El nuevo reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas federales de seguridad sumó respaldos y cuestionamientos tanto en el interior del Gobierno como en la oposición. Quienes criticaron el protocolo fueron las organizaciones de derechos humanos; entre ellas, la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que lleva un registro de muertes ocurridas como consecuencia de la acción de las fuerzas estatales.
Según esa base de datos, en la Argentina muere una persona cada 23 horas por acciones de policías, gendarmes, prefectos, agentes del servicio penitenciario y fuerzas armadas. El trabajo expone que hace 10 años era una persona cada 41 horas. Y marca que la mitad de los fallecidos tenía menos de 25 años.
A través de una resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la semana pasada un nuevo reglamento para el uso de armas para los efectivos de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El punto que causa más polémica es el que autoriza a los agentes a disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto. También pueden abrir fuego cuando el sospechoso “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Para la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, los cambios “amplían al infinito las hipótesis de uso del arma”.
Más allá de ese cuestionamiento, el registro de la organización expone que las muertes por intervención de fuerzas estatales vienen creciendo desde 1996 y acumulan 5.462 casos.
Al analizar las muertes ocurridas durante las últimas cinco gestiones de gobierno, se advierte un incremento muy significativo, al pasar de 0,65 casos por día durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a 1,01 en la de Mauricio Macri.
Si los casos se agrupan por la fuerza de seguridad que participó de esas muertes, más de la mitad de las muertes fueron producidas por policías provinciales. Mientras que los agentes penitenciarios son responsables del 27%. La Policía Federal, con el 9,78%, es la fuerza federal con más víctimas.
Las principales causas de muerte, siempre de acuerdo al relevamiento que hace la Correpi, es el gatillo fácil, en el 44% de los casos. Mientras que un 40% de las muertes ocurrió mientras las personas estaban detenidas.
La edad de las personas muertas es uno de los datos más alarmantes: el 50% tenía menos de 25 años.
Respecto a la distribución geográfica, el 46% de los casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires, el 10,8% en Santa Fe, el 7,5% en Córdoba, y el 6,8% en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, si los casos se ponderan en relación a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, Tierra del Fuego, Santa Fe y Buenos Aires son los que más casos registran cada un millón de habitantes.
Cómo hacen el registro. La CORREPI incluye todo caso que por aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal tenga como resultado una muerte.
¿Querés saber más sobre cómo se hace el registro de la Correpi?
