El daño causado por el COVID-19 ha sido catastrófico, exacerbado por la constante aparición de nuevas variantes, como la denominada Ómicron. Más de cinco millones de vidas ya se han perdido por la pandemia, y se prevé que los casos confirmados aumenten de los actuales 260 millones a los 460 millones para el otoño próximo. La Organización Mundial de la Salud estima que cinco millones más de personas pueden morir a causa de esta enfermedad en los próximos meses.
Así, cuando la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) se reúna para una sesión especial este 29 de noviembre, su tarea será nada menos que prevenir la repetición de una tragedia como la del COVID-19. Específicamente, el mundo necesita hoy un acuerdo internacional y vinculante para prevenir que los brotes futuros de enfermedades infecciosas se transformen en epidemias.
Como ha argumentado Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS, este nuevo acuerdo debería sustentarse en un compromiso de alto nivel con la salud para todos, basado en la equidad y solidaridad entre los países. Todos los habitantes del planeta, con independencia de su nivel de riqueza o ingresos, deberían tener un acceso fácil a lo que necesiten para mantenerse sanos, y la comunidad internacional debería garantizar el uso y la distribución equitativos de los recursos médicos disponibles. Para eso se necesitarán un sistema global de vigilancia plenamente funcional, una rápida trazabilidad y apoyo compartido en caso de emergencias, y una financiación predecible.
Nada ilustra con mayor claridad la necesidad de un acuerdo así que el fracaso colectivo del mundo en cumplir la promesa de distribuir equitativamente las vacunas contra el COVID-19. Si bien gracias a la excelencia científica y un potente esfuerzo de producción habremos fabricado 12 mil millones de dosis (suficientes para vacunar a todos los adultos del planeta) para fines de 2021, un 95% de los adultos que habitan en países de bajos ingresos siguen sin protección. Este es, tal vez, el fracaso de salud pública más grande de nuestros tiempos.
Es muy probable que la meta de vacunar a un 40% de la población adulta de cada país para diciembre de 2021, acordada internacionalmente por la OMS, no se cumpla en 82 países. Siguiendo las actuales tendencias, no será sino hasta la próxima Semana Santa cuando nos acerquemos a esa cifra, e incluso entonces varios países no alcanzarán. De hecho, desde la cumbre del G7 de junio, cuando los líderes mundiales se comprometieron a que todo el planeta estaría vacunado contra el COVID-19 para 2022, la brecha entre los vacunados y los no vacunados se ha ampliado, más que reducido.
En los países de altos ingresos, las tasas de vacunación aumentaron de un 40% en junio a cerca de un 74% en la actualidad, pero han subido a un ritmo lentísimo en los países de bajos ingresos, desde un 1% a menos de un 5%. Por cada adulto inoculado en un país de bajos ingresos, seis en los de ingresos medianos y altos están recibiendo una dosis de refuerzo. Y un 73% de los trabajadores sanitarios en África siguen estando sin protección.
Es cierto que existen iniciativas regionales importantes que han dado pasos para ir cerrando esta brecha. El Fideicomiso Africano de Adquisición de Vacunas, encargado de comprar las vacunas para la Unión Africana, ha adquirido 400 millones de dosis únicas de vacunas a Johnson & Johnson y, gracias a Strive Masiyiwa, presidente del Fideicomiso y al gobierno estadounidense, 110 millones de dosis adicionales de Moderna, con 50 millones a entregar para marzo. Pero eso todavía no es suficiente para vacunar a los 1,3 mil millones de africanos y africanas que lo necesitan.
Esta situación no es difícil de explicar: un estudio reciente realizado por Airfinity concluyó que los países más ricos del planeta han adquirido un 89% de todas las vacunas contra el COVID-19, y en la actualidad tienen el control de un 71% de las entregas futuras. El Norte Global está incumpliendo sus compromisos de donar vacunas al Sur Global. EE.UU. ha enviado apenas un 25% de lo prometido, mientras que la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá lo han hecho incluso peor, con solo el 19%, el 11% y el 5%, respectivamente, de las dosis prometidas. El Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), que esperaba distribuir dos mil millones de dosis para diciembre, ahora espera entregar solo tres cuartos de esa cantidad.
