El Gobierno argentino implementó una reestructuración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) mediante el reciente Decreto 662/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial. Esta medida se enmarca en una serie de ajustes presupuestarios y una revisión exhaustiva de la administración.
Una de las modificaciones principales es la aprobación de una nueva reglamentación para la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (Ley 17.741). El objetivo, según lo informado en el texto, es proporcionar a INCAA mayor previsibilidad y seguridad jurídica, modernizando sus operaciones y optimizando el uso de recursos. Esto incluye cambios en el sistema de subsidios, que ahora se asignarán priorizando la calidad, exhibición y recuperación de fondos “en lugar de ´preferencias ideológicas”
El decreto también enfatiza la necesidad de reducir la planta de empleados del INCAA, que ha crecido de manera desproporcionada en los últimos años, afectando significativamente el presupuesto destinado a la actividad cinematográfica, según considera el Ejecutivo.“En el año 2000, en el mencionado Instituto revistaba una planta de empleados de aproximadamente 90 personas, mientras que al momento de asumir la presente administración, la planta, con diferentes formas de contratación, ascendía a más de 900 agentes”, dice el decreto. Y remarca: “El aumento desproporcionado de la planta llevó a que, en el ejercicio anterior, el 42 % de los ingresos se destinaron a sueldos, lo que perjudica directamente el objeto principal del INCAA, es decir, el fomento de la actividad cinematográfica”.
En el Gobierno, se sostiene que el sistema de entrega de subsidios del INCAA "ha demostrado ser obsoleto y alejado de los modelos exitosos existentes en otros países", razón por la cual debe ser "modificado, modernizado y dotado de eficiencia". Asimismo, enfatizan que es crucial priorizar el apoyo a la industria cinematográfica en función de la calidad, las oportunidades de exhibición, la audiencia y la capacidad de recuperación de los fondos otorgados.
Además, subrayan la necesidad de "limitar el porcentaje del presupuesto que el INCAA asigna a objetivos que no promuevan directamente la actividad cinematográfica". Según lo indicado, este porcentaje no podrá exceder el 20 % del Fondo de Fomento Cinematográfico ni representar más del 50 % del costo total de producción del proyecto.
Además, se estableció que los miembros de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor del INCAA realizarán sus tareas "ad honorem," y se introdujeron criterios más estrictos para las entidades que deseen ser reconocidas como representativas en el sector cinematográfico.
Otro cambio significativo es la fijación de una nueva cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje, adaptada según las características de las salas de exhibición, lo que busca incentivar la visualización de producciones locales.
El Gobierno argumenta que estas medidas son necesarias debido al déficit financiero significativo del INCAA en años recientes, que requirió aportes extraordinarios del Tesoro Nacional y generó una deuda considerable con proveedores. Según el Ejecutivo, a lo largo del tiempo el INCAA ha asumido responsabilidades que no tenían relación con su misión original.
Se critica además que muchos fondos fueron destinados a cubrir diversos gastos operativos, incluyendo la organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y "Ventana Sur". Además, el INCAA contrajo una deuda con proveedores por un monto de 700 millones de pesos, la cual fue transferida para su pago en el ejercicio fiscal de 2024, según lo detallado en el decreto.
En consecuencia, “el déficit de ejecución del ejercicio 2023 del mencionado Instituto fue de $2.600.000.000, lo que implica una afectación directa al presupuesto 2024,” expresaron desde el Gobierno.
El Decreto 662/2024 entró en vigencia inmediatamente después de su publicación, con excepción de la reglamentación específica del artículo 24 de la Ley, que se aplicará a partir del 1 de junio de 2025 y establece límites claros para el uso del Fondo de Fomento Cinematográfico en gastos administrativos.
