Tareas de desmonte dentro de un área declarada Reserva de Biosfera de las Yungas por la UNESCO, en el Norte de Salta.
Foto: Greenpeace/Telam

Por qué en los últimos ocho años destruimos 700 hectáreas de bosques por día

En la época de la colonia el 59% del territorio nacional estaba cubierto por bosques. Hoy, el 9,73%. Sólo entre 2008 y 2016 se perdieron 2.398.078 ha. Cuatro de las dieciséis provincias relevadas registran 80% de la superficie deforestada en este período.

por Javier Drovetto

26 de abril de 2018

Chaco puede perder cinco hectáreas de bosques en dos días o 2900 en varios meses. Familias wichis de la comunidad El Pintado, a 42 kilómetros del límite con Formosa, reconocen que por “hambre” llegaron a aceptar un intercambio que saben que genera en sus tierras un daño que necesita medio siglo para revertirse: a cambio de $ 6 mil por tonelada de algarrobo, dejaron que en 48 horas desmonten un bosque con ejemplares de esa especie codiciada por la industria maderera.

Los que pagan ese precio son “productores” forestales que recorren El Impenetrable en busca de “oportunidades”. “En Castelli, a 200 kilómetros de El Impenetrable, la tonelada ya vale $ 20 mil. En los aserraderos de Quitilipi, a dos horas de Resistencia, se paga $ 30 mil. Y en las fábricas de muebles de Córdoba se va a $ 50 mil”, aseguró Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, una ONG chaqueña que asiste a comunidades rurales e indígenas.

A mediados del año pasado, las topadoras de una empresa agropecuaria despejaron 2900 hectáreas de un bosque de quebracho, guayacanes y algarrobos. Pasó en la chacra Las Rejas, en el noroeste chaqueño. Claudio Andreoli, dueño del predio, explicó que “el terreno es apto para la actividad agrícola y que el desmonte estuvo autorizado y cumplió todos los trámites que debe atravesar”.

Entre 2010 y 2015 nuestro país fue uno de los 10 con la tasa de deforestación más alta del mundo: cada año desaparecía el 1,1 % de su superficie boscosa, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

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Actualmente, ese índice bajó a la mitad y es del 0,5 %, pero sigue siendo alto si se lo compara con el promedio mundial, que es del 0,08 %. Y además ocurre un fenómeno muy marcado: desde 2008 y hasta 2016, el 78 % de los desmontes se concentraron en solo cuatro provincias. En Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta deforestaron 1.880.884 hectáreas de las 2.398.078 que se perdieron en las 16 provincias que monitorea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación porque son las que abarcan las cuatro regionales forestales más amenazadas, que son el parque chaqueño y en menor medida yungas, selva paranaense y espinal.

Las razones que explican semejantes porcentajes son elocuentes. Por un lado, esas cuatro provincias tenían y siguen teniendo grandes superficies de bosques nativos, principalmente de parque chaqueño. Y fue sobre esa región, de bosques planos y semiáridos, sobre la que más avanzó la agricultura.

“En los últimos años, el ciclo húmedo por el que pasa la región, con precipitaciones superiores a la media, y los buenos rendimientos obtenidos en suelos de desmontes recientes, provocaron un incremento en el uso agrícola de las tierras. Lo que hicieron fue trasladar tecnologías de uso y manejo del suelo desde zonas más húmedas a las semiáridas y áridas”, explicó el ingeniero agrónomo Roberto Casas, director del Centro para la Promoción y Conservación del Suelo y el Agua.

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Las causas de la deforestación

La siembra, principalmente de soja, y la ganadería son los principales motivos de desmontes. “La presión y el avance de la agricultura y la ganadería sobre la región de bosque chaqueño es muy grande. Aunque tiene rindes menores, los empresarios compran una hectárea por 500 dólares cuando en Pergamino le piden 15 mil dólares”, graficó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), agregó otro aspecto que también ayuda a entender el fenómeno: “La región de parque chaqueño no está suficientemente representada en el sistema de áreas protegidas, por lo que no hay tanto bosque resguardado como parque nacional u otra categoría de conservación”.

La pérdida de bosques en la Argentina lleva varios siglos. En la época colonial, el disuelto Instituto Forestal Nacional estimó en 160 millones de hectáreas la superficie de bosques, lo que representaba el 59 % del territorio. Actualmente los bosques ocupan 27,19 millones o el 9,73 % de territorio. Desde la sanción de la ley de bosques, en 2007, las provincias están obligadas a preservar sus bosques de acuerdo al nivel de conservación que presentan. Esa fue una de las principales razones por las cuales los desmontes mermaron. De una deforestación anual de casi 300 mil hectáreas al año se llegó en 2016 a una pérdida de 136.470 hectáreas.

De todos modos, la tasa anual de la Argentina es seis veces más alta que el promedio mundial. Esa fue una de las razones por las que la ONG internacional Migthy Earth, con sede en Washington, Estados Unidos, decidió viajar a la Argentina a fines del año pasado. Un equipo de colaboradores recorrió 2500 kilómetros en ocho días para documentar diez casos de deforestación. Empleó imágenes satelitales para identificar los bosques que habían desaparecido y usó drones para fotografiar el daño.

En la conclusión final, publicada el 25 de marzo pasado, la ONG advierte que grandes empresas estadounidenses de la industria agroalimentaria promueven esas prácticas porque son las que compran grandes cantidades de soja sembrada en la región del parque chaqueño para exportarla a Europa.

