Paola Ángel viajaba en el transporte urbano, rumbo a la Ciudad de México, para iniciar su jornada laboral como repartidora de Rappi. En una parte del recorrido de más de dos horas desde su casa en el Estado de México, un hombre que iba sentado junto a ella la asaltó. Le quitó el teléfono y su dinero, pero no le bastó con eso. “Cierra los ojos”, le dijo y comenzó a tocarla sin su consentimiento, hasta meterle la mano entre su ropa y besarla a la fuerza.
Todo sucedió bajo la mirada de otros hombres que, cuando el agresor se fue, se burlaron de ella, todavía en estado de shock. Nadie la ayudó. Tampoco Rappi cuando reportó la agresión, pues “no estaba conectada a la aplicación” cuando esto sucedió.
“Espero que te recuperes pronto y que puedas volver a trabajar con nosotros”, fue la respuesta que Paola asegura haber recibido de la empresa. “Yo he tenido esa mala experiencia, pero no quiero que mis compañeras pasen por lo mismo”, afirmó.
Por eso, en junio de 2020, decidió fundar Ni Una Repartidora Menos, una organización para defender a las repartidoras de la Ciudad de México ante abusos y violencia de todo tipo. Hoy esta red tiene cerca de 100 integrantes y, de acuerdo con su estadística, 8 de cada 10 compañeras han vivido situaciones de acoso y hostigamiento sexual por usuarios de la aplicación móvil.
Casos, caos y limitaciones
“Nunca le dije a nadie lo que estaba ocurriendo porque me daba vergüenza. Todo cambió cuando una compañera más grande mencionó que le había pasado algo similar en varias ocasiones. Fue ella quien me acompañó a hacer la denuncia”, Natalia, de 19 años, se animó a contarle a otra repartidora acerca de un cliente que la llamaba todos los días para invitarla a su casa.
En un entorno riesgoso, las empresas se limitan a otorgar manuales sobre el buen comportamiento de la persona repartidora: “No acercarse al cliente, no compartir datos personales, ser siempre amable”. De esta forma, la precarización laboral esconde una lógica de revictimización. Las trabajadoras deben seguir las normas establecidas por la aplicación para evitar situaciones de violencia y, si algo les ocurre mientras están trabajando, nadie se hará cargo porque ellas son las responsables de su propia seguridad.
“Conozco casos en los que la reparación de los daños por asaltos y accidentes ha tomado más de 15 días. Y en todo ese tiempo la persona afectada pasa sin poder trabajar ni recibir un peso”, explica Yésica, de 25 años y repartidora en Argentina. Su tiempo, desde que empezó a trabajar hace tres meses en Pedidos YA, se divide entre las horas que pasa haciendo entregas en su bicicleta y sus estudios universitarios. Su trabajo en la aplicación -al que ve como temporal-, le da los horarios flexibles que necesita.
Describe a los riders, sin importar a qué aplicación pertenezcan, como una comunidad en la que se protegen entre sí. Cuando la demanda de pedidos disminuye se reúnen en puntos clave y tienen grupos de WhatsApp en los que pueden reportar que necesitan ayuda.
Ni sus colegas ni quienes utilizan la aplicación le han faltado al respeto, pero sí ha sido acosada mientras pedalea por las calles de Ramos Mejía y San Justo, dos partidos del barrio La Matanza, ubicado en la provincia de Buenos Aires, a poco más de 30 kilómetros del Centro de la Ciudad.
Además, afirma haberse enterado de casos de agresiones a personas trabajadoras de las aplicaciones y la ha impactado uno en particular. “Hace unas semanas una chica que trabajaba para la misma aplicación que yo, fue agredida por tres hombres. La asaltaron y la apuñalaron. Lo sucedido no fue cubierto por los medios y ningún representante de la empresa llegó al hospital a verla. No tomaron más medidas de seguridad ni nada”, narró.
Yésica admite que es un trabajo inseguro para las mujeres y no lo califica como “bueno”, sin embargo, es lo que la mantiene a flote económicamente.
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Respuestas colectivas
Si bien las condiciones laborales son las mismas para ambos géneros, las mujeres se enfrentan a un marco de mayor vulnerabilidad. Ante este panorama, muchas trabajadoras buscan agruparse y hacerle frente a la precarización.
Desde 2019, en Argentina hubo distintos intentos para establecer un sindicato de repartidores, pues el país tiene una extensa tradición vinculada al movimiento sindical. Sin embargo, reclamar derechos a un patrón que carece de rostro no es fácil.
En junio de 2021, se anunció la creación del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones (SiTraRepA), cuyo principal objetivo es obtener el reconocimiento de la relación laboral y los derechos correspondientes a un trabajo en relación de dependencia.
Con respecto a las problemáticas específicas al género, Belén, de 29 años y secretaria adjunta del sindicato, explicó: “De por sí, manejarse en la sociedad siendo mujer es mucho más difícil. Trabajar en calle arriba de una bici o una moto implica estar mucho más expuesta al acoso o la violencia”.
Luego, agregó: “Es muy frecuente que, en el momento de retirar la comida, se den situaciones de maltrato por parte de los restaurantes. El contexto patriarcal hace que para los hombres sea mucho más fácil plantarse, mientras que para una mujer se vuelve algo tenso y difícil. Las métricas del rating varían según el tiempo de retiro, entonces la demora se vuelve un problema”.
En los últimos meses, SiTraRepA comenzó a organizar postas solidarias donde las personas trabajadoras pueden cargar su celular, charlar con otros o parar a comer. Para muchas mujeres se trata de un espacio de contención en el que comparten sus experiencias y las distintas problemáticas que las aquejan. Realizar medidas así es urgente no sólo en Argentina, sino también en toda la región.
Uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres y poblaciones LGBTIQ+ repartidores en Latinoamérica es la ausencia de un representante de las empresas de delivery que, en caso de abuso o violencia, garantice asistencia física y psicológica o la aplicación de un protocolo de violencia de género. Tampoco existe la garantía de derechos laborales básicos como licencia por maternidad.
El Observatorio de Plataformas Digitales, liderado por la socióloga y desarrolladora de plataformas Alejandra Dinegro, ha podido conocer las necesidades y problemáticas que enfrentan en el Perú mujeres y poblaciones LGTBIQ+ repartidores, algunos de ellos migrantes: “Además de ser extranjeras, la xenofobia, el acoso y hostigamiento a las mujeres y la homofobia es fuerte. Tienes cuatro cosas con las cuales enfrentarte y eso no es nada sencillo”, puntualiza preocupada.
Además, Dinegro evidencia cómo es que no funciona el mecanismo de la aplicación en caso de presentar una denuncia. “Las repartidoras no tienen la facultad de quejarse de los usuarios, no los pueden calificar porque hay una calificación unilateral y arbitraria. Si a las mujeres les piden favores sexuales o las acosan, las van a calificar bajo porque ellas se niegan. Así, ellas no llegan a escalas valorativas altas, por lo que tienen menos repartos, menos ingresos y por lo tanto tienen que ver otra forma de generarlos”, indica.
En la Ciudad de México, la organización Ni Una Repartidora Menos cuenta con un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género, que inicia con la identificación del viaje de alguna repartidora a una zona riesgosa de la ciudad. Solicitan su ubicación en tiempo real, por ocho horas a través de WhatsApp, y se le monitorea por mensajes y llamadas durante el tiempo estimado para la entrega de su pedido. Si la repartidora no contesta en los primeros minutos de haber entregado un pedido, se da aviso en otros grupos de WhatsApp -especialmente al grupo aliado de Ni Un Repartidor Menos- para iniciar su búsqueda en las calles.
“Tenemos una alianza con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ellos nos mandan a las policías de género”, explicó Paola Ángel respecto a un acuerdo que lograron a través de una mesa de diálogo entre ambas organizaciones de repartidores.
“En casos así, van puras policías mujeres a atender la situación e, igual, si la compañera fue violentada, pedimos una ambulancia Atenea, donde las paramédicas son mujeres”.
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Ausencias legales y empresariales
Como parte de una investigación para su maestría, Alejandra Dinegro terminó descubriendo, en 2019, un vacío normativo, legal, laboral y administrativo en la relación entre plataformas digitales de delivery y mujeres y poblaciones LGTBIQ+: “Si tú reasignas un pedido de una zona ‘roja’ por cuidarte, el aplicativo te sanciona. Si vas a ese lugar, te arriesgas a que te roben o que te hagan otra cosa. Si te desconectas y justificas que estás embarazada, la plataforma te sanciona, porque no eres trabajadora”, asegura. En la tercerización del trabajo no se ven reflejados sus derechos.
Para la abogada laboralista Ana Roque, el que mujeres y poblaciones LGBTIQ+ no tengan una relación formal de trabajo, no les obliga a empresas como Rappi o Pedidos YA a crearla. “(En Perú) el tema es más grave con ellos porque hay una tasa alta de informalidad. Dentro de este universo de informalidad laboral, si para el repartidor varón ya de por sí es compleja la situación porque no se le reconocen derechos, para mujeres y poblaciones LGTBIQ+ es peor, porque son una población mucho más vulnerable”, enfatiza.
“No tenemos instituciones públicas sólidas que realmente protejan a las mujeres, poblaciones LGTBI+ y migrantes. Rappi y Pedidos YA tienen una personería jurídica y, por ende, deben cumplir las obligaciones de una empresa. Si ellos tienen más de 20 trabajadores administrativos, en planilla, deberían tener un comité de investigación frente al hostigamiento sexual. Si tienen menos de 20, deberían tener un delegado”, indica la abogada.
No obstante, al no pertenecer a planilla ni ser trabajadores administrativos, ¿un acto de acoso u hostigamiento entre repartidores, repartidora y cliente entraría a ser investigado?
En Perú, Luisa, repartidora de Rappi, llamada así por seguridad, señala que un cliente le escribía frases incómodas antes de entregar su pedido. “Me ponía cosas hostiles. Ahí mismo acudí con mis compañeros y uno de ellos me acompañó a entregar el pedido. El tipo me decía que vaya a su casa, que estaba solo y no sé qué tantas cosas más”. Asegura que desconoce si Rappi tomaría acciones al respecto. No lo intentó, al saber que es trabajadora tercerizada. “Al final tú no puedes reclamar”, afirmó, “porque quien va a tener la razón es el cliente”.
“Me parece que es un poco confuso”, afirma Roque, “porque tendría que haber un acuerdo de sujeción. Si no ocurre este acuerdo, solamente lo tendría que ver la ley penal, si hay delito de acoso. Lamentablemente, el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial nos dicen: ‘Oye, no voy a investigar un tocamiento indebido que es difícil de probar que ocurrió. Olvídate de esa denuncia, ya fue’”.
Al realizar una búsqueda en sus respectivos sitios web, ni Rappi o Pedidos Ya cuentan con un mecanismo para actuar ante el peligro a los que están expuestas, sobre todo, mujeres y poblaciones LGBTIQ+. RepartosLATAM buscó a ambas empresas en Perú para conocer su postura, sin embargo, sostuvieron que no ofrecerán entrevistas.
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Esta nota fue publicada originalmente en "RepartosLATAM: entregar en pandemia", una investigación colaborativa y transnacional de la 5ta generación de la #RedLATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.
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