Los incendios forestales en Córdoba, la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires, el acceso a la tierra, el funcionamiento de las instituciones estatales durante la pandemia, la agenda de géneros y diversidades, el proyecto de la legalización del aborto, los alcances del sistema de salud fueron algunos de los temas que ocuparon la conversación social a lo largo del año, temas que cubrimos en nuestras notas en profundidad y en nuestras newsletters.
La búsqueda de soluciones y algunas de las respuestas sociales que se pudieron lograr, junto a todo lo que falta hacer, se volvieron más complejas y se amplificaron en un contexto histórico inédito, como fue la aparición de la pandemia por COVID-19.
Pero aun dentro de las dificultades por el coronavirus, la vida ciudadana no se detuvo: la participación en los temas que preocupan a la sociedad —la construcción de democracia— siguió ocurriendo pese a la imposibilidad de los encuentros cara a cara.
Incluso en la soledad que impusieron las reiteradas medidas de aislamiento social preventivo obligatorio que cerró escuelas, instituciones, salones, bares y lugares clásicos de encuentro entre las personas, los activismos continuaron creciendo con fuerza gracias a la tecnología. Se multiplicaron los grupos de whatsapp entre desconocidos alrededor de causas comunes para ellos, abundaron los conversatorios por videoconferencia y las redes sociales tendieron puentes que facilitaron nuevas formas de contacto, discusión, intercambios de saberes y acciones ciudadanas.
Todo esto es lo que observa Pamela Cáceres, politóloga y activista de la sociedad civil a cargo de la coordinación técnica, desde Fundación Avina, del Proyecto Partícipes en Argentina, en vísperas del webinar Encuentro de Experiencias de Rendición de Cuentas, Monitoreo y Participación Ciudadana.
“El COVID-19 constituyó una coyuntura propicia para reforzar la tendencia al centralismo de las prácticas estatales en todos los niveles. Sin embargo, y a pesar de las medidas de aislamiento social, la sociedad civil ha logrado mantener y visibilizar de manera activa muchos temas de la agenda nacional, provincial, local”, destaca Cáceres. “No todo se lo llevó la pandemia y eso demuestra que tenemos otro escenario social y político. Una ciudadanía más involucrada y politizada en el sentido de reivindicar el derecho a ser parte de las decisiones”.
¿Qué implica que el país tenga una ciudadanía más involucrada, que busca tener parte en las decisiones políticas? ¿Cuánto de la participación de las personas en las calles, en los activismos, en el señalamiento de todo lo que hay que cambiar para poder vivir en una sociedad mejor para todos realmente llega a convertirse en políticas que garanticen los cambios buscados?
“Observo que existen hoy numerosas iniciativas y experiencias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, que han desarrollado innovaciones importantes que pueden ser un recurso fundamental para generar cambios en los procesos de políticas públicas para lo que sigue del siglo XXI pospandémico”, señala Cáceres.
No es casualidad que en los últimos años los avances y también resistencias se hayan producido en la agenda ambiental, de género, de desarrollo urbano. Sirve señalar, por caso, la reciente sanción de la Ley Yolanda que prevé la formación de los funcionarios públicos en educación ambiental y un proyecto de Ley que se debate en comisión en Diputados, de Educación Ambiental. Las iniciativas no llegaron aisladas: responden a una necesidad y al trabajo que, desde hace años, vienen realizando escuelas, municipios y organizaciones de la sociedad civil.
Transparencia y gobierno abierto
Desde conocer el patrimonio de los funcionarios gubernamentales a tener día a día el conteo de casos de contagios de coronavirus o de dengue —otra de las grandes preocupaciones del año en materia de salud pública en nuestro país—; desde conocer la cantidad de refugiados que llegan a la Argentina, a relevar los números de femicidios; tener datos confiables y certeros sobre el aumento del costo de vida o conocer las empresas que cumplen —y las que no— las reglamentaciones en materia de tala de bosques. Por citar algunos ejemplos: los ciudadanos quieren saber. Y por ley tienen derecho a hacerlo.
En septiembre de 2016, se aprobó la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública, que promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión. Nuestro país tardó en sumarse a esta nueva forma de concebir al Estado; fue uno de los últimos de Latinoamérica. En 2007, el Acceso a la Información Pública fue declarado Derecho Humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero diez años después, en 2017, la norma que regula ese derecho fue reglamentada en Argentina.