Desmonte de árboles nativos en una reserva aborigen misionera.
Foto: Télam
Desmonte de árboles nativos en una reserva aborigen misionera. Foto: Télam

“La cadena de comercialización de la soja en esa región es complicada. Nos encontramos que muchas veces los productores que deforestaron un bosque para sembrar soja le venden la cosecha a una empresa de logística que lleva los granos hasta el puerto de Rosario y es ahí donde le venden la carga a las grandes empresas estadounidenses”, explicó por Skype y desde Berlín, Anahita Yousefi, directora de políticas de Mighty Earth.

El informe es en parte una denuncia, ya que en gran medida los desmontes registrados en la región chaqueña se realizan en zonas prohibidas. En 2016, por ejemplo, de las 136.470 hectáreas de bosques deforestados en el país, una superficie que equivale a seis veces la Ciudad de Buenos Aires, 58.281 hectáreas eran de bosques que las provincias habían catalogado como "rojos" y "amarillos" por su valor de conservación.

Ocurre que según parámetros que instauró la ley de bosques, se categorizan como bosques rojos los que no deben sufrir ninguna transformación; como bosques amarillos los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y como bosques verde los sectores poco conservados, por lo que se pueden hacer desmontes con permisos previos.

Desde Greenpeace, FARN y la Fundación Vida Silvestre coinciden en que las recategorizaciones de predios protegidos para tipificarlos como verdes; las multas débiles por desmontar sin permiso o en lugares prohibidos; y la falta de financiamiento del fondo nacional con el que se debe compensar a los dueños de bosques por preservarlos son las causas que favorecen la deforestación.

Sin fondos para fomentar la preservación

Respecto de la falta de fondos, la ley de bosques crea una partida para “compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que brindan” y señala que debe estar constituido por el 0,3 % del presupuesto nacional. Sin embargo, desde la sanción de la ley nunca se logró constituir en más de un 25 % de lo que correspondía, cifra a la que se llegó en 2010.

Para el año pasado se le asignaron $ 556 millones, apenas un 8 % de lo que se establece por ley. Los valores fijados por el actual Gobierno, de todos modos, no difieren mucho de los del final de la gestión anterior, ya que en 2015 y 2014, el fondo se constituyó en un 6 % y 7 % de lo que debió haber sido por ley.

En gran medida, desde las provincias que concentran la deforestación explican que los pocos recursos para compensar a los dueños de los campos con superficies de bosques nativos no favorecen su conservación. También se escudan en que los incentivos que implican la quita o disminución de las retenciones a la exportación de maíz, trigo, girasol y soja representan una política que fomenta el avance de la frontera agropecuaria.

De todos modos, tanto Víctor Rosales, director de Bosques de Santiago del Estero, como Luciano Olivares, subsecretario de Recursos Naturales de Chaco, destacaron la baja en la deforestación que registraron sus provincias en los últimos años. Al comparar los datos de 2012 con los de 2016, Santiago del Estero redujo los desmontes en un 70 % y Chaco en un 47 %.

Además de una necesidad, la pretensión de alcanzar una deforestación cero en el país se inscribe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que la Argentina adhirió en septiembre de 2015 junto a otros 150 países miembros de la ONU. El país se comprometió a “de aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial”.

Tareas de desmonte dentro de un área declarada Reserva de Biosfera de las Yungas por la UNESCO, en el Norte de Salta.
Foto: Greenpeace/Telam
Tareas de desmonte dentro de un área declarada Reserva de Biosfera de las Yungas por la UNESCO, en el Norte de Salta. Foto: Greenpeace/Telam

En varias oportunidades, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación asumió el compromiso de alcanzar la deforestación cero en 2030. Para Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, ese equilibrio, puede lograrse a partir de la eficiencia en el uso de los recursos naturales y mediante una salida gradual del modelo de país como productor de commodities.

“Tenemos que ser más eficientes en cómo logramos producir lo mismo con menos consumo de recursos naturales. Las mejoras que se hacen en el sector agropecuario son importantes porque reducen la presión sobre áreas de bosques que aún no fueron intervenidas. Por otro lado, el segundo camino tiene que ver con salir gradualmente de la posición de país productor de commodities para promover la idea de agregar valor y generar una cadena industrial asociada a esa producción primaria”, sostiene Moreno.

En paralelo con los objetivos generales que plantea Moreno, a nivel nacional existe una serie de políticas específicas que buscan preservar los bosques nativos o ayudar a regenerarlos.

Se impulsa que los dueños de campos adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un esquema de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, y autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas y planificadas en ciclos de 20 años.

Otro plan es el de restauración de bosques degradados, que cuenta con experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero, pero está previsto ampliarlo a otras provincias.

Una tercera estrategia busca que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo del bosque, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.

Un cuarto programa, Bosques y Comunidades, aspira a resolver necesidades básicas y ayudar a las comunidades indígenas y criolla, a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo. Esa línea ya alcanza a unas 75 comunidades que poseen unas 410.000 hectáreas.

Jorge Meza, oficial forestal principal de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe consideró que las políticas públicas para favorecer la conservación de los bosques deben, entre otros aspectos, contemplar la “importancia de reconocer formalmente los derechos de poblaciones indígenas al acceso libre y permanente a sus bosques”. También, “fortalecer el sistema nacional de áreas naturales protegidas, promover la protección y uso sostenible de los bosques en manos privadas a través de incentivos para su conservación y promover el incremento de la producción agrícola sobre la base del incremento de la productividad y no sobre la base de la expansión de la frontera agrícola”.

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