El especialista en derecho internacional y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, Alejandro Chehtman, analiza la crisis en Venezuela y cree que “la salida es trabajar con países de la región como México, Uruguay y Cuba”. Advierte que si crecen los enfrentamientos armados “no está claro cuál sería la respuesta de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos”. A pesar de que le parece acertada relativiza la utilidad del pronunciamiento del gobierno Argentino porque opina que “las posiciones públicas que consideran que una de las partes tiene toda la razón y la otra nada no son especialmente útiles”.
–De acuerdo al derecho internacional y a las normas de política exterior, ¿la Argentina, como Estado, tiene que emitir algún pronunciamiento oficial?
–En principio la Argentina no tiene ningún deber jurídico de pronunciarse. Cada Estado tiene el derecho de expresar o no sus puntos de vista sobre la situación en Venezuela. En este caso en particular, la Argentina ya ha reconocido a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela. Esto no es un mero pronunciamiento político sino un acto que constituye relaciones jurídicas entre un gobierno extranjero y la Argentina. El reconocimiento de gobiernos también es una práctica discrecional de los Estados, y por consiguiente cada Estado puede expresarse o no según su propia percepción de la situación.
–¿Qué impacto tiene un reconocimiento de esa naturaleza?
–Este tipo de reconocimiento debe realizarse con suma cautela ya que podría constituir una injerencia prohibida en los asuntos internos de otro Estado. En la situación en Venezuela, debido a la profunda crisis humanitaria y política que se está viviendo, y a los genuinos desacuerdos constitucionales que imperan, no parece desacertada la posición del gobierno argentino. Especialmente debido a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones gravísimas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. Sin embargo, la Argentina, así como los demás actores relevantes de la comunidad internacional que han tomado posición sobre Venezuela, debería actuar con suma cautela para no empeorar la situación de los derechos humanos en ese país. Todo aumento de la violencia tendrá seguramente consecuencias desastrosas para la población.
–¿Qué salida a la crisis debería o podría alentar la Argentina?
–Parecería que la salida por la que la Argentina tiene, y debe trabajar, es el llamado a nuevas elecciones, con supervisión activa por parte de la comunidad internacional. O alguna otra salida negociada y pacífica a la crisis.
–¿Qué es lo que técnicamente está pasando en Venezuela? ¿Es el inicio de una guerra civil? ¿Es un golpe de estado?
–La información sobre lo que está ocurriendo en este momento es incompleta, de modo que mi respuesta sólo puede ser aproximativa. Existe desde hace algunos meses un desacuerdo a nivel jurídico acerca de quién ejerce el gobierno de Venezuela. Afortunadamente todavía no estamos frente a una guerra civil. Tampoco me parece útil hablar de golpe de estado, puesto que hay desacuerdos profundos acerca de qué constituye ruptura con el orden constitucional en ese país. Tanto Maduro como Guaidó se consideran legítimos gobernantes. En los hechos, Maduro ha logrado mantener el apoyo de un número suficiente de integrantes del ejército y las fuerzas de seguridad que le permiten de facto ejercer el gobierno en el territorio de Venezuela. Algunos Estados importantes, como Rusia y China, y actores relevantes en la situación, como Cuba, también han brindado su apoyo al régimen de Maduro. Para una parte importante de la ciudadanía venezolana, así como para otra parte importante de la comunidad internacional, entre la que están los Estados Unidos, la Unión Europea, y la Argentina, entre muchos otros, el gobierno de Venezuela lo ejerce Guaidó.
–Sin un consenso interno ni externo, la salida pacífica parece compleja.
–El problema es que no hay ningún mecanismo institucional para resolver este desacuerdo. El riesgo es entonces que se desencadenen enfrentamientos armados y, de ocurrir eso, no está claro cuál sería la respuesta de la comunidad internacional, en particular de los Estados Unidos. En este momento, la clave parece ser procurar que la violencia no escale y trabajar fuertemente con los demás países de la región, especialmente México, Uruguay y Cuba, para buscar una salida no violenta a la crisis. Esta salida seguramente conlleve un llamado a elecciones, pero esto posiblemente no sea suficiente. Para que este proceso llegue a buen puerto parecería que además de poner presión sobre el régimen de Maduro, el que actualmente controla de facto el país, habría que dar a aliados clave una salida que puedan aceptar. Ya sea a Maduro, a parte importante de su espacio político, o a los encargados de mantener la seguridad. Cualquiera de estas opciones tendrá costos políticos y sociales serios, pero es imperativo evitar un aumento de la violencia.
–A título personal, ¿cree que el presidente Mauricio Macri debería referirse al tema de manera pública?
–Es importante que el presidente Macri, como los principales referentes de la oposición, trabaje por resolver la crisis de manera pacífica. El gobierno argentino ya ha hecho pública su posición en favor de Guaidó. Si bien hay buenas razones para defender esta decisión, creo que eso le hace más difícil poder arbitrar entre las fuerzas que pugnan en Venezuela. En definitiva, yo temo que el presidente al realizar declaraciones priorice el impacto que éstas tendrán entre el electorado argentino con miras a la discusión electoral interna que la búsqueda constructiva de una solución pacífica en Venezuela. Esas son, lamentablemente, las reglas de la política.
–En el mismo sentido, ¿cómo deberían actuar los referentes de la oposición?
–Sobre esto tengo una visión parecida. Las posiciones públicas que consideran que una de las partes tiene toda la razón y la otra nada no son especialmente útiles. Creo que la oposición también tendría que trabajar por favorecer una salida negociada, aunque su punto de partida esté basado en el principio de no intervención en los asuntos internos. El actual statu quo es peligroso y claramente inestable. En estas condiciones la vida de los y las venezolanas sólo empeorará. El problema es que la oposición probablemente también utilice este contexto para dejar clara su agenda en materia geopolítica mirando más al electorado argentino que a la situación de los y las venezolanas.
–Desde el punto de vista humanitario, ¿qué vías de cooperación puede ofrecer la Argentina?
–En este momento, la Argentina, así como los demás países de la región, parecen haberse quedado sin ideas acerca de cómo intervenir en Venezuela para paliar la grave crisis humanitaria que se está viviendo allí así como el enfrentamiento político. La solución elegida por la mayoría parece ser seguir poniendo presión sobre el régimen de Maduro y, especialmente sobre sus apoyos militares y en las fuerzas de seguridad. Hasta ahora eso no ha dado resultado. El punto es que en la medida en que se busque un quiebre en lugar de una salida negociada, podría generarse una situación de mayor violencia. De nuevo, creo que la salida es trabajar con países de la región como México, Uruguay y Cuba, y procurar brindar una salida políticamente viable pero garantizando que la violencia no escale.
