Alberto Dalla Vía comenzó su carrera judicial bajo la tutela de Carlos Nino, el filósofo y jurista asesor de Raúl Alfonsín, y siendo un joven abogado integró el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Es doctor en Derecho Constitucional y en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, y desde 2001 integra la Cámara Nacional Electoral. Autor de casi 30 libros, en esta entrevista habla sobre la falta de transparencia en el financiamiento de la política, el impacto de las noticias falsas en los procesos electorales, y el debate presidencial que está bajo la órbita de la cámara que integra.
–Desde la Cámara Nacional Electoral, ¿cuál es su evaluación sobre el grado de transparencia de la financiación política en la Argentina?
–Es un tema en el que se ha avanzado mucho en los últimos años; de hecho, Argentina en el contexto latinoamericano está muy bien catalogada, porque dimos pasos importantes.
–Pero también hay muchas cuestiones pendientes.
–Muchísimas. La ley actualmente permite aportes de dinero en efectivo, dinero en negro por donde se pueden colar influencias como las del narcotráfico. Necesitamos que pueda hacerse la trazabilidad de dinero; es decir, bancarizar el 100% de los aportes para que podamos saber de dónde viene la plata. Es lo que importa desde el punto de vista del elector, para que pueda ejercer su voto informado.
–Parecería haber coincidencia en la mayor parte de los actores políticos sobre este punto. ¿A qué se debe la dificultad para avanzar con la nueva legislación de los aportes de campaña?
–Argentina tiene un problema estructural: no debate los temas institucionales y electorales cuando debería hacerlo, en los años no electorales. Cuando empieza la carrera electoral todos se acuerdan y esto es muy negativo porque no se deben cambiar las reglas del juego sobre la marcha.
–La Cámara Nacional Electoral tiene la responsabilidad de controlar, entre otras cosas, la financiación de las campañas. Y aún hay candidatos de las elecciones presidencial de 2015 cuyas rendiciones de cuenta no fueron aprobadas.
–Es otra de las cuestiones que deben resolverse con una reforma legislativa. Hoy se sanciona a los responsables de cada campaña, no a los candidatos. Necesitamos contar con sanciones adecuadas, y se tiene que fortalecer el sistema de controles. No quiero parecer quejoso, pero…
–Hay una cuestión de recursos.
–Exacto. Tenemos un cuerpo de 7 peritos auditores para controlar a setecientos partidos políticos a nivel nacional, y la ley habla de 25 auditores. Hay controles: desde que el sistema se ha creado, tenemos más de cinco mil sanciones aplicadas, pero hay que ajustar ese punto también.
–Otro fenómeno que tampoco está contemplado en la ley es el de las noticias falsas en el entorno digital, cuyo impacto en algunas elecciones recientes en el mundo está comprobado.
–En Argentina no existe legislación al respecto, pero después de que vimos lo que ocurrió en Paraguay, Colombia, Brasil o en el Reino Unido con la votación del Brexit, esta Cámara ha dictado el año pasado una acordada. Estamos también hablando con todos los actores: Google, Facebook, Adepa… Hay que buscar la manera de que colaboren, por ejemplo, para controlar la veda electoral. Es un fenómeno muy complejo y muy amplio, porque las redes son un nuevo espacio público, y tenemos que ponerlas a favor del proceso electoral, no en contra. Por eso desde la Cámara vamos a proponer un pacto.
–¿A las fuerzas políticas?
–A las fuerzas políticas y a la sociedad civil, porque esto es un problema de todos. Nosotros somos una autoridad electoral con capacidad para convocar y la preocupación es general, así que hay que ver experiencias de afuera. Europa está avanzando en una dirección interesante al respecto.
–Otro de los impacto de la tecnología en el proceso electoral tiene que ver con el voto electrónico.
–Nosotros le damos la bienvenida a la tecnología, pero hay que hacerlo con prudencia porque no son sistemas necesariamente más transparentes. Nosotros nos hemos pronunciado muchas veces sobre la conveniencia de la boleta única, que puede incluir un componente electrónico. Es un tema muy delicado. Siempre hemos sido muy prudentes y creemos que el problema de la Argentina es la boleta sábana provista por los partidos. Le voy a poner un ejemplo: en 2019 vamos a tener entre 15 y 16 elecciones separadas, y en todos los casos, eso depende de la conveniencia o no de ir pegado en la boleta presidencial. Simplemente si termináramos con la lista sábana resolveríamos muchos problemas.
–¿Quién pierde con la boleta única?
–Las oligarquías partidarias. Queda un poco atemperado con las PASO, que permite la participación de los ciudadanos en la elección de los candidatos, aunque es un mecanismo que no siempre se aprovecha.
–En 2015 Argentina tuvo por primera vez un debate presidencial. Ahora será obligatorio por ley y gestionado por esta Cámara. ¿Habrá diferencias?
–Nosotros queremos respetar que esto haya sido un bien público, que nació desde la sociedad civil, organizada bajo el sello Argentina Debate. En 2015 los acompañamos desde el primer momento en la iniciativa. Este año nosotros vamos a ser el ámbito de acuerdo para este debate, y solamente vamos a tomar decisiones en caso de que sea necesario. Creemos que, a diferencia de 2015, tiene que financiarse con presupuesto público, y no con aportes privados. Velaremos por su imparcialidad, pero nos parece importante sostener el espíritu con que nació, que fue una iniciativa de ciudadanos. Ya invitamos a Argentina Debate, a Cippec, a Poder Ciudadano, a RAP, a universidades, academias e instituciones. Queremos que todos los sectores estén representados porque somos la Cámara de todos los partidos políticos y los árbitros de las elecciones, y tenemos que cumplir ese rol de imparcialidad.
–¿Usted cree que este año los argentinos votaremos con la misma ley con la que votamos en 2017?
–No soy adivino, y ojalá ya se hubiese votado una nueva ley, pero yo insisto en que es mejor que estas cosas se debatan en años no electorales. En muchos países está prohibido modificar la ley electoral con menos de un año de anticipación, porque las reglas electorales son arquitectónicas, no se pueden cambiar por conveniencias coyunturales. Además muchos legisladores son políticos o candidatos involucrados en el proceso electoral. Pero claramente Argentina necesita una nueva ley de financiamiento político. Con los casos de corrupción que ha habido, es necesario darle una señal de transparencia a la sociedad.
