El domingo pasado Claudia Sheinbaum arrasó en las elecciones de México con el 59,3 % de los votos convirtiéndose en la primera presidenta del país, tras la asistencia de más de 55 millones de mexicanos a las urnas. Por lo que el próximo 1° de octubre, tomará la posta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de atravesar el proceso electoral más violento del que se tiene registro, con más de 500 víctimas de violencia política a un mes de las elecciones.
Desde Integralia, empresa de consultoría asuntos públicos, riesgo político y conflictividad social analizaron los tipos de mecanismos a través de los cuales los grupos organizados doblegan a los gobiernos: violencia política, definición o asignación de candidaturas, financiamiento de campañas, movilización o desmovilización del voto e intervención de casillas.
Así, contabilizaron asesinatos, amenazas, atentados con armas de fuego, desapariciones, secuestros y otras formas de alto impacto en contra de funcionarios públicos, políticos, candidatos o aspirantes, familiares de estos actores clave y víctimas colaterales. "Nos concentramos en estos actores porque son los que pensamos que tienen mayor incidencia en el proceso electoral, pero sobre todo en los gobiernos que emanen de los comicios. Por eso son de interés para el crimen organizado", explica a este medio Armando Vargas, consultor senior de Integralia, quien se especializa en inseguridad pública y conflictividad social.
“Desde septiembre de 2023, cuando inició formalmente el proceso electoral, al día de la jornada electoral, hemos registrado cerca de 900 víctimas de violencia política”, cuenta Vargas. A nivel local, principalmente en el centro-occidente de México, son los grupos de crimen organizado los que definen las reglas del juego. De esta manera, determinan el precio de la canasta básica, el transporte público, administran la obra pública y el trabajo de los particulares, entre otras actividades.
"Hoy el nuevo mercado ilícito de México ya no es tráfico o narcotráfico, sino el cobro de piso, a partir del cual estos grupos exigen una cuota económica a cambio de una supuesta protección hacia las economías locales. Por ejemplo, en las barberías el criminal organizado acude y pide una cuota semanal, quincenal o mensual para dejarlos trabajar a cambio de supuesta protección. Si el negocio no cede, vienen represalias que muchas veces terminan en el asesinato de los trabajadores”, explica el especialista.
La militarización mexicana
Para 2018, cuando AMLO tomó el poder, la guerra contra las drogas establecida por el ex presidente mexicano Felipe Calderón, ya había dejado alrededor de 227 mil mexicanos muertos. El término (“War on Drugs”) había sido acuñado originalmente por Richard Nixon, ex presidente de Estados Unidos, quien estableció la Administración de Control de Drogas (DEA) en 1973 para llevar a cabo “una guerra global total contra la amenaza de las drogas”.
Frente a su nuevo mandato, López Obrador, comenzó a utilizar el slogan “Abrazos, no balazos” para respaldar su objetivo de desmilitarizar la seguridad política, algo que había comenzado para hacerle frente al narcotráfico por parte del Estado. Finalmente esto nunca sucedió. En su lugar, el proceso de militarización en México fue creciendo y AMLO desmanteló la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, compuesta principalmente por personal militar, que estaría bajo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este organismo, sin supervisión civil, se encuentra hoy bajo el control del presidente.
“Se fue empoderando al poder militar a través de la Guardia Nacional y las Fuerzas Federales en detrimento de las policías municipales, y esto ha abonado a que el crimen organizado se expanda a nivel territorial. En términos de coordinación, los municipios se vuelven dependientes de las Fuerzas Federales que no están capacitadas y desconocen el territorio porque simplemente no están ahí”, comenta Vargas.
El desafío de asumir la presidencia
“La nueva presidenta llega a un país que está hundido hace muchos años en una situación prácticamente endémica de violaciones a derechos humanos”, afirma a este medio Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “El primer desafío que tiene es reconocer esa situación y empezar a construir puentes de diálogo con las organizaciones y con las víctimas”, comenta.
En 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2,591 homicidios dolosos. Asimismo, el Gobierno comunicó en marzo de 2024 que el país cuenta con más de 100 mil personas desaparecidas.
Desde Amnistía Internacional México se llevó a cabo el estudio Muertes Intolerables, que investigó deficiencias en investigaciones en feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua. “Son las familias de las víctimas las buscan la evidencia y las que tienen que impulsar investigaciones. Quisiera pensar que una presidenta mujer va a tener un diálogo mucho más abierto con las mujeres y las familias de las víctimas de feminicidio”, afirma Olivares Ferreto.
En materia de seguridad, Vargas señala que Sheinbaum va a recibir un país en donde cada vez hay más territorios locales gobernados por las reglas del crimen organizado y menos gobiernos regidos por el Estado de Derecho. Por ello, el especialista destaca que “tendrá que asumir un diagnóstico adecuado del problema, buscando esquemas más efectivos de contención y reacción, tratar de desmantelar las bases sociales del crimen organizado y romper las fuentes de financiamiento y de inteligencia de grupos criminales”.
