“Ahora los chicos no se enferman más”, expresa Mónica Beatriz Menéndez, referente wichi de la comunidad La Bendición, ubicada en el norte de Salta. Esa es una buena noticia. Quiere decir que se trabajó adecuadamente sobre los problemas urgentes que atraviesan estas poblaciones. Pero también esta mujer que se dedica a la artesanía dice: “Nosotros sufrimos mucho. No tenemos luz y las cañerías de agua no llegan hasta acá”. Eso quiere decir que aún persisten problemas estructurales en los que hay que seguir trabajando.
Menéndez aclara que su comunidad está cambiando gracias a la ayuda recibida por parte de la Cruz Roja Argentina. “Nos trajeron lavandina, toallitas para limpiar la cara, cepillos y el tanque de agua para poner afuera”, dice la mujer. Hace un año y medio, la organización instaló un campamento en el norte salteño para dar una respuesta humanitaria. Allí se garantizó la distribución de agua de calidad a cincuenta comunidades de la región.
El 29 de enero de 2020 la provincia de Salta declaró la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, Rivadavia y General San Martín debido a la grave crisis que atravesaba la región, manifestada principalmente en el fallecimiento niños y niñas indígenas por cuadros de desnutrición e inseguridad alimentaria o enfermedades asociadas a ella, y el agravamiento de la salud de cientos en similar condición. La medida extraordinaria definió la obligación de dirigir los mayores esfuerzos estatales a asistir de manera inmediata a las personas que habitan en las mencionadas localidades, a través de acciones enfocadas en cubrir las necesidades de alimentación, salud y agua segura.
En los tres departamentos viven más de 350 comunidades indígenas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas ni a todas las personas que requieren de asistencia social, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento, y con limitaciones de acceso a los servicios de salud. Históricamente existe una débil presencia estatal. Existen barreras de cultura e idioma que las separan de los funcionarios estatales, en especial en el caso de las mujeres. Existen además barreras físicas: por la distancia y lo inaccesible de los caminos de tierra que en épocas de lluvia aíslan a muchos parajes rurales. Estas condiciones profundizan la desigualdad y la exclusión social que afectan a los pueblos indígenas.
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El trabajo que se activó tras la muerte de niños y niñas wichi
En febrero 2020, la Cruz Roja hizo un relevamiento en la zona y detectó que solo el 11% decía disponer de agua todos los días. En marzo 2021, ese porcentaje llegó al 82%.
Frente al cambio positivo que se ve en las comunidades, la pregunta que no podemos dejar de hacernos es: ¿acaso las muertes de los niños y niñas wichi ocurridas a principio de 2020 eran evitables? Incluso, con pandemia de por medio, en menos de un año se desarrollaron acciones que permitieron reducir significativamente los fallecimientos por causas asociadas a la desnutrición. ¿Por qué llegamos tarde a atender los problemas?
Ante este interrogante, el Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent responde: “Sí, la muerte de los niños y niñas era evitable. Los problemas no habían sido atendidos por centenares de años. Es preocupante cuando una sociedad naturaliza las muertes, pero a comienzos de 2020 hubo una reflexión colectiva y se despertaron las conciencias. Desde entonces, se activaron recursos importantes y el Estado se movió rápidamente. También hubo un despliegue importante de las organizaciones de la sociedad civil. Aprendimos que cuando hay voluntad se pueden hacer cosas importantes. Ahora hay que desplegar esfuerzos más allá de la emergencia y construir soluciones estructurales. En eso tenemos que trabajar desde la comunidad internacional con el Estado argentino y con la sociedad civil”.
El 6 de febrero de 2020, se realizó una primera misión de nivel estratégico en Salta encabezada por el Coordinador Residente de Naciones Unidas, junto con representantes de UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), el presidente de la Cruz Roja Argentina y el responsable de Cooperación de la Comisión Europea.
A partir de entonces, el Gobierno nacional, con apoyo de Naciones Unidas y los socios humanitarios, elaboró el Plan de Respuesta de emergencia sociosanitaria. En este marco, y en articulación permanente con las autoridades gubernamentales, desde su implementación se han desarrollado estrategias para el manejo comunitario de la desnutrición aguda, se han apoyado los esfuerzos en materia de agua e higiene y se han incorporado nuevas líneas de formación, investigación y acompañamiento en materia de violencia contra las mujeres, promoviendo la participación indígena y considerando el nuevo escenario producto de la circulación del COVID-19 en la región.
