El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el organismo de la ONU y de mayor autoridad internacional en materia de océanos, dictaminó el martes pasado que los gases de efectos invernadero son una gran fuente de contaminación marina y que los Estados miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar deben reducirlos.
La solicitud de opinión consultiva fue presentada en septiembre de 2023 por la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS, por sus siglas en inglés). Este es un grupo de ocho Estados insulares del Pacífico y el Caribe (Antigua y Barbuda, Tuvalu, Palau, Niue, Vanuatu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves), los cuales ya se ven afectadas por la subida del nivel del mar a medida que sus costas se erosionan o se vuelven inhabitables y el agua dulce para beber y plantar cultivos se vuelve salina, según informa The New York Times.
Se le pidió al tribunal que reflexionara sobre si las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen contaminación marina, cuáles son las obligaciones de los Estados para prevenir y reducir esa contaminación y cuáles son sus obligaciones para proteger y preservar los océanos de los efectos del cambio climático, según explica Euronews. A lo que las autoridades ratificaron que dichos gases eran contaminación marina y que los Estados debían responsabilizarse por sus emisiones.
El dictamen del tribunal se aplica a los 169 países que ratificaron la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entre los que figuran grandes contaminadores como China, Rusia e India, pero no Estados Unidos. No obstante, la opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar no es vinculante, es decir no establece una obligación legal.
De todos modos, la resolución sienta importantes bases para la convención, que es el marco jurídico que regula los usos de los océanos y sus recursos, incluida la obligación de proteger el medio marino. Por ello, el tribunal determinó que las naciones deben tomar todas las medidas necesarias para reducir, controlar y prevenir la contaminación marina causada por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.
Según expertos entrevistados por Associated Press, esta decisión podría impactar profundamente en el derecho internacional y nacional sobre el cambio climático. También, su impacto podría verse en las futuras negociaciones que tendrán lugar en la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) en noviembre de este año.
También se ha pedido a otras dos instituciones, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitan dictámenes consultivos sobre las implicaciones jurídicas del cambio climático, pero todavía nada ha sido dictaminado.
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