Al aprobar la nueva normativa para las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria), la Casa Rosada gatilló un fuerte debate sobre la política de seguridad.
La posición oficial del Gobierno es aclarar la normativa y dar certezas con el nuevo Código Penal a las fuerzas para el uso de las armas de fuego. Aseguran que no hay un cálculo político e insisten en que el nuevo reglamento es consistente con el derecho internacional y lo que se hace en otros países.
Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable de avanzar con la iniciativa, deslizó que detrás del timing no hubo un cálculo político al explicar que la medida es parte de un compromiso “que nosotros tomamos con nuestro electorado: la lucha contra el narcotráfico, la lucha para tener mejor seguridad y la lucha para que la figura central sea la víctima y no el victimario".
La mirada política a la nueva doctrina
El timing del nuevo reglamento da lugar a una lectura política. “Hay tres razones que se combinaron: dos contextuales y una estratégica”, dice el politólogo Andrés Malamud, de la Universidad de Lisboa.
“Las contextuales son la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, que amplió el rango de lo aceptable, y el éxito del G-20, que dejó ‘dulce’ al gobierno y a la sociedad, reduciendo los anticuerpos ante medidas polémicas. Patricia Bullrich es la ministra más popular y efectiva del gobierno y la que, al mismo tiempo, polariza mejor. Hasta que maten a un inocente, esta política será popular. Y quizás después también”.
Malamud también ve una razón estratégica: “La necesidad de colocar una medida política popular en medio de la recesión económica”.
El timing según el Gobierno
Según fuentes del gobierno, estaba planeado tratar el tema en el marco de la reforma del Código Penal, pero ésta se demoró. Para no seguir esperando, el Ministerio de Seguridad lanzó la reforma ahora. “Es una derivación de una política que venimos llevando adelante”, dijo a RED/ACCIÓN una fuente oficial. “Buscamos mayor capacitación, formación y empoderamiento para las fuerzas de seguridad. Por otro lado, hicimos muchas consultas con jueces y encontramos que pedían una reglamentación clara para los hechos en los que hubiera fuerzas de seguridad involucradas”.
Desde el gobierno aseguran que el momento del anuncio de la medida no tiene relación con los problemas del partido entre River y Boca, ni con el operativo exitoso del G-20. Y, aunque este tipo de decisiones tienen un impacto fuerte en la opinión pública, los funcionarios niegan que haya un cálculo político.
“No hicimos encuestas para medir la aceptación”, dijo a RED/ACCIÓN la fuente. “Esto estaba en estudio hace bastante”. Pero, por ejemplo, una encuesta de Latinobarómetro para el PNUD indica que un 19% de los latinoamericanos señala que la delincuencia es el problema más importante de su país (la segunda posición, luego de los problemas económicos).
La polémica al interior de Cambiemos
Ayer Elisa Carrió tweeteó: “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”.
También se opusieron públicamente a la que llaman “doctrina Chocobar” organizaciones como CELS, CORREPI y Abuelas de Plaza de Mayo. Y el ex juez federal de La Plata Carlos Rozansky denunció a Bullrich por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
