Cuando el 23 de noviembre pasado, Camilo Parra Zurita, de 22 años, fue asesinado a tiros mientras viajaba en su carro en las afueras de Santiago de Chile, sus familiares y amigos atinaron a hacer una cosa: mandaron a instalar una carpa que cortó la calle principal de la comuna de San Ramón, donde Camilo había nacido y vivía.
Al poco tiempo, llegó el escenario y lo que siguió fueron cinco días, y noches, de espectáculos musicales, strippers, fuegos artificiales, gente, llantos y tiros al aire. En las esquinas, había unos pocos vecinos curiosos que no se habían encerrado en sus casas y cámaras de televisión que intentaban registrar lo que ocurría. Mientras la policía local, muchos con los rostros tapados como medida de seguridad, observaba e intentaba contener la situación.
Aunque las razones detrás del asesinato de Camilo todavía no son claras, existen teorías sobre un posible ajuste de cuentas. Es que el joven era sobrino de un narcotraficante local.
Un narco funeral era lo mínimo que se merecía.
Este tipo de eventos, importados de otros rincones de América Latina e inspirados en la narco cultura que irradian las plataformas de series, se están volviendo cada vez más comunes en Chile, un país que durante años fue considerado uno de los más pacíficos de América Latina.
“Con esto están dando una señal de poderío y lo que muestra es que estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado”, dijo Gustavo Toro, alcalde de San Ramón, en declaraciones a la televisión Pública de Chile.
Toro se refiere al drástico aumento de la criminalidad, ilustrada en la suba de homicidios y secuestros. De hecho, la tasa de homicidios pasó de 4,5 a 6,7 por cada 100,000 habitantes entre 2018 y 2022, según el primer informe oficial que incluye datos de diversos organismos públicos. Aunque en 2023 se registró una pequeña baja, la Fiscalía de Chile ha documentado un repunte en lo que va de este año.
Pia Greene Meersohn, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián de Chile, dice que el aumento de casos de homicidios de personas que no se conocían entre sí y de las extorsiones hablan de un cambio profundo de las dinámicas criminales. “La forma como se lleva a cabo el delito habla de crimen organizado porque su modus operandi es buscar sembrar miedo”, explica.
Pablo Zeballos, analista e investigador de campo, dice que el tipo de violencia que se observa recientemente en Chile, casi inédita hasta el momento, responde a nuevas dinámicas presentes en toda la región, relacionadas con la exhibición.
“Antiguamente, el criminal trataba de evitar que alguien supiera que era criminal. Lo que estamos observando con los narco funerales, con los monolitos que es un fenómeno complejo de la exhibición criminal, es el sentirse orgulloso, sentirse tener una vinculación, ser parte de algo. Y eso genera un fenómeno muy complejo, que es la formación de pandillas de carácter identitario que son las más férreas y las más difíciles de abordar”, dice.
Organizaciones transnacionales
Chile, ubicado estratégicamente en la zona de tránsito entre los principales países productores de cocaína (Bolivia, Perú y Colombia) y cannabis (Paraguay) y las rutas de tráfico internacionales había, hasta el momento, logrado permanecer por fuera de los centros de operación de las organizaciones internacionales.
Pero en la última década, todo eso cambió drásticamente. Entre las razones, los expertos destacan tres factores clave: La enorme y altamente permeable frontera que separa Chile de los principales países productores de drogas, la relativamente estable situación económica del país y grupos migrantes vulnerables de explotación.
“El narcotráfico es la base de todo”, explica Greene Meersohn. “Para que la droga entre a Chile, al menos una persona tiene que mirar para el otro lado. Y a esa persona se le paga en plata o en droga. Y ahí empieza a haber más cantidad de droga disponible y nos volvemos un país más consumidor. Ahí el crimen organizado se va instalando, empieza a formar su red logística y las bandas se empiezan a pelear y sube la violencia y comienzan a llegar delitos que prácticamente no conocíamos como el secuestro, el sicariato, el gota a gota, las extorsiones”.
La policía de investigaciones de Chile ha identificado al menos unas diez bandas criminales que actualmente operan en Chile, la mayoría proveniente de otros países de América Latina donde el crimen organizado ya está fuertemente asentado.
Entre ellas, la más poderosa es el Tren de Aragua, una megabanda que se originó en las cárceles de Venezuela en 2014, y, desde allí amasó una fortuna a fuerza de cobro de extorsiones y reclutamiento entre las personas privadas de su libertad. Desde allí, el grupo desarrolló un amplio portafolio delictivo que hoy cuenta con unas 20 actividades entre las que se encuentra el tráfico de drogas y personas, robo, extorsiones, secuestros, sicariato y minería ilegal, entre otras.