La ley obliga a los tres poderes del Estado y a las empresas con participación estatal a brindar información y habilita a toda la ciudadanía a solicitarla. Además, plantea cómo se debe garantizar esa información: la informalidad en los pedidos, la celeridad en la respuesta, el máximo acceso, la apertura de datos y la no discriminación son sus caracterísiticas fundamentales. El acceso debe ser gratuito, dentro de los 15 días hábiles, con posibilidad de prórroga de otros 15 más, y hay sanciones en caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Pero el derecho a saber abarca más que el libre acceso a datos públicos. Es lo que se denomina “transparencia”. En ese sentido Cáceres analiza: “Argentina desde hace ya unos años se ha comenzado a instalar una concepción más amplia de transparencia, un concepto que tradicionalmente estuvo muy restringido a la idea de lucha contra la corrupción. En este proceso tuvieron mucha incidencia, primero, las reivindicaciones ligadas al derecho a la información pública y, después, las del gobierno abierto”.
“Los avances en estos temas se manifiestan en nuevas normativas nacionales y subnacionales que comprometen a gobiernos y administración pública con la publicidad y accesibilidad a la información y la apertura de datos”, suma Cáceres.
La experta también observa que estos conceptos se están traduciendo en nuevas estructuras en la administración pública que recogen, al menos formalmente, estos mandatos en la forma de oficinas de Acceso a la Información, Modernización, Gobierno Abierto, y una significativa inversión en plataformas y soportes tecnológicos que facilitaron la digitalización, apertura y disponibilidad de muchísimos datos a los cuales, en el otro tiempo, hubiera sido imposible acceder. En este sentido la revolución de las redes y tecnologías de la información y la comunicación han vuelto a las instituciones públicas mucho más expuestas al escrutinio público.
Saber para participar, participar para saber
El camino a la información no es fácil ni directo. La información muchas veces se considera “sensible” o “confidencial” y la línea que separa lo público de lo privado suele ser bastante difícil de trazar. Es la excusa perfecta cuando desde ciertas instituciones la transparencia todavía no es un concepto vital. “La respuesta a las demandas sociales de transparencia y apertura no se dieron sin resistencias ni en forma homogénea al interior del aparato del Estado. Tampoco lo es desde las diferentes concepciones desde la sociedad civil en cuanto al papel que asumen las organizaciones sociales en un nuevo paradigma de gobernanza que también las interpela”, señala Cáceres.
Y sigue: “Aún persisten lo que a mi entender son limitaciones en la comprensión y prácticas del Gobierno Abierto propias de una transición que, por otro lado, no tiene retorno. Estas prácticas centralistas y jerárquicas que aún predominan provienen de una cultura arraigada en la idea de que ‘el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes’, que se basa en una tradición delegativa de democracia y afecta lo que entendemos por transparencia y rendición de cuentas”.
Por un lado, gobiernos y reparticiones definen selectivamente qué información produce y abre y cuál no y entienden la rendición de cuentas como proceso unidireccional de “informar” —luego de hacer— actos de gobierno. Por el otro, la sociedad civil aún no se apropia completamente del derecho a la participación activa en el monitoreo de las acciones estatales y en la posibilidad de incidencia en las decisiones políticas, es decir en un proceso público de involucramiento “antes” que las mismas sean tomadas.
Aún no existen canales aceitados o institucionalizados de co-creación, monitoreo y evaluación participativa de políticas públicas ni tampoco sistemas de producción colaborativa de información.
Esta carencia, sin embargo, en Argentina es contrarrestada por muchas organizaciones privadas, universitarias y de la sociedad civil con capacidad para producir y analizar información en todas las áreas de políticas públicas: en materia ambiental, de acceso a derechos, temas urbanos, institucionales, todas áreas en las que existen déficits u opacidad en la información pública disponible.
Cómo la participación ciudadana puede mejorar las políticas públicas
La participación ciudadana puede mejorar las políticas públicas en dos sentidos.
