El Poder Ejecutivo anunció cambios en la estructura organizativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en sus políticas de recaudación. Particularmente en lo que respecta al blanqueo de capitales y la moratoria impositiva. Estas medidas están diseñadas para aumentar la eficiencia en la recaudación y modernizar los controles de fiscalización, según fuentes oficiales.
La AFIP anunció la reestructuración mediante el decreto 559, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida implica una fusión de distintas áreas que, además de bajar gastos, serviría para generar una “ventanilla única” para el contribuyente.
La titular del organismo, Florencia Misrahi, supervisó una reestructuración que unifica actividades de control operativo impositivo y previsional bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), que concentrará las actividades de control operativo en lo tributario y previsional. Esta reorganización ya se había aplicado en las delegaciones del interior del país, y se extenderá al ámbito metropolitano.
“Lla presente medida propenderá a la complementación e interrelación entre la materia impositiva y la de los tributos del sistema de la Seguridad Social, en miras de lograr sinergia en las actividades operativas de la AFIP”, señala el comunicado oficial.
Para el Ejecutivo, es necesario fortalecer el equipo de inspección para garantizar el cumplimiento de las nuevas normativas y mejorar la eficiencia en la recaudación. La concentración de personal en áreas críticas de la DGI permitirá una fiscalización más rigurosa y efectiva, sostienen desde el Gobierno.
Con el objetivo de lograr una consolidación de funciones para optimizar los recursos y reducir costos, se eliminarán ocho direcciones y tres subdirecciones. Se plantea una reducción de 44 unidades de estructura, según reseñó el diario La Nación.
A pesar de esta reducción estructural, se asegura que no habrá despidos, sino una reasignación estratégica del personal para reforzar los equipos de fiscalización. Específicamente, alrededor de 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social serán integrados a la DGI, aumentando así el número de agentes dedicados a estas tareas.
La “modernización” en los controles de fiscalización impactará principalmente en el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva
Blanqueo de Capitales
El Gobierno espera recaudar alrededor de 1900 millones de dólares (0,3% del PBI) vía blanqueo de capitales.
El esquema contempla tasas progresivas del 5 %, 10 % y 15 %, dependiendo del momento en que se declare la exteriorización de los activos, incentivando así una declaración temprana.
Las excepciones y beneficios incluyen la exención de impuestos para activos de hasta 100,000 dólares y la posibilidad de depositar en cuentas especiales hasta el 31 de diciembre de 2025 sin incurrir en costos adicionales. Además, las inversiones reguladas por el Ministerio de Economía podrían estar exentas de impuestos.
Moratoria Impositiva
Esto es para obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 31 de marzo pasado. Los contribuyentes tienen hasta 150 días corridos desde la reglamentación para adherirse.
Los esquemas de pago específicos incluyen un pago anticipado del 20 % y hasta 60 cuotas para personas físicas, con tasas del Banco Nación. Micro y pequeñas empresas tienen condiciones de pago aún más favorables.
Expectativas de Recaudación
Las proyecciones del Gobierno, respaldadas en gran medida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sugieren que estas medidas podrían contribuir al ajuste fiscal necesario para alcanzar un déficit cero en el primer año del ministro de Economía, Luis Caputo. Se estima que la recaudación adicional representaría más del 1% del PBI, sumando el impacto de otras medidas fiscales.