Valent y su equipo realizaron una segunda misión a Salta entre el 23 y el 27 de agosto de 2021 para evaluar el plan de respuesta humanitario internacional a la emergencia sociosanitaria, así como intercambiar con autoridades provinciales, referentes de organizaciones de sociedad civil y miembros de comunidades indígenas respecto de avances en la zona de la emergencia. En esta oportunidad, se recorrieron las ciudades y parajes de Salta, Orán, Tartagal, Embarcación y Santa Victoria Este.
“En general lo que hemos visto es un contexto en el cual poblaciones indígenas, pero también criollas, viven en situación de pobreza extrema o indigencia. Las poblaciones indígenas nos han informado que se sienten profundamente discriminadas, no solo en el acceso a servicios y derechos básicos, pero también discriminadas por agentes del Estado en los ámbitos educativos, de salud y de seguridad,” afirma Valent. “Claramente, el Estado ha desplegado importantes iniciativas y recursos para atender los impactos de la emergencia y prevenir la agudización de la seguridad alimentaria y de la falta de agua, sin embargo la dimensión de los problemas es tan importante que se sugiere la activación de un programa de atención socioeconómica con enfoque de derechos humanos y género que atienda a las necesidades insatisfechas para que los derechos humanos de estas poblaciones estén en el centro de la respuesta y sean respetados y promovidos”, agrega.
Durante el verano, la sequía en la zona se agrava. Por eso es necesario desde ahora redoblar esfuerzos e implementar acciones para evitar nuevos desenlaces fatales. El Coordinador Residente de Naciones Unidas asumió la responsabilidad de coordinar y facilitar la implementación de la respuesta de organizaciones de cooperación internacional, brindando apoyo en cuanto al manejo de información sobre las actividades las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias que están desarrollando intervenciones de asistencia en Salta por la emergencia sociosanitaria. “Hemos decidido activar un programa interagencial desde Naciones Unidas. Vamos a trabajar los problemas desde distintas perspectivas. Tenemos más de diez agencias con actividades en la zona”, dice Valent.
Estar cerca, un factor clave
Una de las claves para encontrar soluciones fue estar cerca de las comunidades. La Cruz Roja ejerció un papel preponderante en ese sentido. El campamento se ubicó en el municipio de Santa Victoria Este, en el noreste de la provincia de Salta, en el corazón de las comunidades wichi, toba y chorote. La intención fue trabajar desde la propia convivencia con las dificultades que se buscaba resolver. Al principio, el campamento se pensó como una estrategia para sostener por tres meses. “Como vimos que el impacto fue enorme y que mejoró la calidad de vida de las personas, decidimos sostenerlo por más tiempo. No se necesitan planes faraónicos. Lo más importante es estar cerca”, enfatiza Diego Tipping, el presidente de la Cruz Roja Argentina. El campamento lleva potabilizados más de 40 millones de litros de agua.
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Tipping cuenta que las comunidades tenían naturalizada la diarrea y algunas enfermedades que estaban asociadas a agua en mal estado. Entre los resultados del proceso, se destaca la disminución de las personas que sufrían diarrea. También mejoró el acceso a la red de agua. En febrero 2020 el acceso alcanzaba al 40% y ahora se llegó al 77%.
Se entregaron polvos potabilizadores y filtros familiares que tienen la capacidad de filtrar hasta 30 litros de agua por día. A su vez, se distribuyeron filtros comunitarios para ser utilizados en los centros de salud, escuelas y espacios comunes. También se trajo desde España, en medio de la pandemia, una planta potabilizadora con capacidad de producir 60.000 litros de agua por día.
“Además de trabajar en el acceso al agua, se dedicó tiempo al saneamiento y se profundizó un trabajo en temas de género e inclusión. Trabajamos con el INTA para el armado de huertas y buscamos capacitar a las comunidades para que aprendan a ponerle valor a sus artesanías. La cercanía fue valorada por los pobladores. Ellos nos propusieron que nos instalemos de forma permanente en un centro comunitario. Eso habla de la aceptación comunitaria de nuestra forma de trabajar”, dice Tipping.
La Cruz Roja tiene la intención de replicar este proyecto en todo el corredor norte del país. “Presentamos la iniciativa a la Unión Europea para expandir la metodología en la zona. Dependemos del financiamiento para avanzar”, señala el presidente de la Cruz Roja.
Tipping también recuerda cuando los ojos de todo el mundo estuvieron puestos en la zona. “En un momento determinado toda la sociedad estaba atenta a lo que ocurría con las comunidades. Lo importante es seguir estando cuando todo eso pasa porque las problemáticas subsisten. El compromiso es sostener el trabajo más allá de que sea o no sea noticia”, reflexiona.
