Ellen O'Neill-Stephens trabajó como fiscal durante 26 años en un juzgado de Seattle (Estados Unidos). Al principio le encantaba su trabajo, pero con el paso del tiempo vio en primera persona cómo las víctimas y testigos que habían sufrido traumas presentaban su declaración en un juicio. Esto incluía a menores de edad, que en Estados Unidos tienen que presentar su testimonio frente al juez, el jurado y el acusado. “Vi el trauma por la exposición que sufrían no solo niños sino también las personas que trabajan en el sistema. Empecé a tener pesadillas y no tenía ganas de ir a trabajar”, cuenta O'Neill.
En aquel momento cuando su hijo Sean, quien tenía una parálisis cerebral, terminó la secundaria, O'Neill decidió buscar un perro de asistencia (entrenado para asistir en tareas básicas y/o ser de apoyo emocional para personas con discapacidad) para que lo acompañara y lo ayudara en sus interacciones sociales. Una vez a la semana, la abogada llevaba a Jeeter, el perro, al juzgado, ya que su hijo no podía cuidarlo. Fue así que, en 2003, Jeeter acompañó a dos hermanas gemelas en el Tribunal Superior del condado de King (Washington, Estados Unidos) durante su testimonio en el juicio.
“Tuvo mucho éxito porque todos los niños se mostraban más abiertos a participar del proceso judicial cuando estaban al lado de Jeeter”, afirma Ellen. “Algunos fiscales me pedían si podían llevárselo para que acompañara a las menores que tenían que declarar en sus juzgados”. Desde entonces, la abogada promovió la idea de usar perros adiestrados para brindar consuelo a niños y a adultos víctimas o testigos de delitos y apoyar a menores y adultos en tribunales de salud mental y drogas.
En 2004, Canine Companions for Independence, una organización que proporciona perros de asistencia a adultos y a niños con discapacidad, se convirtió en la primera organización de esta índole en colocar a un perro para trabajar en una fiscalía en Seattle. Cuatro años después, O'Neill y su amiga veterinaria Celeste Walsen fundaron Courthouse Dog Foundation, una organización que educa a profesionales del derecho sobre las ventajas de incluir perros de asistencia en la investigación, el juicio y otros procedimientos judiciales estresantes.
Asimismo, la institución apoya a las organizaciones de perros de asistencia que entrenan y acercan perros de asistencia con profesionales jurídicos que trabajan con víctimas, testigos y otras personas vulnerables. Estas son miembros de Assistance Dogs International (ADI), una coalición de programas de entrenamiento de perros de asistencia de todo el mundo. También, fomenta y facilita la investigación científica sobre el uso de perros de asistencia en tribunales.
Contar con un perro de asistencia en una declaración ayuda a disminuir la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca en ocasiones solo en presencia del perro, sin acariciarlo. Además, algunos efectos a largo plazo incluyen bienestar en la salud psicológica, la comunicación social y mejoras en el autoestima.
En 2018, un estudio de National Children's Alliance realizó una investigación donde se separaron dos grupos de niños y se les hizo una entrevista forense. El primer grupo contaba con un perro de asistencia judicial y el segundo no. Los investigadores descubrieron que los menores del primer grupo mostraron una frecuencia cardíaca, una presión sanguínea y un cortisol salival más bajos que los niños del segundo grupo.
Hoy hay más de 400 perros de asistencia judicial distribuidos en 41 estados de los Estados Unidos. Asimismo, la organización trabaja con instituciones en Canadá, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica e Italia para brindar el servicio y se comenzó el proceso para incluir perros de asistencia judicial en Irlanda y Países Bajos.
Cómo se elige a un perro
El trabajo que realizan O'Neill y Walsen comienza cuando una persona del ámbito judicial se acerca para pedir un perro de asistencia para su juzgado. La ADI determina si la persona está capacitada para cuidar del animal. De ser así, se le asigna un perro a un handler, una persona que usualmente trabaja en el sistema legal y es responsable de perros que no están asignados a una persona específica. “No todo el mundo está calificado para esto y, aunque la ADI apruebe la solicitud, tenés que esperar a que te asignen un perro y eso puede tomar hasta uno o dos años”, cuenta O'Neill.
Como los perros van a estar en los juzgados por varios años y se espera que trabajen al menos 20 horas por semana, la ADI también se asegura de que los traten correctamente. Además, dicha organización se encarga de examinar a los perros profundamente durante dos años para corroborar que el animal pueda tolerar el ambiente. Muchas veces no pueden trabajar con alguien que tiene una discapacidad o que trabaja en el sistema legal. “Son como perros policía, ayudan al handler a hacer un mejor trabajo”, cuenta Ellen.
El handler tiene la responsabilidad de determinar si el perro no se siente cómodo en algún momento. Por ejemplo, si está dos horas junto a alguien que lo acaricia sin parar mientras habla, puede llegar a cansarse y necesitar un recreo. Cuando la situación es muy intensa, el perro pasa tiempo sin trabajar para recuperarse.
En Latinoamérica
Hace 20 años, Margarita Ziade, directora de Bocalán Argentina, vio el desconocimiento que existía en nuestro país sobre la intervención asistida con animales. Por lo que decidió formarse en Fundación Bocalán en España, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante la asistencia de animales, para poder plantear la posibilidad de una filial en Argentina.
