El Parlamento Europeo se convierte en el primer organismo internacional en condenar el ecocidio. De esta manera, a través de una directiva (la 2008/99/CE) aprobada por sus miembros, aumentará las penas para los delitos que causen la destrucción o daños generalizados, irreversibles o duraderos a un ecosistema.
Dicha medida atravesó la cámara con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, y tendrá que ser incorporada a la legislación nacional de todos los estados miembros en el lapso de dos años, según ABC.
Qué es el ecocidio
El término ecocidio fue acuñado alrededor de 1970 por Arthur Galston, un bioético estadounidense que utilizó por primera vez la palabra para describir el daño ambiental causado por el despliegue generalizado de un herbicida llamado agente naranja por parte del Gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, según U.S. News.
En 2017, la ambientalista escocesa Polly Higgins fundó la organización Stop Ecocide International con el objetivo de que el ecocidio se convierta en el quinto crimen suamado a genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión en el Estatuto de Roma. Dicho estatuto es un instrumento de la Corte Penal Internacional que tiene competencia para castigar ilícitos graves (llamado de esa manera porque adopado en Roma, en 1998).
Actualmente, se define al ecocidio como "actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente", de acuerdo con Euronews.green.
Jojo Mehta, ambientalista y cofundador del grupo Stop Ecocide International, afirmó a U.S. News: "Brindamos por la aprobación de esta directiva. Es definitivamente nuestra mayor victoria hasta ahora".
Crímenes y penas
Si bien no se incluye directamente la palabra ecocidio, en el preámbulo de la norma se refiere a delitos ambientales que son "comparables con el 'ecocidio'". Así, los crímenes mencionados en la directiva son: la contaminación de agua; la introducción y propagación de especies invasoras; la destrucción de la capa de ozono; la caza y pesca ilegal; la falsificación de documentos ambientales; la obstrucción en investigaciones ambientales; entre otras.
No obstante, no se menciona la exportación de residuos tóxicos a países en desarrollo ni el fraude en el mercado del carbono.
Los delitos cometidos por personas y representantes de empresas se castigarán con penas de cárcel en función de la duración, gravedad o reversibilidad de los daños. Según ABC, algunos ilícitos podrían ser castigados con ocho años de prisión, que se ampliarán a diez si se causó la muerte de alguna persona.
Además, algunas penas incluyen la exclusión de acceso a fondos públicos para empresas. De esta manera, los Estados miembros podrán elegir si introducen multas para las compañías en función de una proporción de su facturación (hasta el 5 % dependiendo del delito) o cantidades fijas de hasta 40 millones de euros (35 millones de libras esterlinas), según The Guardian.
Los legisladores no determinaron que estas obligaciones serán extensibles a los delitos cometidos fuera de las fronteras de la Unión Europea por parte de empresas europeas, pero los estados miembros podrían optar por hacerlo.
