El departamento Ramón Lista, el más alejado a la capital de la provincia de Formosa, vive un bloqueo sanitario debido a la detección de más de 150 casos de coronavirus. Según una denuncia de cinco organizaciones territoriales —incluidas algunas parroquiales—, la política sanitaria del gobierno de la provincia es el traslado violento de las personas a centros de aislamiento.
Un comunicado de estas organizaciones dice: “Los traslados se realizan con la policía, muchas veces en horarios nocturnos, sin dar explicaciones ni informar correctamente a dónde los llevan, en algunos casos en móviles no aptos para traslados; [los trasladados] quedan aislados, lejos de sus familias, en plena incertidumbre y, como se demostró en distintas publicaciones y videos que circulan en las redes sociales, en estado de hacinamiento e indefensión”.
Se realizaron varias asambleas convocadas de manera espontánea por los indígenas wichi en sus comunidades, donde se solicitó al gobierno provincial de Gildo Insfrán hacer la cuarentena en las propias comunidades, que la policía no actúe de noche y que las personas que contraigan el virus sean tratadas con respeto. Luego de estas solicitudes, el gobierno provincial habilitó centros en la zona, pero la gente que fue llevada al principio quedó varada en lugares lejanos.
“En los centros de aislamiento de la provincia calculamos que hubo hasta 400 personas”, dice Pablo Chianetta, de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), una de las organizaciones que firma la denuncia. “De la zona oeste de la provincia la policía trasladó gente indígena unos 500 kilómetros hasta la capital de la provincia y la dejaron aislada por 30 días, cuando el plazo legal es de 14”.
En la provincia hubo hasta ahora diez fallecidos por coronavirus. Anteayer, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) de la Nación le pidió informes al gobierno de Gildo Insfrán (quien está en el poder desde 1995) sobre la situación de los centros de aislamiento porque diputados de la Coalición Cívica elevaron una denuncia.
Además, según Infobae, la oposición local denunció que el gobierno modificó las condiciones del centro de aislamiento del Estadio Cincuentenario para la visita del secretario nacional de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que viajó a Formosa a inspeccionar la situación. De hecho, la mayoría de las 400 personas en los centros de aislamientos fueron “liberadas” entre anteayer y ayer. Pero todavía quedan personas aisladas en escuelas, en los pueblos. Por otro lado, la semana pasada, la abogada y concejal opositora Gabriela Neme fue detenida mientras encabezada una protesta, y ya fue liberada.
“Confiamos en que el secretario de Derechos Humanos escuche otras voces”, dice el cura Juan Rosasco, presidente de la organización Manos de hermanos. Hoy Rosasco y otros líderes comunitarios se reúnen con el secretario. “La aplicación de las medidas es muy represiva y los indígenas son tratados con racismo”.
Mientras tanto, los presidentes de los bloques de senadores y diputados de la UCR, Luis Naidenoff y Mario Negri, respectivamente, elevaron un pedido de intervención urgente a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que constate si se vulneraron los derechos humanos de las personas en los centros de aislamiento.
“Podemos imaginar otras medidas sanitarias”, dice Chianetta, de la APCD. “La OMS considera que los centros de aislamiento son una herramienta más entre otras. Necesitamos en Formosa una política sanitaria basada en la prevención, la responsabilidad y el diálogo intercultural. La pandemia viene porque el medioambiente está cambiando por la tala y los plaguicidas. Debemos mirar más allá del virus y de la vacuna. Debemos disminuir la agresividad”.
