Qué pasó. Desde Infancia en Deuda advierten que el Poder Ejecutivo recortó, a través de una decisión administrativa firmada el 11 de enero pasado, por el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, 56% la partida para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, 59% los fondos destinados a la Comisión Bicameral encargada de la designación del Defensor o Defensora, y 21% a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
Cómo se hizo el recorte. Cuando el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2019, Infancia en Deuda advirtió que las partidas asignadas a estas áreas implicaban un recorte real de fondos, porque no compensaban la inflación estimada por el Gobierno.
De allí que, tras la presión de las organizaciones, como se puede ver en el artículo 16 del presupuesto aprobado en noviembre, se contemplaron aumentos en todas las áreas.
Sin embargo, la decisión administrativa firmada este enero “distribuye el presupuesto para estas áreas solo con los montos que el Ejecutivo había contemplado en el proyecto original de presupuesto, sin tener en cuenta que el Congreso había aumentado las partidas a estas áreas", explica Julieta Izcurdia, abogada y miembro de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que conforma Infancia en Deuda.
Cuál es el monto final asignado a cada área. De esta manera, el presupuesto para la Defensoría, que luego de las modificaciones al proyecto en el Congreso había quedado en 50.174.283 pesos, ahora volvió al monto original trazado por el Ejecutivo, de 22.174. 283 pesos, como se puede ver en las páginas 101 y 102 de la decisión administrativa del 11 de enero. Lo que significa un ajuste de 28 millones de pesos.
Mientras que en el caso de la Comisión Bicameral, la partida quedó en 2.771.786 de pesos (ver páginas 93 y 94) cuando el Congreso había otorgado 6.771.786 pesos. Recortado así, 4 millones.
En tanto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia le corresponderán 3.305.474.918 de pesos (la suma de los programas detallados en las página 2703, 2763, 2773, 2783 y 2796). Es decir, las partidas no incluyen los 900 millones extra que le había asignado el Congreso y con los que había alcanzado los 4.205.474.918 de pesos.
No es la primera vez que el Poder Ejecutivo reasigna partidas presupuestarias, pero las organizaciones consideran que la decisión es inconstitucional. “La Constitución establece que son las y los integrantes del Poder Legislativo quienes tienen que discutir democráticamente cuántos recursos destinar a diferentes políticas públicas y el Ejecutivo lo que debería hacer es distribuir e implementar ese presupuesto”, asegura Izcurdia.
Por qué es importante. Trece años después de la sanción de la Ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la elección del Defensor o Defensora sigue sin concretarse. Aunque en los planes originales la decisión de la Comisión Bicameral estaba planeada para el 20 de noviembre, eso no sucedió y ahora las organizaciones apuestan a que sea tratado en sesiones extraordinarias durante febrero. La Comisión elige y las cámaras de Senadores y Diputados deben aprobar esa elección.
El recorte del presupuesto enciende las alarmas porque reduce la partida anual destinada a la puesta en marcha y funcionamiento de la Defensoría. “Cuando es muy importante que la Defensoría tenga presupuesto para funcionar durante 2019”, advierte Izcurdia.
2019 es un año “en que esperamos se cree esta institución, que tiene mucha relevancia en el monitoreo de políticas públicas de niñez a nivel federal, sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina el 48% de las niñas y niños se encuentran en una situación de pobreza, no solo a nivel económico sino también en el acceso a sus derechos”, concluye Izcurdia.
