La libertad de expresión presupone el correlato de la seguridad; difícilmente tengamos una prensa realmente libre en condiciones de riesgo personal del periodista o de amenazas contra el medio. En Argentina, este presupuesto no está garantizado por igual para todos. Muchos periodistas tienen su seguridad amenazada. El año electoral que comienza abre interrogantes en relación a este punto. A los desafíos naturales de la profesión, coberturas especiales y rapidez de reflejos, este año le suma el estado de alerta ante riesgos por la seguridad personal del periodista o del medio. Así lo indica el nuevo informe del Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, presentado esta semana en Buenos Aires. Contiene el relevamiento de casos ocurridos en 2018 y referencias a los 10 años cumplidos de esta labor de registro y de posicionamientos ante los hechos. Intimidaciones, ataques físicos y psicológicos, amenazas, escuchas, espionaje, ciberataques, hostigamiento judicial son parte de la lista concreta de agresiones que se registran contra la prensa en Argentina.
Por su gravedad institucional, el dato descollante es el que revela al Estado como el principal agresor contra la prensa en nuestro país. Una tendencia que se mantiene desde hace varios años. En el rubro “Estado”, el informe involucra los ataques perpetrados u ordenados por funcionarios nacionales, provinciales o municipales; legisladores, magistrados y otros integrantes de la Justicia; Policía y fuerzas de seguridad; servicios de inteligencia; jefes de prensa de funcionarios. En un 24%, durante 2018, las agresiones a la prensa y las intimidaciones provinieron del Estado.
Pero hay más. Si al origen estatal le sumamos el origen político en general, la cifra llega al 48% de los ataques. Léase: agresiones y hostigamientos procedentes de activistas y manifestantes políticos (20%), sindicales (2%) y dirigentes partidarios (2%).
Esta fotografía de la realidad abre interrogantes de cara a este 2019. Cuando los datos revelan que casi el 50% de los ataques provienen del mundo relacionado con el poder político, la pregunta que sigue es: qué deparará un año donde el escenario electoral tensará al máximo los ánimos políticos. El primer trimestre del año adelanta indicios, con las denuncias aparecidas en torno al caso D’Alessio, citatorios e investigaciones judiciales a periodistas.
El hostigamiento es la estrategia más elegida. Como novedad, aparecieron en los dos últimos años ciberataques contra medios y hubo una rotación del sector periodístico más afectado por las agresiones: de los periodistas de radio pasó a los periodistas de televisión.
Otro de los datos que se destacan en el informe es el referido a las agresiones contra periodistas mujeres: en 2018, aumentaron en un 58%. Con un dato nuevo: quedó registrado por primera vez en la historia del Monitoreo una denuncia por violencia de género. En Misiones, el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, pidió mediante un mensaje de audio a sus partidarios que “alguno de los hombres que estén solteros” abuse sexualmente de la periodista Norma Devecchi, corresponsal en Iguazú del diario “El Territorio” de Posadas.
Este monitoreo de FOPEA acaba de cumplir 10 años. El número total de casos relevados en ese tiempo es 1.394, con un promedio de 140 al año, 11 casos al mes, 1 ataque cada 3 días. En 2018, la tendencia sin embargo se mostró bajante: fue el año con menor número de casos denunciados.
Si vamos a los métodos de apriete o ataque, y si tomamos nota exclusivamente de las agresiones perpetrados por actores del mundo político y estatal en los últimos 4 años, encontramos espionaje, escuchas, acusación de propagar supuestas “noticias falsas”, campañas de desprestigio, confección de listas, periodistas fichados por servicios de inteligencia, ataques durante manifestaciones, destrozos de equipos de trabajo, amenazas de muerte, amenazas de bomba en estudios de televisión, casquillos vacíos en la puerta del periodista, cartas intimidatorias, ingreso violento de militantes al medio, incendios, golpiza a periodistas, robos (contra el domicilio, el auto, la persona), amenazas telefónicas, roturas a la propiedad, baja de anunciantes…
Y una metodología reiterada: hostigamiento judicial, citatorios y allanamientos en busca de información relacionada con personajes ligados a la política o con legisladores y funcionarios, censura judicial, detención ilegítima de periodistas durante manifestaciones, campañas de desprestigio a través de redes sociales o de medios tradicionales, acoso en internet, descrédito, desgaste, acusaciones de generar “noticias falsas” o fomentar hechos de violencia.
Un ataque nunca es “un” ataque ni afecta a una sola persona. El periodista tiene un círculo íntimo, otro más grande de familiares y allegados, el medio periodístico también se ve perjudicado, las onda expansiva crece como advertencia hacia colegas, trabajadores de medios, lectores y audiencias y hacia la sociedad toda: cuando se logra evitar que se publique una nota, se agrede a la comunidad en su conjunto, porque se la privó de información.
“A medida que las elecciones se acercan, el número de agresiones se incrementa”, alertó en junio de 2018 Emmanuel Colombié, director de despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, en referencia a países latinoamericanos. El aporte del periodismo a la democracia se resquebraja cuando alguien debe pensar dos veces cuál es el costo personal de cumplir con su rol social de cubrir una noticia, dijo una vez Fabio Ladetto, ex Presidente de FOPEA. Conocer lo que está pasando debe derivar en estrategias de protección y generación de políticas de cambio.
