Hace dos semanas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), se abrió a la firma el Acuerdo de Escazú. Ya lo firmaron 15 países que ahora deberán ratificarlo en sus Congresos. Su propósito: garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
DESDE NUEVA YORK – Dos caras de una misma moneda. América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad, pero también la que reúne mayor cantidad de activistas ambientales asesinados. De allí que el Acuerdo de Escazú busque garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. En definitiva, garantizar los derechos sociales y ambientales olvidados.
Sólo en Sudamérica se encuentra el 40% de la biodiversidad de la Tierra y más de una cuarta parte de sus bosques, según el Programa de ONU para el Medioambiente (PNUMA). Eso despierta el interés de las compañías que priorizan las ganancias por sobre el cuidado del ambiente y sus comunidades. Según la organización Global Witness, el 60% de los asesinatos del 2017 ocurrieron en la región, ubicándose Brasil en el podio internacional con 57 homicidios.
Entre los asesinatos del 2016, el de Berta Cáceres no pasó desapercibido. Mujer, líder indígena y activista ambiental. Defendió los recursos naturales de su Honduras natal y a sus habitantes. El 3 de marzo de 2016 fue asesinada en su propia casa. Entre los acusados hay sicarios, ex militares y responsables de la empresa hidroeléctrica que denunciaba. Aún se espera justicia. Su legado y su lucha se hacen sentir en las páginas del Acuerdo de Escazú.
Carole Excell, directora en funciones del World Resources Institute, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la recuerdan con emoción, demostrando la importancia que el Acuerdo de Escazú se haya abierto a la firma el pasado jueves 27 de septiembre en el marco de la 73° Asamblea General de ONU en Nueva York, Estados Unidos, y que ya haya sido firmado por 15 países, incluyendo la Argentina. Un acuerdo regional que busca garantizar tres ejes en asuntos ambientales: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia.
Un acuerdo participativo. “La sociedad civil participó desde sus inicios hace más de seis años y pudo incorporar muchas de sus propuestas, como los derechos de los defensores ambientales”, explica Aída Gamboa, de la organización Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo del acuerdo es contundente: garantizar la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Enrique Martua Konstantinidis, asesor de Política Climática de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ejemplifica con el caso argentino: “Muchas de las comunidades no tienen acceso, y no se les da la posibilidad de tomar decisiones previamente informadas y participar de audiencias donde puedan expresarse. Hay momentos de conflictividad donde los derechos de las comunidades argentinas se ven vulnerados por proyectos, en su mayoría de la industria extractiva”.
Un acuerdo por la información. “¿Quién tiene el derecho de contaminar y no dar información al respecto? Para algunos, está mal. Para quienes tienen poder, está bien. El Acuerdo de Escazú busca igualar”, de esta manera Andrew Steer, presidente del World Resources Intitute, subraya el rol de la información. Escrita o visual, registrada o sonora, cualquier dato sobre los riesgos o impactos que puedan afectar al ambiente y a la salud humana deberán ser de acceso público.
En diálogo con RED/ACCIÓN, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL -organismo responsable del acuerdo-, explica: “El sector privado puede ser llamado por parte del gobierno para dar información. Al transformarse en legislación nacional, no sólo los gobiernos, sino también los poderes legislativo y judicial tendrán que garantizar el derecho a la información. La presión de la propia sociedad civil será fundamental”.
En esta línea, el defensor ambiental y activista peruano Lizardo Cauper le suma una distinción: “La información tiene que llegar de forma transparente, completa y con el mismo lenguaje que usa el pueblo para que se entienda”.
Un acuerdo para hacer justicia. “A las comunidades les quitan sus tierras y alimentos. Son víctimas de violencia física, incluso de muerte”, enfatiza Stacey Cram, directora de Política de la organización Namati, y agrega: “Tenemos que educar a las comunidades acerca de cómo se pueden beneficiar con este acuerdo”. La justicia pendiente del caso Cáceres espera redefinirse con este acuerdo. “El acceso a la justicia deberá darse en condiciones de igualdad. Éste es un acuerdo basado en derechos. Debemos terminar con la cultura del privilegio de las elites que tienen la información, el capital y la tecnología”, manifiesta Bárcena. El de Escazú, resalta CEPAL, es el único acuerdo jurídicamente vinculante en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Es decir: pueden actuar y expresarse con libertad; sin amenazas, restricciones ni inseguridad, sin todo aquello con lo que luchó Cáceres hasta el final.
Un acuerdo liderado por mujeres. Excell, Cáceres y Bárcena. Tres mujeres. Tres referentes. El Acuerdo de Escazú es resultado de la participación activa de las mujeres en pos del desarrollo sustentable. En conversación con RED/ACCIÓN, la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, destaca: “Cada vez más, las mujeres están ocupando espacios de poder y, desde esos lugares, hacen que las cosas sucedan. El mundo, América Latina y los países de la región no pueden perderse del talento, la energía y el compromiso de las mujeres”. Como hombre, Martua Konstantinidis celebra el liderazgo femenino: “Uno ve una mayor participación de mujeres en asuntos ambientales. La mujer tiene una sensibilidad y una vulnerabilidad frente a estos temas que la hace tomar decisiones”.
Un acuerdo que recién comienza. 15 países firmaron el Acuerdo en la sede neoyorquina de ONU: Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay. El resto lo podrá hacer hasta el 26 de septiembre de 2020. Para que se ponga en vigor, se necesita como mínimo que 11 países lo ratifiquen. Luego deberá incorporarse a las leyes nacionales y crearse nuevas prácticas. Costa Rica ha sido el primer país en ratificarlo. No es casualidad: Escazú es un distrito costarricense donde se adoptó el Acuerdo en marzo pasado. Contenta por el paso alcanzado, pero consciente de lo que aún queda mucho por venir, Bárcena reconoce que “ el desafío es muy grande: los gobiernos tendrán que tomar más a fondo sus responsabilidades con el ambiente, e involucrarse en las relaciones entre poblaciones y empresas”.
“Tenemos que ser cuidadosos con celebrar, pero también prepararnos para el largo tiempo que se viene. Esto no es una batalla de un sólo día, sino que todos los días tendremos que trabajar con todos los actores porque son muchas las violaciones a derechos que ocurren”, asegura Satya Tripathi, consejero de Política Climática y jefe de la oficina de Nueva York de ONU Ambiente. Como expresó Bárcena tras recordar a Cáceres: “No hay ejército que detenga un proceso cuando su tiempo ha llegado. El tiempo de la ciudadanía ha llegado”.
Foto: Laura Jarriel
