El Banco de Proyectos Comunitarios Rurales (BPCR) apoya 17 proyectos en comunidades rurales de ocho provincias argentinas.Estos proyectos buscan garantizar derechos en dichas comunidades y abarcan áreas como el manejo del agua para consumo humano o producción agroecológica, la seguridad alimentaria, el acceso a internet y buen uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la alfabetización o capacitación profesional, el acceso y desarrollo de energías de bajo impacto ambiental, la conservación y regeneración de ambientes naturales, el comercio justo, turismo de base comunitaria y otros emprendimientos productivos, la mitigación por efectos climáticos y otras catástrofes naturales, y el fortalecimiento organizacional de base comunitaria.
El BPCR nace para aportar recursos en especie, dinero y conocimientos a quienes no tienen oportunidades para acceder a ellos. Los recursos provienen de distintos actores, como fundaciones, individuos o agencias de cooperación internacional, por ejemplo.
“Es un banco que pone el foco en el otro. No ofrece préstamos económicos, ni cobra intereses de ningún tipo. Se basa en el codiseño participativo y un innovador esquema de articulación entre individuos, organizaciones e instituciones de diferentes países y sectores sociales”, explica Patricio Sutton, presidente de la Red Comunidades Rurales.
Un ejemplo de cómo el apoyo del BPCR se traduce en el desarrollo de las comunidades es el proyecto de acceso al agua e inclusión social en Manijnioj, en el departamento Alberdi, provincia de Santiago del Estero, presentado por la Fundación Trabajo, Educación, Ambiente (TEA). Esta iniciativa beneficia a una comunidad de 143 personas que están aisladas en el Gran Chaco, en un territorio donde hay contaminación de las napas de agua con exceso de arsénico y flúor, escasez de agua durante los seis meses de temporada seca y exceso de agua durante los seis meses de la temporada de lluvias.
La provisión de cisternas que acumulen agua de lluvia es esencial para la vida de la comunidad porque, además de brindar agua segura, el proyecto propone mejorar la alimentación, fortalecer la salud y desarrollar las iniciativas productivas elegidas por la comunidad con el propósito de lograr a mediano plazo la autosustentabilidad de los hogares.
En esa comunidad, gracias a los recursos provistos por el banco, se construyó una cisterna con capacidad de 16.000 litros que cuenta con un techo recolector para la temporada de lluvias e impacta positivamente en las actividades que realizan a diario.
Problemas rurales
A pesar de que el 92 % de la población argentina percibe que la pobreza es urbana, se trata de un problema más frecuente en comunidades rurales.
“Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con derechos humanos básicos que en amplias regiones rurales representan un enorme desafío. En el ámbito urbano acceder a la educación secundaria y universitaria pública suele ser algo factible, lo mismo en relación a la salud, al agua potable, a la energía, a la conectividad a internet, a la justicia… Por supuesto que en muchos barrios urbanos existen enormes problemas y la pobreza golpea a cientos de miles de familias, pero no en tantas temáticas a la vez. Esa es principalmente la gran diferencia entre la pobreza urbana y la rural”, explica Sutton, que hace trabajo social desde hace más de 20 años.
“Otra forma para dimensionarlo es que en muchos contextos rurales —especialmente los remotos— las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son mayores que en las ciudades. Una familia que vive a 100 o más kilómetros de un pueblo o ciudad lo tiene muy claro: puede no tener agua potable, electricidad, conectividad, hospital, escuela secundaria, seguridad, justicia, etc., y acceder a ello es prácticamente una utopía”, detalla.
Con miras a que las comunidades rurales más carenciadas logren desarrollar proyectos para garantizar estos derechos, “hacía falta articular esfuerzos desde los diferentes sectores sociales y poner el foco en las regiones rurales con situación más crítica, dado que la inversión privada, social y pública para esos objetivos variaba mucho según las zonas, provincias y regiones”, asegura Sutton.
Sutton, que dirige la Red Comunidades Rurales, creada en 2006 y constituida legalmente como fundación en 2007, observó que en determinados lugares había mucho apoyo y en otros muy poco o nada. Por eso, cuenta, “quisimos poner en marcha una red que, mediante un relevamiento constante de información y un conocimiento más profundo de la realidad rural, ayudase a mejorar esa situación, a que la educación y el desarrollo comunitario fuesen más equitativos”.
Sutton explica que el banco “genera desarrollo mediante proyectos socioambientales orientados a un desarrollo humano justo y ambientalmente sostenible”, y destaca el alto protagonismo de las mujeres en el fortalecimiento comunitario a través de la Red Mujeres Rurales.
