El miércoles pasado, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó el proyecto de ley de “Marco regulatorio para desarrollar la industria del cannabis medicinal y la del cáñamo industrial”. Es una propuesta que completa la ley 27.350 (que rige al cannabis medicinal) y establece mecanismos de regulación, fomenta el desarrollo de la cadena productiva y, especialmente, promueve a las cooperativas y a las PyMEs.
Pero al mismo tiempo, los aceites de cannabis medicinal que hoy utiliza la gente no suelen tener control de calidad (en 2019, una encuesta de la Asociación Civil Miradas —una de las pocas que hay, o quizás la única— mostró que en Rosario cerca del 75% de los usuarios los consigue sin siquiera asesoramiento médico) y aunque la ley los protege si se anotan en un registro, hay cultivadores de cannabis (para fines medicinales) que siguen sufriendo allanamientos. Por ejemplo en Córdoba, donde en marzo de este año la policía entró sin orden de allanamiento a una propiedad y se llevó 19 plantas. En este panorama, el cannabis medicinal parece sumergido en un caos.
“Hay un poco de confusión”, dice Marcos Chigal, abogado e integrante de Reset, una ONG dedicada a la política de drogas y derechos humanos. “Hasta hace poco, la ley restringía derechos porque solo podían acceder al cannabis medicinal las personas inscritas en un registro con patologías específicas. Con el decreto 883 de noviembre del año pasado, que derogó el anterior, se ampliaron los derechos de las personas usuarias: ahora puede inscribirse en el registro cualquier persona, sin importar la patología. Pero ese decreto es reglamentario de una ley que sigue siendo la misma que antes y ahí viene la confusión: un nuevo decreto la volvió a reglamentar”.
Por otro lado, Chigal cree que una resolución del Ministerio de Salud de marzo de 2021 (la número 800), fue un retroceso en lo que hace a la posibilidad de acceder a ese registro de usuarios. La resolución establece una cantidad máxima de plantas que cada usuario puede tener (nueve) y señala que sólo pueden ser cultivadas en 6 metros cuadrados en interior. ¿Pero qué significa “interior”? Eso generó ambigüedades: en verdad, significa que es un cultivo controlado, pero la reglamentación no lo aclara. Por otro lado, nueve plantas parece poco para algunos usuarios que necesitan rotar cepas y evitar acostumbramiento.
Aunque en las grandes ciudades hay más médicos que recetan cannabis, de a poco algunos lo hacen en las provincias más alejadas y aprovechan los cursos de posgrado en sistema endocanabinoide. En la misma resolución 800 se aclara que la indicación médica es un consentimiento informado donde se indica la patología, el tratamiento, la cantidad de plantas y la concentración de THC. “Se hace un poco difícil seguir todo eso en preparados artesanales”, dice Chigal.
Fresia Silva Sofrás es bióloga y desarrolla métodos para asegurar calidad, eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos derivados de marihuana: cuando la entrevistamos en 2019 nos dijo que el 70% de esos productos eran poco confiables. Es decir, que mucha gente que se trata con aceite de cannabis en realidad ingiere algo que no es tan efectivo como le dijeron que era.
Silva Sofrás analizó más de 150 aceites entre 2018 y 2019. “La mayoría dicen en la etiqueta que son de CBD”, explica ahora, “pero cuando los analizás, ves que no tienen nada de CBD. No sé hasta qué punto es negligencia… u otra cosa”.
Ella es la primera científica argentina que investiga, con una beca del CONICET, algunos de los derivados terapéuticos del cannabis. Su especialidad es la química analítica, y en el laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires recibe y testea muestras de aceite que la gente lleva para verificar. Ella los somete a un test. Y ha visto aceites con concentraciones muy bajas de canabinoides: por debajo de los 5 miligramos de CBD por mililitro (como referencia, el medicamento Epidiolex, para tratar convulsiones, tiene 100 miligramos de CBD por mililitro).
La oportunidad de la Argentina: ser líder regional
“La base de la política sobre el cannabis en Argentina sigue siendo la prohibición total de la tenencia, el cultivo, la producción y la venta”, dice Sebastián Basalo, director de la revista especializada THC y organizador de Expo Cannabis en 2019.
