Desde su entrada en vigor el 25 de junio de 2021 y durante todo 2022, la Ley de Eutanasia ha beneficiado a 363 personas en toda España. Esta cifra supone el 48,4% de las 749 que pidieron ayuda para morir dignamente. De todas ellas, un tercio, es decir, unas 249 personas fallecieron antes de resolverse su solicitud.
Son las principales conclusiones de los datos aportados por el Ministerio de Sanidad de una ley que, aunque aprobada por una amplia mayoría –198 votos a favor– llegó con mucho retraso al Congreso y con la oposición de PP y VOX. Una de las causas alegadas para rechazar la norma fue el posible cambio de opinión de los pacientes a lo largo de la fase de su enfermedad.
Los datos de Sanidad, sin embargo, desmienten este supuesto temor: el número de personas que cambian de opinión o que solicitan un aplazamiento de la prestación es mínimo. Pero el alto porcentaje de personas que mueren sin ver resuelta su petición ahonda, por otra parte, en la denuncia que viene realizando, desde su entrada en vigor, la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
De entre las solicitudes denegadas, en torno al 18%, fueron estimadas como favorables un tercio tras las reclamaciones ante la Comisión de Garantía y Evaluación de eutanasia correspondiente, que es el órgano de cada comunidad y ciudad autónoma encargado de verificar el cumplimiento de la ley en su ámbito territorial y autorizar la aplicación de la prestación.
La eutanasia por comunidades autónomas
En concreto, durante 2022 se practicaron 288 eutanasias en toda España «sin incidencias reseñables», según Sanidad. Suponen el 50% de las solicitadas. Cataluña, con 175, fue la comunidad con mayor número de solicitudes. La eutanasia se aplicó en el 52% de los casos. Le sigue Madrid, con 62 solicitudes, el 61% de ellas realizadas. La tercera es Andalucía con 46 solicitudes, que fueron aplicadas en un 59%. Estas dos últimas, ambas presididas por el PP, fueron las dos comunidades que más tardaron en crear la comisión de garantía y evaluación necesaria para la puesta en marcha de la ley.
Las comunidades con menor porcentaje de eutanasia practicada son Baleares (6 de 22 solicitudes) y Extremadura (3 de 11). En el polo contrario se sitúan, con un 80%, La Rioja (4 eutanasias practicadas de 5 solicitadas) y, con un 68%, Navarra (13 de 19 solicitadas).
Las personas que en este tiempo han pedido la eutanasia tenían, en su mayoría, entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico. Además, el ministerio informa de que un 14% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos, lo que se tradujo en 135 trasplantes. «Las prestaciones se han realizado de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública», detalla el ministerio en una nota de prensa.
La Ley de Eutanasia fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado marzo por nueve votos a favor y dos en contra. La sentencia acogió los argumentos empleados por el ponente, Ramón Sáez, del sector progresista, basados fundamentalmente en el derecho a la autodeterminación de las personas sin dejar desprotegida la vida. Los dos magistrados que votaron en contra fueron Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, del sector conservador. César Tolosa y Ricardo Enríquez, también del sector conservador, votaron a favor de la ley.
Publicado originalmente por La Marea bajo licencia CC: BY-NC. Republicada con permiso vía OpenNewsWire.