Tal es la escala de acumulación de vacunas en los países ricos que Airfinity estima que, para fines de 2021, 100 millones de dosis en las existencias del G20 superarán la fecha de vencimiento y quedarán sin ser utilizadas. El que los países del G20 hayan acumulado vacunas que salvan vidas, negándoselas a los países más pobres mientras permitían que decenas de millones de dosis se fueran a la basura, constituye un acto de vandalismo médico y social moralmente indefendible que nunca se tendrá que olvidar ni perdonar.
Las desigualdades en el acceso a las vacunas muestran por qué se necesitan más cambios fundamentales en la arquitectura de salud pública internacional y global de toma de decisiones sanitarias. Por supuesto, entre las organizaciones internacionales únicamente el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio y el Tribunal Penal Internacional, cuyas decisiones son finales, poseen la libertad y la autoridad para adoptar decisiones vinculantes que los gobiernos nacionales estén obligados a seguir. Precisamente por eso, estas entidades se encuentran bajo el asalto de una coalición de antiinternacionalistas. No va a ser fácil llegar a un tratado vinculante.
El mundo ya cuenta con un tratado global para reducir la oferta y la demanda de tabaco, y con un acuerdo de 2011 para asegurar que la OMS pueda obtener vacunas antigripales en caso de necesidad. Pero hasta ahora no hemos podido llegar a un pacto internacional y legalmente vinculante que dé atribuciones a las autoridades sanitarias mundiales para prevenir, detectar, prepararse y controlar una pandemia. En momentos en que están apareciendo nuevas variantes del Covid-19, resulta imperativo que la cumbre especial inicie un proceso para desarrollar un acuerdo legalmente vinculante bajo el auspicio de la constitución de la OMS.
Más aún, los gobiernos pueden aprovechar varios informes importantes recientes, como el realizado por el panel independiente de alto nivel del G20, realizado por los equipos de Larry Summers, Tharman Shanmugaratnam y Ngozi Okonjo-Iweala; el informe encabezado por Mario Monti para la Región Europea de la OMS, y la revisión de la OMS liderada por la ex Presidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf y la ex Primer Ministra neozelandesa Helen Clark.
Un acuerdo sólido debería contar con varios elementos clave. Primero, los líderes de la salud global deben tener más autoridad para desarrollar y actualizar la vigilancia sanitaria. Segundo, tenemos que aprovechar el trabajo pionero del Acelerador de herramientas de acceso contra la COVID-19 (ACT-A) y el COVAX, y asegurar la fabricación y distribución equitativas de equipos de protección personal, pruebas, tratamientos y vacunas, de manera que todos los países puedan protegerse mejor contra las pandemias actuales y futuras. En tercer lugar, necesitamos un consejo global de preparación para pandemias.
Pero todo eso solo funcionará si los líderes definen un mecanismo de financiación sostenible para dar respuestas a las evidentes inequidades globales en la provisión sanitaria. En tiempos de crisis globales, demasiado a menudo nos vemos reducidos a mendigar o a convocar a conferencias ad hoc de donantes. Idealmente, la preparación para las pandemias se debería financiar siguiendo una fórmula de cargas compartidas que asigne los costes entre los países con mayor capacidad de pago. Incluso hoy, menos del 20% del presupuesto de la OMS se cubre de esta manera. La erradicación de la viruela en las décadas de 1960 y 1970 fue histórica no en menor medida porque el impulso final se originó en un acuerdo de compartir los costes entre los países más ricos.
No cumplir los objetivos globales de vacunación contra el COVID-19 podría costarnos $2,3 billones en PIB perdido para 2025. Dada esa perspectiva, el presupuesto de $10 mil millones anuales para prevención y preparación para la pandemia propuesto por el panel independiente de alto nivel del G20 ofrecería uno de los mayores retornos sobre la inversión de la historia. Pero debemos actuar ahora, y la cumbre de la AMS de esta semana es el lugar para comenzar.
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Gordon Brown, ex Primer Ministro del Reino Unido, es Enviado Especial de las Naciones Unidas para Educación Global y Jefe de la Comisión Internacional de Oportunidades de Financiamiento de la Educación Global.
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