“Sobre esa penalización total se creó una excepción: si es con fines medicinales se permite acceder con ciertos resguardos, anotándose en un registro para cultivar por sí mismo, a través de un tercero o de una ONG, o proveyéndose comercialmente, aunque este acceso comercial aún no está regulado en detalle. Esta excepción a la penalización total, que ya está en vigencia, se pretende ampliar con el proyecto de regulación de la producción de cannabis medicinal e industrial del Gobierno”, explica.
Según el ministro Kulfas, más de 50 países avanzaron en algún tipo de legalización para el cannabis de uso industrial medicinal e industrial: Israel, Canadá y Estados Unidos son los líderes mundiales; Colombia y Uruguay, los regionales. La producción global proyectada para dentro de tres años es de 42.700 millones de dólares; es decir, 14 veces más que hace diez años.
“El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece a nivel global”, dijo Kulfas durante la presentación del proyecto de ley. “Hay una gran oportunidad que tiene Argentina para ser líder regional, por sus capacidades agropecuarias e industriales y su entramado científico productivo”.
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Entre las provincias argentinas, Jujuy quiere hacer punta. En abril, el gobernador Gerardo Morales pidió a los productores de tabaco algo que hace uno o dos años hubiera parecido una alucinación: “Planten cannabis porque van a ganar mucha más plata”, les dijo durante la apertura del período de sesiones ordinarias provinciales. “El cannabis es uno de los proyectos más importantes que tenemos y va a dejar más rentas que el litio y que la energía solar. Espero que con esto estemos fundando un cambio en la diversificación y que de aquí a diez años dejemos de plantar tabaco y plantemos cannabis”.
El Ministerio de Salud ya aprobó nueve proyectos provinciales de cultivo e investigación: además de Jujuy, en La Rioja, San Juan, Misiones, Patagonia Norte, Chubut, Pergamino, INTA Castelar y Lamadrid. Son proyectos de investigación que incluyen una etapa de producción e industrialización. En la presentación del miércoles pasado, Kulfas explicó que el objetivo respecto al cannabis medicinal es el desarrollo de la cadena a través de un marco regulatorio. En relación al cáñamo, el objetivo central es el desarrollo de la industria.
El plan de desarrollo industrial está en una zona oscura: aún no hay legislación que lo autorice. El plan medicinal está en una zona gris porque, si bien hay leyes y decretos en la materia, las regulaciones son restrictivas. Eso cree Leandro Halperin, legislador de la UCR en la ciudad de Buenos Aires. “La criminalización sobre quienes cultivan su propia medicina sigue existiendo”, dice. “Los cultivadores solidarios tienen el mismo problema, la industria médica aun no pudo ingresar y la importación es muy restrictiva. Hay un marco normativo que permite existir al cannabis medicinal pero hay normas administrativas y decisiones políticas que todavía lo dificultan”.
Halperin dice que hay varios proyectos para regular el acceso al cannabis en la Legislatura porteña y en el Congreso. “Tiene que ver con el desarrollo académico y técnico”, explica, “y con las oportunidades económicas y fundamentalmente con la política, que va incorporando el cannabis como un tema de agenda legislativa para avalar derechos y fundamentalmente no violarlos”.
El problema de los allanamientos
Pero aún existe el problema de los allanamientos. Aunque la Corte Suprema de la Nación falló en 2009 que la tenencia de drogas para consumo personal no es un delito (en el fallo Arriola), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 2019 y 2020, hubo un incremento de casi el 512% de causas por tenencia para consumo y cerca del 75% responden a posesión de marihuana.
“Hay un enorme problema político normativo, con una proliferación de leyes y ordenanzas, que no logran tener un nivel de coherencia, y los estados no saben cómo regular”, dice Martín García Ongaro, defensor en lo Penal de la provincia de La Pampa. “Hay dos grandes órdenes: uno es internacional y la Argentina tiene que empezar a decidir si políticamente seguirá sosteniendo el nivel de persecución de la marihuana, lo que no se compatibiliza con el conjunto de tratados de derechos humanos; y el otro es en el orden interno y es necesario empezar a incluir la palabra de los estados en la regulación”.
En la presentación con Kulfas, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, admitió: “Nosotros teníamos una ley que encorsetaba derechos, con una mirada punitiva y persecutoria, y sabíamos que teníamos una deuda pendiente”. Y concluyó: “Lo más relevante para nosotros es haber saldado la deuda con la sociedad civil, dejar de sentir que las personas que usaban cannabis medicinal se sintieran perseguidas”. Pero el verdadero resultado de estas nuevas políticas está aún por verse.
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