En 2011, Mónica llegó al barrio La Comercial en busca de un futuro mejor. En un pequeño terreno del barrio, ubicado entre dos vías de tren en el partido bonaerense de Pilar, construiría una nueva casa para su familia.
“Por muchos años vivimos en una villa al lado de un arroyo, que cada dos por tres se inundaba y nos dejaba con agua hasta el cuello. Era insalubre para mis hijos”, cuenta Mónica. “No queríamos vivir más en esa situación. No era una vida digna”.
Cuando Mónica y su marido se enteraron que en La Comercial había terrenos en venta a un precio accesible, decidieron vender su pequeña casa al lado del arroyo para invertir en una nueva vida.
“Ahora miro para atrás y me doy cuenta que me equivoqué por ingenua, por la urgencia y la necesidad de querer salir de ese lugar donde se estaban enfermando mis hijos”, dice Mónica.
En febrero de este año, la municipalidad les anunció a Mónica y a las otras 200 familias del barrio que se estarían rematando los terrenos y desalojando a las familias que estaban ocupando las tierras. El hombre que les había vendido los terrenos no era verdaderamente el dueño de esas tierras.
“Fue como si nos hubiésen tirado un balde de agua fría. Pensar que iba a venir una topadora, y sacarnos todo lo que teníamos y habíamos logrado construir… es una imagen que duele”.
La historia de Mónica se repite una y otra vez entre las más de 3.5 millones de familias que hoy en día viven en las distintas villas y barrios populares del país. Muchas de ellas tienen sus casas en estos barrios hace décadas, pero pocas tienen un certificado de propiedad que les garantice el derecho de vivir en esas tierras.
Pero gracias a la movilización de los vecinos y a una nueva ley nacional, Mónica y las demás familias de La Comercial podrán tener finalmente asegurada la tenencia de su tierra.
El pasado 11 de octubre, el Senado de la Nación sancionó la ley de “régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana” que permitirá otorgarle a los habitantes de los más de 4 mil barrios populares del país títulos de propiedad sobre las tierras en las que están construidas sus viviendas.
“Cuando se sancionó la ley, lloré de emoción”, dice Araceli Ledesma, referente del barrio Lagomarsino, en el partido de Pilar. “Una vez que empiecen a dar los títulos, las personas no solo van a sentir que finalmente son dueñas de su tierra. Van a tener acceso justo a la electricidad, a las cloacas, al agua de red. Creo que va a cambiar el sentido de vivir en un barrio popular. Va a cambiar nuestro futuro”.
A pesar de que la ley es la primera en promover la titularidad de tierras en villas a nivel nacional, algunas ciudades y municipios han impulsado iniciativas similares a nivel local, permitiendo analizar el impacto que esta nueva ley tendrá a partir de ahora a nivel nacional.
El caso San Francisco Solano
Fue uno de los primeros asentamientos urbanizados de la Argentina. Todo comenzó cuando en 1981, alrededor de 1.800 familias ocuparon un terreno en San Francisco Solano, en el partido bonaerense de Quilmes. Luego de varios intentos de desalojo durante la dictadura militar, en 1984 el congreso de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley expropiando las tierras a sus dueños originales para adjudicárselas a las familias que habían ocupado el terreno.
La legislación, al igual que la reciente ley nacional, establecía que el gobierno le pagaría una compensación monetaria a los dueños de las tierras y luego le otorgaría títulos de propiedad a las familias.
A través de dos encuestas realizadas en 2003 y 2007, los economistas Sebastián Galiani y Ernesto Schargrodsky analizaron el impacto de la titularidad de tierra en Solano, comparando las familias que recibieron títulos de propiedad y las que no (debido a que algunos dueños originales de la tierra no accedieron a venderlas).
Los resultados que los economistas mostraron en el estudio publicado en 2010 fueron contundentes. El informe reveló que las familias que recibieron títulos de propiedad realizaron más inversiones en sus viviendas –mejorando techos, paredes y agrandando las casas–, disminuyeron el número de familiares viviendo en una misma casa, y mejoraron el desempeño académico de sus hijos.
Según el mismo estudio, los hijos de las familias que recibieron títulos de propiedad tienen el doble de probabilidad de terminar el secundario que los de familias que no recibieron la titularidad.
“Darle títulos de propiedad a familias pobres incrementa la inversión en sus viviendas y en el capital humano de sus hijos, que a su vez debería contribuir a una reducción de la pobreza en futuras generaciones”, concluyen los economistas.
Conocé los detalles del ambicioso proyecto de ley
En la misma línea un análisis del investigador del CONICET, Pablo Vommaro, resalta a la organización de lo vecinos como una de las razones por las cuales la urbanización de Solano fue exitosa. El involucramiento de los vecinos en todo el proceso de urbanización, desde la toma de tierras hasta la formalización del asentamiento, es el mismo que hizo posible la urbanización de otros barrios populares, como Villa Palito.
Lecciones de otros países latinoamericanos
Más allá de los beneficios que la regularización dominial podría brindar a los vecinos de villas y barrios populares, expertos en el tema advierten que para verdaderamente lograr una integración socio-urbana de estos barrios, la regularización debe estar acompañada por otras políticas públicas.
“La propiedad de tierra es uno de los puntos de la integración social-urbana, pero no es el más relevante. Los servicios básicos son la prioridad para los vecinos. En las villas se vive una pobreza multidimensional que también incluye la falta de acceso al trabajo, al transporte, y a los servicios básicos. No es que mágicamente, con ese papel, las familias tienen acceso a estos otros derechos”, dice Virgilio Gregorini, director ejecutivo de TECHO Argentina.
Algunos países de la región son ejemplos de la importancia que tiene acompañar la regularización dominial en villas con la promoción de otros derechos.
“Perú, por caso, es un ejemplo de todo lo que salió mal. En la década del 90 hubo una política de titulación masiva, suponiendo que eso iba a motivar a los habitantes de esos lotes a mejorar sus casas y acceder a servicios públicos. Pero nunca se llegó a eso”, explica Rosario Fassina, integrante del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según una reciente investigación realizada por Ojo Público, a pesar de que Perú lleva tres décadas implementando políticas públicas para entregar títulos de tierra a poblaciones informales, el proceso de titulación no ha sido total y tampoco produjo mayor acceso a servicios o mejoras en las viviendas.
En cambio, algunos expertos destacan el caso de Brasil como un ejemplo de política de titulación más efectiva.
“En Brasil se planteó una ley muy similar a la de Argentina, pero comenzando al revés. Empezaron con procesos de mejoramiento de infraestructura y servicios, y recién al final se entregaba el título de propiedad. Es un proceso similar al que se está dando en algunas villas en la Ciudad de Buenos Aires”, explica Fassina.