Por un lado, la participación hace que las decisiones políticas sean más públicas, más transparentes y más inclusivas y, por lo tanto, más legítimas. “Si los y las principales afectados y afectadas por las políticas públicas no tienen espacio para ejercer su voz, para aportar sus perspectivas, lo más probable es que las decisiones consecuentes no los incluya y, por el contrario, las mismas estén fácilmente condicionadas por las presiones corporativas y los intereses particulares, es decir, son menos transparentes”, señala Cáceres.
Quiénes deciden, quiénes influyen en las decisiones y cómo es el proceso que lleva a la decisión define mucho sus resultados. Según la politóloga esto es muy claro en los desarrollos urbanos: la gentrificación —la construcción sin políticas de planeamiento que altera las características de un barrio o localidad— es el resultado de la incidencia corporativa de sectores poderosos que tienen como consecuencia la expulsión y marginalización de los sectores más desprotegidos.
Un segundo efecto positivo de la participación ciudadana sobre las políticas públicas es que permite poner en juego la innovación y la inteligencia colectiva para encontrar soluciones más eficaces a problemas diversos y complejos en las comunidades. “Cuando los esfuerzos creativos de la sociedad son puestos en valor por las políticas públicas los impactos positivos se multiplican y potencian” resalta Cáceres.
Con estos objetivos trabaja Partícipes, una iniciativa llevada a cabo por un consorcio de organizaciones argentinas —Fundación Avina, Fundación Nuestra Mendoza, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Acción Colectiva, Asuntos del Sur y Fundación Democracia en Red— con financiamiento de Unión Europea que se propone incidir desde la sociedad civil en la democratización de instituciones y prácticas de participación y rendición de cuentas en ciudades del gran Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Rosario.
Somos Partícipes: experiencias exitosas de participación de la sociedad civil
El martes 25 de noviembre se realizará por videoconferencia, desde las 10 de la mañana, la reunión online “Somos Partícipes 2020, Encuentro de experiencias de Rendición de Cuentas, Monitoreo y Participación Ciudadana”.
Se presentarán más de 50 iniciativas de todo el país que innovaron y generaron impactos positivos en procesos institucionales, en la apertura gubernamental, en el involucramiento de la ciudadanía en las políticas públicas a nivel nacional y subnacional; también estarán presentes distintos gobiernos locales que son interlocutores de la iniciativa.
El encuentro virtual está orientado a organizaciones de todo el país que realicen monitoreo ciudadano y/o promuevan la rendición de cuentas y la participación ciudadana y a gobiernos de Argentina que sean activos en la rendición de cuentas e implementen acciones de cocreación de políticas con la ciudadanía.
El evento está organizado por Fundación Avina, Acción Colectiva, Asuntos del Sur, Nuestra Córdoba, Nuestra Mendoza y Democracia en Red.
La apertura estará a cargo de Marcela Mondino, gerente programática de Fundación Avina, y Luca Pierantoni, jefe de la Sección Cooperación de la Delegación de la UE en Argentina. Seguidamente se llevará a cabo el conversatorio “La experiencia de ser Partícipes” entre Chani Guyot, CEO y director de RED/ACCION, Pamela Cáceres, coordinadora técnica de Partícipes por Fundación Avina, Agustín Frizzera, director ejecutivo de Democracia en Red, y Laura Zommer, directora ejecutiva y periodística de Chequeado.
El programa completo puede consultarse acá.
“Creemos que es fundamental visibilizar, conocer estos casos y reflexionar sobre su potencialidad para los desafíos que enfrentamos para construir sociedades más inclusivas, sostenibles y democráticas. Pretendemos que, desde un diálogo de perspectivas y experiencias, podamos pensar modos alternativos de gestión de las políticas públicas.”, sostiene Cáceres.
Los 3 ejes del programa son:
- Institucional: experiencias orientadas a fortalecer canales, metodologías, instancias de rendición de cuentas, monitoreo y participación ciudadana que tienen como objetivo de mejorar las arquitecturas y prácticas institucionales.
- Desarrollo urbano y sustentabilidad: experiencias orientadas a fortalecer procesos y políticas públicas vinculadas a la planificación y ordenamiento urbano, la sostenibilidad ambiental, la mejora del espacio público y verde urbano, la movilidad urbana sostenible, la gestión de residuos urbanos, entre otros.
- Inclusión: experiencias que buscan fortalecer procesos y políticas de inclusión social de sectores menos favorecidos y vulnerables.
Cómo participar:
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