Las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizaron el presupuesto nacional de Argentina con perspectiva de género. Al comparar la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2024 con el mismo período de 2023, encontraron una preocupante reducción del 26,8 % en el gasto destinado a políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad de género.
Este considerable recorte ocurre en un contexto de ajuste general. Para las cuestiones de género y diversidad, en particular, el problema radica en que el presupuesto de 2024 es básicamente una prórroga del anterior, sin actualizaciones por inflación.
Si bien las partidas específicas para políticas de género aumentaron un 33,4 % nominalmente, este incremento no alcanza para cubrir el alza de precios del casi 65 % del primer cuatrimestre. En términos reales, el presupuesto vigente para estas áreas es un 62 % más bajo que en 2023.
En detalle, se observa un grave desfinanciamiento en las políticas tendientes a la erradicación de la violencia por razones de género. Una de las cifras más preocupantes la demostró el programa ACOMPAÑAR, destinado a atender a víctimas de violencia de género, que redujo sus gastos en un 79 %. Además, el informe menciona que la actividad de "acciones de fortalecimiento de la Línea 144" ejecutó un 25 % menos que en el mismo período de 2023.
Otros programas también sufren fuertes bajas. La partida para protección y rescate de víctimas de violencia doméstica del Ministerio de Justicia se desplomó en un 72 %. Mientras que la que asiste a víctimas de trata de personas gastó 90 % menos que el año pasado. En cuanto al gasto en infraestructura del cuidado, se advierte que el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles representó menos del 1 % de lo ejecutado en el mismo período de 2023.
Aunque las partidas de protección social explican la mayor parte del presupuesto con perspectiva de género, también se observan reducciones significativas. Se registraron caídas del 32,2 % en Moratorias previsionales y del 10 % en la Prestación Alimentar, mientras que las erogaciones asociadas a la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo aumentaron un 13,5 %.
“El fuerte recorte presupuestario aplicado a políticas de prevención, atención y erradicación de las violencias por razones de género tiene su correlato en la desarticulación y el vaciamiento de programas que tenían alcance federal y que buscaban dar cumplimiento a obligaciones legales tanto nacionales como internacionales de nuestro país”, manifiesta en diálogo con RED/ACCIÓN, Juleita Izcurdía, responsable del área jurídica de ELA. “Es por eso que la sociedad civil y la comunidad internacional están monitoreando la situación y denunciando el posible incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el derecho a una vida libre de violencias”, profundiza.
Otro aspecto alarmante es el retroceso en materia de transparencia presupuestaria. Desde inicios de 2024 no se actualizan los monitores oficiales de presupuestos transversales de Presupuesto Abierto, lo que dificulta el seguimiento ciudadano. Tampoco se han publicado los informes trimestrales de seguimiento de género correspondientes al cuarto trimestre de 2023. Existen ambigüedades sobre el futuro de estas herramientas.
