El aborto ya es constitucional en Francia: "El país le dijo al mundo que es un derecho fundamental" - RED/ACCIÓN

El aborto ya es constitucional en Francia: "El país le dijo al mundo que es un derecho fundamental"

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En contraste al retroceso que se vio en Estados Unidos cuando la Corte Suprema derrogó el fallo de Roe v. Wade, el pueblo francés celebra que será casi imposible que este derecho les sea arrebatado.

El aborto ya es constitucional en Francia: "El país le dijo al mundo que es un derecho fundamental"

Crédito: Rima Abdul Malak a través de Twitter.

En 1974, Simone Veil, quien ejercía el cargo de Ministra de Salud, se paró frente a la Asamblea Nacional francesa para pronunciar un discurso y presentar el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Hay que terminar con esta injusticia”, afirmó. En 1975, bajo el nombre Ley Simone Veil, el aborto se convirtió en legal en Francia, uno de los primeros países en lograrlo.

Ayer, a 50 años de aquel discurso, el primer ministro Gabriel Attal se presentó en el Parlamento francés donde se discutía la incorporación del aborto como un derecho constitucional. “Le estamos dando una segunda victoria a Simone Veil”, declaró. Horas más tarde, se hizo historia: Francia es el primer país en incluir el derecho en su Constitución. 

La decisión recibió un amplio apoyo: tuvo 780 votos a favor, por encima de los 512 requeridos. Los legisladores adoptaron esta reforma constitucional durante un Congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, al oeste de la capital, donde históricamente se discutieron estas modificaciones, según informa DW

De acuerdo con un artículo de The New York Times, en Francia ya se ha modificado la Constitución en el pasado en más de 20 veces desde su adopción en 1958. Sin embargo, ya no es tan frecuente: el último cambio fue 2008. Y, por supuesto, ahora. 

Pero ¿qué cambios presenta la incorporación del aborto en la Constitución francesa? Según explica el ministro francés de Justicia, Éric Dupond-Moretti, la enmienda declara que el aborto es una libertad garantizada y supervisada por las leyes del Parlamento. Eso significa que los futuros gobiernos no podrán modificar las leyes actuales que financian el aborto para las mujeres que lo soliciten, hasta las 14 semanas de embarazo. 

“Este lunes quise ser francesa. Francia le dijo a su pueblo y le está diciendo al mundo que la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo es un derecho fundamental que debe estar protegido por la Constitución”, manifiesta en diálogo con RED/ACCIÓN Mariana Carbajal, escritora y periodista feminista. 

Que ocurra en este contexto es especialmente relevante. En Estados Unidos, por ejemplo, en 2022 la Corte Suprema anuló el fallo sobre el caso Roe v. Wade, que legalizaba el aborto en el país. Hoy más de 10 estados tienen completamente prohibido el derecho. 

"Esta votación histórica convierte a Francia en el primer país que consagra el aborto en su Constitución y tiene una enorme importancia dado el retroceso de este derecho esencial en todo el mundo”, declaró Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional. “Envía un mensaje de esperanza y solidaridad a los grupos de mujeres y a todos los defensores del aborto y de otros derechos sexuales y reproductivos", reflexionó. 

Un detalle importante es que, a diferencia de la mayoría de los países occidentales, en Francia hay algo en lo que la izquierda y la derecha parecen estar de acuerdo: el aborto. “Esta constitucionalización es quizás la única victoria que Emmanuel Macron tendrá que dejar constancia de su historial después de diez años”, escribió en redes sociales Marine Le Pen, la candidata opositora al actual presidente y políticamente conservadora. 

En Argentina, el aborto se legalizó en diciembre de 2020, lo cual marcó un avance en materia de derechos reproductivos para la región, ya que en muchos países latinoamericanos aún el aborto no es legal, como Chile. Según Chequeado, desde que la ley está vigente,  los procedimientos registrados en los años (es decir, 2021, 2022 y hasta octubre de 2023), da un total de 245.000 IVE en el sector público. 

“No creo que impacte en otros países, tristemente, más que como mensaje simbólico”, profundiza Carbajal sobre la posibilidad de un retrato de estas iniciativas en otras partes del mundo. “Pero sí nos da el apoyo y el coraje que necesitamos, el saber que no estamos solas en la defensa de la Ley de IVE si llega a estar en riesgo, ya sea porque la quieren derogar o porque la desfinancian y no compran los insumos necesarios para garantizar las prácticas”, concluye.