotación de combustibles fósiles.
El Plan Gas (directamente vinculado a Vaca Muerta) fue ganando importancia en los últimos años. El objetivo de este programa es subsidiar el gas nuevo, es decir la oferta incremental de gas no convencional. El Estado Nacional garantiza a los productores de gas elegibles un precio de 7,50 US$/MMBTU en 2018, que será decreciente cada año (perderá 50 centavos de dólar por año) hasta llegar a 6 US$/MMBTU en 2021, el último año del plan.
“Argentina tiene una cultura muy dependiente del gas natural y el gobierno transmitió el mensaje de que las tarifas ya no van a aumentar, pero estos subsidios al consumo no ayudan a las renovables. ¿Quién invertiría en un panel solar si las tarifas permanecen como están?”, comenta Juan Bosch, consultor y presidente de Saesa, una de las mayoristas de gas.
“Hay que analizar las estrategias de cada país de acuerdo a su contexto. En el marco del G20, el gas fue presentado como un producto de transición. Para aquellos países como India o China, que tienen gran parte de su matriz energética basada en carbono, el cual provoca las mayores emisiones en el rubro de energía, dar el salto hacia el gas es positivo. En el caso argentino, que ya se basa en petróleo y gas, es necesario dirigirse a las renovables”, señala Di Paola.
Bosch opina que Vaca Muerta tiene un programa de incentivos acotado y señala que eso se ve claramente en la demanda que realizó Techint esta semana. Tecpetrol, firma perteneciente a Techint, hace pocos días presentó una demanda contra el Estado por $ 2500 millones, según informó a la Comisión Nacional de Valores. La controversia judicial responde a la interpretación de la Resolución 46/2017 por la que el Estado se comprometió a subsidiar el precio del gas. Mientras que la empresa reclama el subsidio para toda la producción de gas de los proyectos que entraron en el programa de incentivo fiscal, el Gobierno solo reconoce aplicar el subsidio al volumen declarado originalmente.
Si se piensa en una transición justa en Argentina, el esfuerzo que hay que hacer no es para nada despreciable. “Hay provincias, como Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, entre otras, que viven de la producción de gas y petróleo. No se puede reemplazar la matriz de la noche a la mañana. Hay que cuidar a las personas”, comenta Bosch.
Indonesia: sensibilizar al pueblo para reformar el uso de fondos públicos
Indonesia es uno de los países que puso fin al subsidio de energías fósiles. Este país pudo ahorrar US$ 15.600 millones mediante la reforma de subsidios no focalizados para la gasolina y el diésel en 2015. Esta iniciativa requirió una sólida voluntad política para mantener reformas en un momento en que los precios mundiales de petróleo se veían en aumento.
El ahorro se reinvirtió en seguros de salud, viviendas para grupos vulnerables, acceso a agua potable e infraestructura. Simultaneamente el gobierno lanzó un esquema de asistencia social focalizada, mediante tarjetas inteligentes, para proteger a los grupos más vulnerables.
Un impulsor clave de la reforma fue el presidente Joko Widodo, que decidió romper con el paradigma precedente y prometió cambios en los subsidios en su campaña electoral. Esto también fue posible por un sutil cambio en la opinión pública, después de años de campañas de sensibilización sobre el problema de los subsidios.
Europa: el desafío de reconvertir a 240.000 trabajadores
Otro caso interesante para observar es el de la Unión Europea (UE), que se comprometió a reducir gradualmente para el año 2020 los subsidios perjudiciales para el medioambiente, incluidos aquellos destinados al consumo y la producción de combustibles fósiles. En 2018 la UE también aceleró la reducción de subsidios para la minería de carbón, y utilizó una parte del esos ahorros para facilitar la transición de la fuerza laboral y las comunidades actualmente involucradas en la producción de combustibles fósiles.
En Alemania, República Checa y España, el 75-99% de los subsidios que se destinaba al carbón se reasignó a la implementación de una transición justa para los trabajadores y las comunidades, y al desmantelamiento y la remediación de los sitios afectados por la minería. El carbón es el combustible más abundante en la UE y da trabajo a 240.000 trabajadores.
A pesar de este avance, la UE continúa otorgando diversos tipos de subsidios y de financiación pública a la producción y el consumo de combustibles fósiles, tanto en su territorio como en el exterior. Por este motivo, corre el riesgo de no cumplir con la fecha límite para completar el retiro gradual de subsidios.
China: quien contamina, lo paga
La estrategia de China consistió en focalizar los esfuerzos por incrementar los impuestos al valor agregado y otros impuestos al consumo de energía con base en combustibles fósiles. Los ingresos fiscales generados por los recargos a la electricidad se asignaron al respaldo de la implementación de energías limpias.
Los principales objetivos de la política de aumento de los impuestos sobre el consumo de combustibles fósiles tiene que ver con la necesidad de aumentar ingresos y aplicar el principio “quien contamina, paga”. Fue así como China introdujo el impuesto sobre la electricidad para financiar un cambio estructural en el sector.
