Más allá de la convocatoria a un nuevo paro por parte del sindicalista Hugo Moyano y las dos CTA, ¿cuántos días de trabajo se pierden al año por huelgas? La respuesta impacta y marca un récord: en promedio cada día 33.625 empleados se suman a un paro, según datos oficiales de 2018. Las razones de semejante nivel de conflictividad son igual de preocupantes: actualmente se pierden 21.000 empleos por mes y, ajustados por la inflación, los salarios bajaron un 15% en el último año, siempre según cifras oficiales.
En el país hay 12 millones de empleados registrados o “en blanco”, como se suele decir. El año pasado, 1 de cada 10 de esos trabajadores se sumó a algún reclamo y estuvo de huelga. Es decir, 1,3 millones de trabajadores se plegaron a un paro, según registros del Ministerio de la Producción y Trabajo.
El reporte expone que en promedio, cada trabajador se sumó a 9 días de huelga. Es así como se llega al récord de la medición, que se hace desde hace 13 años: en 2018 se perdieron 12.273.466 jornadas de trabajo.
Para Eduardo Levy Yeyati, doctor en economía y decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, las cifras marcan una gran confrontación: “A priori indica un nivel de conflictividad alto, lo que conspira contra las reformas laborales necesarias para paliar los problemas de empleo, que, como en otros países, son ejercicios de negociación y cooperación tripartitos, o sea entre trabajadores, empresas y Estado”.
Yeyati advierte que a los conflictos con paro “habría que medirlos en términos porcentuales y distinguir entre empleados públicos y privados”. En ese sentido, las diferencias son contundentes: el 89% de las jornadas de paro fueron en el ámbito estatal, ya sea nacional, provincial o municipal. Ese sector emplea a 3.140.000 personas.
“Los trabajadores estatales tienen una representación gremial más concentrada y mejor cobertura sindical. En el sector privado, el auxilio gremial llega con mayor demora. Por eso, muchas veces los trabajadores del sector privado en lugar de hacer paros se organizan para realizar una toma o cortar la calle”, analiza el sociólogo Leandro Gielis, investigador del Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento.
Hasta ahora, Mauricio Macri enfrentó cuatro paros generales, a razón de uno cada 10 meses. Eso ubica su gestión en un mayor nivel de conflictividad laboral que en las gestiones de Néstor Kirchner (1 paro en 55 meses), Cristina Kirchner (1 cada 19 meses) y Carlos Menem (1 cada 16 meses).
Sin embargo, Macri atraviesa menor confrontación con las centrales de trabajadores que Eduardo Duhalde (1 paro cada 5 meses), Raúl Alfonsín (1 cada 5 meses) y Fernando de la Rúa (1 cada 3 meses). Pero el registro del total de conflictos laborales con paro –sean generales, por sector o en una empresa puntual– empieza en 2006, por lo que es imposible saber las jornadas perdidas en esos años.
La pérdida de empleos como principal argumento para las huelgas
El país tiene 12.092.100 trabajadores registrados, medidos a febrero de este año. Son 252.500 menos que en el mismo mes de 2018, lo que representa una pérdida del 2% del total de los puestos de trabajo. Si se lo compara con las cifras de febrero de 2017, son 3.800 empleos menos. Y eso ocurre mientras el Indec estima que entre 2017 y 2019 la población creció en un 2%.
Para tener al menos un indicador de cómo la pérdida de empleos enciende la mayoría de los paros, sirve citar el último informe sobre conflictos socioeconómicos del Observatorio del Conurbano Bonaerense. Relevaron las protestas laborales en el Gran Buenos Aires durante los primeros seis meses de 2018 y llegaron a la conclusión de que en el 63% de los casos eran como consecuencia de despidos.
Durante todo 2018, el grueso de los puestos de trabajo se perdieron esencialmente en tres sectores: la industria (explica uno de cada cuatro empleos perdidos), el comercio y el transporte.
“Mi impresión es que la caída esta vez es mucho menor que en 2001, porque el ajuste se da sobre todo en el salario, aunque es mayor que la de 2009, porque no hay recursos fiscales para atemperar la recesión. A todo esto debe sumarse una dificultad de la Argentina para generar empleo formal que viene de hace varios años. Esto último incide sobre otra dimensión laboral que creo es crucial para describir la situación del empleo: desde hace varios años el crecimiento del empleo registrado es de independientes, como motrobutistas o empleados domésticos, empleos generalmente más precarios”, señala Levy Yeyati.