En 2012, nació Bocalán Argentina, una organización que realiza intervenciones asistidas en su consultorio de Villa Luro (CABA) y entrena perros de asistencia para niños con una condición del espectro autista (CEA) y para personas con movilidad reducida. También entrenan facility dogs, que serían “perros de asistencia judicial”. “Son un punto intermedio entre un perro que realiza intervenciones terapéuticas y un perro de asistencia porque estos se entregan a una persona puntual que cuenta con una discapacidad o problemática específica”, comenta Margarita. “En cambio, los perros de asistencia judicial apoyan a múltiples personas, ya sean niños o adultos, con distintos problemas al momento de declarar o antes o después de este hecho”. En Estados Unidos, este tipo de perro se puede encontrar no solo en juzgados, sino también en hospitales y centros educativos.
Ziade se puso en contacto con las fundadoras de Courthouse Dog Foundation para replicar su trabajo en la Argentina. En 2019, O'Neill y Walsen viajaron a Buenos Aires para formar a los profesionales y Bocalán Argentina consiguió la certificación por parte de ADI. No obstante, debido a la pandemia del coronavirus el proceso se ralentizó.
Los comienzos en la Argentina
En 2019, en paralelo al trabajo de Bocalán Argentina, desde el Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires se lanzó el Programa Perros de Terapia de Asistencia Judicial. Titán, un golden retriever, fue el primer perro de asistencia judicial en la Argentina. En 2021, a partir de la buena recepción y los resultados se incorporó a Brownie, un australian labradoodle. Hasta marzo de 2023, los animales acompañaron a 889 menores de entre 3 y 18 años a declarar en la Sala de Entrevistas Especializada (SEE) del Ministerio.
Sin embargo, aquel proyecto no cuenta con la certificación internacional de ADI. “Me parece genial que existan más espacios de este estilo porque nosotros no damos abasto para ayudar a todos los niños, pero hay que hacerlo con criterio, no estoy muy al tanto de cómo desarrollan sus protocolos”, cuenta Ziade.
Por su parte, Carolina Wathelet, secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 23, encontró la propuesta de Bocalán Argentina y se anotó para hacer el curso de entrenamiento de perros de asistencia. En 2020, participó de un seminario virtual con las fundadoras de Courthouse Dogs Foundation para personas y organizaciones que estuvieran interesadas en implementar el programa. A raíz de esta capacitación, en 2020 presentó un proyecto al cuerpo médico forense a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para implementar el uso de facility dogs antes o después de la declaración de un menor en una cámara Gesell.
En la Argentina, de acuerdo con el artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación, todos los menores de 15 años que tengan que declarar en lo relativo a delitos de abuso sexual deben ser oídos por profesionales en un gabinete acondicionado conocido como la cámara Gesell. Ahí se lleva a cabo una entrevista que se graba y el juzgado, la fiscalía y el defensor del imputado pueden estar presentes u observarlo de manera remota.
“Si al menor que le toca declarar le gustan los perros, y puede recurrir a la asistencia de uno, el día de la declaración se va con un recuerdo distinto, más lindo, ya que está yendo a un lugar nuevo a contarle algo feo a alguien que no conoce”, cuenta Wathelet. “Tienen el recuerdo de que estuvieron acariciando a un perro y eso les baja la ansiedad y pueden ayudar que cuenten lo que les pasó”.
El programa piloto presentado al cuerpo médico forense aún no se inició. Sin embargo, en octubre de 2023, bajo la orden del juez interino del Juzgado N.° 23 Javier Sánchez Sarmiento hubo un acompañamiento por parte de un perro de asistencia judicial en una declaración de dos menores.
Ziade acudió al juzgado donde se encontró con las niñas de 11 y 14 años y ahí les presentó a Aretha, una perra labrador de diez años. Les contó que estaba entrenada y que trabajaba con distintos niños. Pese a que tenían poco tiempo, las menores le dieron de comer, la acariciaron y jugaron un rato. La llevaron desde el lugar donde se encontraban hasta el centro médico forense para declarar. “Le preguntamos al tutor que las había llevado cómo había percibido la interacción y nos dijo que las había visto muy contentas y que había sido una buena experiencia”, cuenta Wathelet.
Los desafíos
Existen algunos factores que ralentizan el proceso para poder contar con un perro de asistencia judicial hoy en la Argentina. Ziade cuenta que se reunió con asistentes sociales y juzgados pero que existen muchos trámites y pruebas a la hora de implementar los procesos. “En este caso es una herramienta muy disruptiva para la formalidad del Poder Judicial". Wathelet comenta: “La idea del proyecto requiere un mayor análisis por parte de las personas que tienen que autorizarlo. Hay que implementarlo de a poco y tener el tiempo para capacitar a las personas que asistan con perros”.
Además, el costo del servicio juega un papel importante. En Estados Unidos, se cobra por el entrenamiento del perro y la capacitación del juzgado que lo va a recibir. “No propongo ese sistema porque creo que en la Argentina todavía falta mucho por trabajar y descubrir sobre el tema”, dice Ziade.
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones, una alianza entre Río Negro y RED/ACCIÓN.
