A medida que el mundo se ve envuelto en la pandemia de COVID-19, las autoridades dirigen su atención al estímulo económico y el apoyo financiero a hogares y empresas. Como resultado, muchos países han retrasado la preparación y el envío de sus nuevas metas de reducción de emisiones según lo establecido en el acuerdo climático de París. Estos objetivos actualizados, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional, CDN, originalmente debían enviarse este año, antes de la conferencia sobre el cambio climático COP26 que se realizará en Glasgow, Escocia, en noviembre. Sin embargo, ese evento también se ha pospuesto.
Es comprensible el cambio de la realización de cumbres al énfasis en los estímulos económicos, pero no deberíamos perder de vista el importante papel que las CDN pueden desempeñar en las iniciativas de recuperación económica. Están entre los mejores vehículos para que los gobiernos puedan articular sus visiones de crecimiento económico y transformación tecnológica en el futuro, ambos de los cuales tienen claros vínculos con la creación de empleos. Más todavía, la tarea de fijar metas ofrece a los países una excelente oportunidad para identificar proyectos listos para iniciarse y actividades que puedan producir beneficios tanto climáticos como económicos.
Chile es un buen ejemplo. El gobierno anunció en abril un compromiso climático actualizado, junto con una nueva ley del clima que se encuentra en trámite legislativo en el Congreso Nacional. La CDN actualizada vincula la acción climática con un desarrollo sostenible y una transición energética justa. Gira alrededor del compromiso de lograr la neutralidad de carbono para 2050, y resulta fácil ver cómo la respuesta del gobierno a la pandemia puede ayudar a lograr esta meta mediante la aceleración de las necesarias transiciones en los sectores energético y del transporte.
Pero la nueva CDN chilena también muestra otro frente en que los planes de recuperación económica de los países pueden recibir un importante impulso: las soluciones basadas en la naturaleza. La CDN muestra que entiende el papel que la naturaleza puede desempeñar en el logro de la neutralidad de carbono, así como en la adaptación a los efectos del cambio climático y el reconocimiento de la importancia de crear y mantener sumideros naturales de carbono.
Para comenzar, el plan climático chileno vincula el buen estado de los océanos y el clima, y reconoce el valor económico de los ecosistemas costeros. No tenemos que mirar lejos para encontrar ejemplos de cómo los ecosistemas marinos saludables sirven de sustento a las economías locales. En México, solo en el Golfo de California y la Península de Baja California, los ecosistemas marinos generan $518 millones en ingresos anuales por turismo y dan cuenta directa de al menos 3575 empleos. Si se considera la larga costa chilena, las posibilidades son muy superiores. La CDN no desilusiona en esta materia, e incluye un compromiso de convertir un 25% de su zona económica exclusiva en área protegida. Si se implementa de manera adecuada, esta promesa crearía nuevas oportunidades económicas para el país.
La nueva CDN además fortalece de manera importante los compromisos de Chile sobre sus bosques. El gobierno ha duplicado su objetivo de administración y restauración forestal sostenible desde 100.000 hectáreas a 200.000 hectáreas para el año 2030. De manera similar, plantará 200.000 hectáreas de bosques nuevos (desde la cifra original de 100.000 hectáreas), de las cuales al menos 100.000 serán cubierta boscosa permanente y al menos 70.000 hectáreas serán especies nativas. Para finalizar, Chile se ha comprometido a reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los suelos en un 25% para 2030.
Aunque poco estudiada y valorada, la relación con el crecimiento económico es clara aquí también. Para llevar a cabo las actividades necesarias para lograr estos objetivos se han de crear una variedad de empleos, como ingenieros forestales, botánicos, operadores de maquinaria y otros tipos de trabajadores. Y los paisajes recuperados ofrecen beneficios adicionales. Es estudio realizado en 2016 por el World Resources Institute concluyó que, en América Latina recuperar suelos degradados rendiría $23 mil millones en beneficios netos a lo largo de un periodo de 50 años. En promedio, los campesinos que restauren sus tierras pueden ganar unos $1140 adicionales por hectárea en valor económico neto.
Seamos claros: a Chile le queda algún trecho para lograr los objetivos de su compromiso climático original. Hasta ahora la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 ha sido dispar y todavía tiene que demostrar un compromiso serio con impulsar medidas contra el cambio climático desde que diera a conocer el plan hace unos meses. Pero al menos su CDN nos da un buen ejemplo de que puede y debe ser un compromiso de este tipo: no un documento legalmente vinculante, sino una señal política a los ministros, actores del sector privado e instituciones financieras del desarrollo para que identifiquen y emprendan oportunidades que vinculen los planes climáticos de un gobierno con la recuperación económica.
Cada CDN que se actualice crea un mayor impulso político y acrecienta la confianza internacional que necesitamos para luchar contra el cambio climático. En vez de retrasar el trabajo sobre su actualización mientras continúa la pandemia, los gobiernos deberían considerar el modo como estos objetivos se podrían utilizar para aprovechar la contribución económica de las soluciones basadas en la naturaleza. En pocas palabras, las medidas climáticas, tal como se expresan en las CDN, pueden ir de la mano con los planes de recuperación económica. Cuando la naturaleza se protege, tiene mucho que ofrecer a cambio.
Francisca Tondreau es directora para Chile, Paraguay y Bolivia en The Nature Conservancy.