En la misma línea opina Daniel Schteingart, doctor en Sociología por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín: “La situación del empleo es muy preocupante. Además de haber una pérdida de empleo, también hay un deterioro de la calidad del empleo, ya que el mejor indicador para evaluarlo es ver cómo evoluciona el empleo en el sector privado, sin contar a los monotributistas y autónomos. Y con poco más de 6,1 millones de empleos en ese sector específico, Argentina se encuentra en niveles de 2013 o de 2009, si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional”.
Efectivamente, de los 252.500 puestos que se perdieron, 159.400 (63%) fueron del sector privado al que hace referencia Schteingart.
Tres rubros sumaron empleos, pero a baja escala
En cambio, hay tres rubros que mostraron una expansión: el de minas y canteras, que sumó 5.500 trabajadores, principalmente porque abarca al sector petrolero. El empleo en la actividad agrícola y ganadera también creció en 1.600 puestos, mientras que la enseñanza incorporó a 4.600 trabajadores.
“Estos reacomodamientos no son nuevos. La industria viene perdiendo participación en el empleo formal desde hace décadas (como lo hace en el resto del mundo). Y los servicios de enseñanza, así como las actividades de salud y cuidados, deberían ganar terreno. Es precisamente este desplazamiento, más que la mera sustitución tecnológica, lo que genera tensiones en el mundo laboral, porque es difícil reentrenar a los trabajadores de los sectores que pierden empleo para ocuparlos en los sectores que lo ganan. La reconversión laboral suena bien en el papel, pero suele ser esquiva en la realidad”, analiza Yeyati.
Si se analiza el retroceso del empleo según cada provincia, aparecen algunas particularidades. Tierra del Fuego, Catamarca, Chaco y Formosa son las que más puestos perdieron. Las tres provincias del Norte son al mismo tiempo las que tienen las cifras de pobreza más altas del país, de entre el 34% y el 40%.
Mientras que Neuquén, La Rioja y Santa Cruz sumaron puestos de trabajo. La provincia neuquina lo logró principalmente por los empleos que está generando la explotación en Vaca Muerta.
El ajuste de salarios también enciende conflictos
Otro factor determinante al momento de desatar conflictos laborales son las discusiones salariales, sobre todo cuando la inflación está tan lejos de ser controlada y erosiona la capacidad adquisitiva de los salarios.
El último "Reporte del trabajo registrado" hecho por el Ministerio de Producción y Trabajo fue publicado el 25 de abril pasado y señala que la “remuneración media” en el sector privado fue en febrero de 2019 de $29.617, un 36,2% más que en ese mismo mes del año pasado.
Sin embargo esa suba no compensa la inflación. En ese mismo período, el Indec estimó un 51,3% de inflación. En resumen, los trabajadores perdieron en promedio 15 puntos porcentuales de poder adquisitivo.
El mismo informe del Observatorio del Conurbano Bonaerense detalla que la “readecuación salarial” explica al 13,9% de las protestas laborales en el Gran Buenos Aires.
Concentraciones, movilizaciones y cortes, las alternativas al paro
Lógicamente, no todos los conflictos laborales desencadenan un paro. El Ministerio de Producción y Trabajo releva también las otras formas de protesta laboral en el sector privado. En el último balance, cuenta 3006 conflictos entre enero de 2014 y septiembre de 2018.
Ese trabajo expone que la mitad de esos reclamos se llevaron adelante mediante concentraciones y movilizaciones. Mientras que un 18% se hizo a través de un corte de calle o avenida. Más lejos quedaron los bloqueos de accesos a empresas, tomas de plantas o quites de colaboraciones.
Entre enero y septiembre de 2018, hubo un promedio de 51 reclamos laborales bajo estas modalidades. Parece un número alto, pero está por debajo de los 56 reclamos mensuales de 2017, el año de la gestión de Macri que tuvo mejores indicadores económicos.
Leandro Gielis, del Observatorio del Conurbano Bonaerense, tiene un hipótesis respecto a este tema: “Los años de crisis no necesariamente traen más días de paro o protesta. Porque cuanto peor es la situación laboral no necesariamente va a ser más fuerte la lucha de los trabajadores. Incluso puede disminuir. Una hipótesis de trabajo sería la de analizar si el desempleo y los despidos son o no un disciplinador social”.