Ronna Rísquez, periodista de investigación que lleva años siguiéndole la huella, dice que el grupo, además, logra ejercer un enorme control territorial en las zonas en las que se establece. “En los territorios donde ellos se establecen ejercen una gobernanza criminal que obliga a los locales a someterse a estrictas reglas, que va desde el cobro de vacuna por tener un comercio, modificar tu casa u obtener aprobación para trabajar en un lugar o enviar a tu hijo a la escuela. Quienes no cumplen son sometidos a la violencia”, aclara.
Rísquez explica que una de las habilidades del grupo es encontrar oportunidades criminales en contextos adversos. Esto es justamente lo que vieron en grupos migratorios de personas que, acorralados por la crisis humanitaria en Venezuela, huyeron del país, muchos a pie. Esto les ayudó a expandirse a al menos seis países de América Latina y llegar hasta Estados Unidos. Miembros del Tren de Aragua suelen cobrar a los migrantes para transportaros, los extorsionan, abusan de ellos y los usan como parte de sus estrategias para establecer una presencia en otros países.
La política de Boric
La expansión de organizaciones criminales y la disparada de la violencia en toda la región ha generado respuestas diversas. Mientras Nayib Bukele en El Salvador enfocó su política en el encarcelamiento masivo y la gobernabilidad a través de un estado de excepción y Daniel Noboa en Ecuador sacó a los militares a las calles, otros gobiernos, incluidos en Chile, parecen estar ensayando abordajes alternativos.
En una rueda de prensa al comienzo de la crisis de seguridad el 10 de enero, la ministra del interior de Chile, Carolina Rohá dijo que “la realidad de Chile no es la realidad de Ecuador. No estamos en la misma situación. El crimen organizado y el narcotráfico lo estamos enfrentando con legislación, institucionalidad y presupuestos excepcionales”.
Poco más de un año antes, el presidente Gabriel Boric había presentado la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado. Desde entonces, se aprobaron más de 40 leyes relacionadas a la seguridad que establecieron, entre otras cosas, extender las facultades a las fuerzas de policía, la tipificación de delitos como la extorsión y los límites a los narco funerales. El Ministerio Público, por su parte, creó una Fiscalía especializada en crimen organizado y homicidios, con representantes trabajando en varios puntos del país. En el presupuesto de este año, el gobierno ha aumentado el gasto en seguridad pública, incluyendo en sueldos para la policía nacional.
Zeballos, que trabajó en la policía de Chile durante 20 años antes de dedicarse a la investigación, dice que las medidas son positivas, pero que las leyes y el presupuesto, por sí solos, no son suficientes. Dice que aun si disminuyen los homicidios, el riesgo es que el crimen organizado eche raíces en el país y en muchos casos, ocupando el rol del Estado.
“Las organizaciones criminales, cuando ya han logrado su objetivo de tomar el control territorial y ya no necesitan luchar ni contra el Estado ni contra otras organizaciones criminales, tienden a bajar rápidamente su nivel de violencia y normalmente los gobiernos sienten que lograron una gran batalla contra el crimen organizado, pero en realidad lo que ha pasado es que la organización criminal se ha asentado fuertemente, tiene control del territorio”, explica.
“Yo siento que estamos viviendo una transformación criminal compleja en la región, que requiere medidas complejas y distintas. Pero para poder saber qué medidas utilizar, primero tienes que comprender a qué te enfrentas”.
Para Greene Meersohn parte de la respuesta está en mejorar la coordinación entre agencias de gobierno, la capacidad para obtener inteligencia sobre las organizaciones criminales para desarticularlas y abordar las dinámicas complejas que ocurren dentro de las cárceles que, como en Venezuela, son utilizadas por organizaciones criminales para expandirse y desarrollar poder. “Hoy las cárceles además de ser universidades del delito son la casa matriz del crimen organizado. Las cárceles tienen gran poder operativo, gran poder de fuego, gran poder de financiamiento y forman un círculo vicioso. Entonces, mientras tú no tengas una cárcel que efectivamente te ayude a reparar, a rehabilitar y a reinsertar esta persona en la sociedad no vas a tener el quiebre del círculo del crimen organizado”, reflexiona.
“Si hoy me preguntas qué hay que hacer, dónde hay que invertir, te digo que, en la cárcel. Pero no construyendo más: meter gente a la cárcel no sirve de nada. Y como el Estado no tiene capacidad de manejar toda la cantidad de gente que mete a la cárcel se empieza a crear un Estado paralelo. La respuesta no es ni una cosa ni la otra, ni es ni cárcel para todo el mundo ni cárcel para nadie. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo, entonces, busquemos alternativas que funcionen,” dijo.
“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext”