Mapear recursos
El objetivo de la Red Comunidades Rurales es la puesta en común de los diferentes recursos existentes (como fondos, capacidades, experiencias, conocimientos, materiales, servicios) en los diferentes sectores de la sociedad (organizaciones sociales, comunidades, instituciones públicas, empresas, funcionarios de Gobierno, etc.) para buscar soluciones a problemas que enfrentan las comunidades y pequeños pueblos rurales para mejorar sus condiciones de vida, cuidar el ambiente y generar procesos genuinos de desarrollo que sean sostenibles.
“Queremos impulsar un espacio donde se encuentren las diferentes formas de mirar el desarrollo, sin imponer una sobre otra, sino respetando y rescatando lo que cada una tiene de positivo. Invitamos a todos los involucrados en el desarrollo rural a participar, para que juntos vayamos construyendo y enriqueciendo los mapas de recursos para el desarrollo rural”, explica Sutton.
A partir de la experiencia que sumaron entre 2008 y 2009, la Red armó el mapa de recursos, que sería la base del BPCR. “Creemos que esta herramienta ayuda a conocer la situación socioambiental rural de cada provincia y los desafíos o problemas así como también los recursos y oportunidades existentes”, señala Sutton.
Se trata de un espacio de construcción colectiva entre las 260 organizaciones que integran la Red, que es de uso libre y gratuito. “La Red cumple aquí un rol de compilador y organizador de la información. Sin embargo, desde un principio, el enfoque fue puesto en hacer de los mapas un recurso pensado por y para todos: nos reunimos en talleres regionales en los que intercambiamos nuestras experiencias, conocimientos y sugerencias para que los mapas puedan cumplir realmente su objetivo, definiendo su formato y estableciendo mecanismos para el enriquecimiento de la herramienta”.
En cada taller participan entre 25 y 30 referentes comunitarios y especialistas de los tres sectores —social, empresarial y gubernamental— que pueden sumar sus inquietudes, apuntar sugerencias y cambios. “Existen además otras instancias y formas de participación (reuniones, intercambio vía mail, etc)”, aclara Sutton.
Referentes comunitarios
Si bien los actores clave de todos los sectores terminan influyendo profundamente en los procesos de desarrollo en contextos rurales, existen agentes sociales que desde la red se consideran esenciales y se encuentran en la familia, la comunidad organizada (sea una comunidad criolla, aborigen, una cooperativa, mutual u asociación), la escuela, la posta sanitaria u hospital rural, la agencia técnica del INTA, el Centro Integrador Comunitario, la iglesia o en el municipio. Hacia ahí apunta la red con la difusión de la información.
Los mapas, que varían según la región, se van actualizando periódicamente. A partir de la información que contienen, la red creó el Banco de Proyectos Comunitarios Rurales (BPCR).
El BPCR fue codiseñado entre las organizaciones que integran el Consejo Ecorregional de la Red (asociaciones civiles y fundaciones del Gran Chaco, de la selva paranaense, de los Esteros del Iberá, de los Andes, comunidades aborígenes de la Puna y de las Yungas y escuelas agrícolas e institutos de la Estepa Patagónica), que definen las áreas temáticas sobre las que se reciben proyectos, los requisitos y el tipo de formularios. “Es importante aclarar este punto dado que no suele ser así en muchos organismos o agencias de cooperación donde sus cuadros técnicos definen las líneas de apoyo económico, sin escuchar a las comunidades”.
Los proyectos surgen de las mismas organizaciones de base comunitaria rurales.
Luego de numerosas presentaciones en el terreno y de que la red dictara tres talleres a distancia (por ejemplo, este que se dictó en enero de 2023) sobre elaboración de proyectos, se lanzó la primera convocatoria a fines de 2022 bajo estrictos parámetros reunidos en una guía.
Se recibieron 57 solicitudes (proyectos) que cumplían con los requisitos acordados públicamente. El proceso de selección final lo llevó adelante el Consejo Ecorregional, que eligió 17 proyectos distribuidos en las provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba y Río Negro.
Seguimiento de los proyectos
La Red hace un acompañamiento continuo a distancia de cada proyecto, también se realizan reuniones bimestrales conjuntas y, en la medida de lo posible, se visitan proyectos en el terreno. Desde el BPCR se brindan formularios online que facilitan la carga mensual de información y comprobantes de gastos.
Los proyectos tienen una duración total de un año. Deben presentar un informe programático y rendición financiera semestral y anual.
La Red Comunidades Rurales puede hacer auditorías contables.
En los próximos días, desde el sitio web de la red, las organizaciones podrán presentar nuevos proyectos en la segunda convocatoria del BPCR.
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones, una alianza entre Río Negro y RED/ACCIÓN.
