La máquina de la corrupción
Natalia Volosin
Aguilar
Uno (mi comentario)
El anaquel reservado a la temática Corrupción en la gran biblioteca argentina no es todo lo ancho que debiera para erigirse en una tierra del hemisferio sur que cosecha y siembra chanchullos desde la época colonial. Lo publicado hasta hora –de manera más frecuente desde los 90- dio cuenta de (los muchos) ilícitos ya descubiertos y, en menor medida, lo abordó desde la filosofía o el derecho. Muy pocos trabajos buscaron elucubrar y proponer cómo evitar que entre la mano en lata, más que abjurar de los que la metieron.
El trabajo de la joven abogada Natalia Volosin (1981) -cuya génesis fue una tesis doctoral- tiene como primer y gran mérito que acomete el tema desde casi todos los aspectos y antepone el análisis del por qué antes que puntualizar quién/ quienes. Denunciar fue lo que el periodismo y las editoriales vernáculas facturaron en las últimas décadas mientras creían indignar a una audiencia no siempre ávida de conocer lo que por momentos parecen malas novelas/series porque le preocupa más pagar cuentas y parar la olla.
El segundo buen tino del libro de Volosin es que sugiere que es "mejor prevenir que currar" y lista 20 decisiones bien concretas que trascienden los bordes escarpados de la grieta, partidismos y poderes del Estado. Es notable que varias de las recomendaciones sean leyes ya sancionadas que nunca se cumplieron, se implementaron mal o de manera distorsionada.
Lo tercero destacable es que la publicación traza una historia de ilícitos desde el virreinato hasta la época actual y demuestra que lo que se postuló como "la máquina de la corrupción" se perfeccionó y agrandó en los últimos dos siglos.
La autora, sin embargo, no siempre es pareja al pincelar los hechos; habla de expedientes todavía en trámite (con el riesgo de que la resolución desactualice el texto) o que fueron cerrados sin que ella explique o aventure el motivo Eso queda a especulación del lector, aunque no es difícil imaginar si se recuerda que menciona que las investigaciones judiciales demoran promedio 15 años, tardan una década en llegar a juicio y el 2% recibe condena. En algunos casos –en los que no hay sentencia definitiva- da por sentada la responsabilidad de los acusados y hasta llega a calificar de cleptocracia una administración reciente, aunque luego deja caer una presunción.
También puede generar ruido que el tono de la escritura subraye lo escandaloso, adjetive o apele a cierto arrogancia o ironías más efectistas en redes sociales que en un libro, como calificar de afiebrado a un periodista o minimizar el trabajo de otro de gran producción sobre el tema.
Al libro tal vez le falte –o no fue incluido por una decisión del autor o editorial- un abordaje que profundice en la responsabilidad del sector privado en los ilícitos. Y también dimensionar más el interés de la sociedad acerca de la corrupción, que oscila según la realidad económica y el humor social y también en la forma en que se comunican los hechos y efectos de la corrupción que a veces mata en trenes o rutas pero todos los días genera exclusión social.
Dos (la selección)
“La gran corrupción federal se alimenta de los déficits democráticos del país –y viceversa-, lo que afecta por igual al sector público y al privado. En este marco de debilidad estructurales florecen las oportunidades de corrupción y se reducen los incentivos y las capacidades de distintos actores para controlarla”.
Tres
“El sistema penal tiene tantas posibilidades de atacar la máquina de la corrupción argentina como la revolución moralista de (Mariano) Grondona o el nacimiento de la Republiquita de (Elisa) Carrió. Esto es así no solo porque la corrupción es particularmente difícil de probar debido a su naturaleza clandestina, o porque los abogados defensores son expertos en dilatar los procesos o porque algunos jueces y fiscales son corruptos. Todo esto es cierto y, desde ya, contribuye al pesimismo de quienes creen que la situación no tiene arreglo porque las denuncias penales ‘no llegan a nada’”.
Cuatro
“El limitado acceso al mercado, la inestabilidad política, la ausencia de un sistema razonable de frenos y contrapesos, el corporativismo y el autoritarismo deben pensarse como fuentes tanto del desarrollo inverso como de la corrupción. Ello no debería sorprender, pues la literatura especializada indica, en teoría y en aplicaciones práctica al caso argentino, que la corrupción y el desarrollo están íntimamente vinculados”.
Cinco
“Los diez años de gobierno de Menem estuvieron marcados por la extrema concentración del poder que produce el hiperpresidencialismo. Después de 179 años de un arraigado sistema de captura de Estado, solo interrumpido por el interregno cleptocrático de Rosas y los caudillos – y por los fallidos esfuerzos de Alfonsín para restringir el corporativismo-, el nuevo presidente puso la máquina de la corrupción a funcionar en el modo de monopolio bilateral. En esta tipología, los poderosos intereses privados logran resistir algunas demandas de corrupción y todavía ejercer su poder sobre el Estado –como en los sistema de captura-, pero este se organiza especialmente para cobrar sobornos y, como en un monopolio bilateral, el empresario y el político comparten las posibilidades de extraer rentas ilegales, de manera que el tamaño total de la torta y el modo en que se la distribuyen dependen de la fuerza de cada uno”.
Seis
“La Comisión Nacional de Ética Pública creada por ley en 1999 no fue formalmente eliminada, pero sí olvidada por completo. Desde entonces, la política anticorrupción y el control del Poder Ejecutivo pasaron a depender de la OA, un organismo que carece de independencia presupuestaria y administrativa y cuyo titular es designado por decisión exclusiva del presidente con el ministro de Justicia”.
Siete
"Al igual que los caudillos del siglo XIX, los Kirchner acercaron la máquina de la corrupción al tipo cleptocrático, aunque de una manera más sutil. Mucho había cambiado 151 años más tarde, incluyendo la existencia de algunos –débiles- límites constitucionales al poder de turno. La tendencia cleptocrática de los Kirchner fue entonces matizada por algunas limitaciones institucionales. A diferencia de los caudillos, por ejemplo, no fueron dueños directos de las empresas privadas a las que favorecieron desde sus cargos, sino que usaron intermediarios”.
Diego Igal es periodista, investigador, escritor-editor y docente.
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