El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar un programa para buscar e identificar a los 40 mil desaparecidos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico. En esa tarea, será fundamental el Equipo Argentino de Antropología Forense, organismo respetado por los familiares de los desaparecidos y que, en 16 años de trabajo en ese país, ya logró identificar a alrededor de 300 víctimas.
Mercedes Doretti, la antropóloga forense argentina fundadora del EAAF y directora del equipo que trabaja desde hace 16 años en México, explica que el trabajo representa un desafío descomunal, y que lo encara con esperanza y cautela. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense ya desembarcó en más de 40 países alrededor del mundo.
El 17 de marzo de 2011, Carlos Alberto Osorio Parada, un joven salvadoreño de 27 años, se despidió de su mamá, Bertila, y de su papá, Jorge Alberto, para convertirse en uno más de los cientos de miles de migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio mexicano con la ilusión de llegar a Estados Unidos.
Diez días después de su partida, Carlos Alberto habló con su mamá por teléfono. Le contó que ya estaba en Monterrey, a sólo 216 kilómetros de la frontera. Fue la última vez que Bertila supo algo de él.
El joven desapareció, al igual que desaparecieron más de 40 mil personas en México en los últimos 12 años, a raíz de una guerra contra el narcotráfico que recrudeció la violencia y fortaleció a las organizaciones criminales que se diversificaron y que, además de traficar drogas ilegales, se dedicaron a secuestrar, extorsionar, asesinar y desaparecer a víctimas en masa, migrantes incluidos. En varios casos, con complicidad del propio Estado.
Como ocurrió con muchas de las Abuelas de Plaza de Mayo, a Bertila la desaparición de su hijo la transformó en activista. Pidió el apoyo de las autoridades mexicanas y salvadoreñas, pero en todo momento se sintió sola, desamparada, hasta la tarde en que un joven argentino la llamó por teléfono para decirle que querían ir a tomarle muestras de sangre para hacer un ADN porque creían que habían encontrado a su hijo.
“Ahí me enteré de que existía el Equipo Argentino de Antropología Forense. Eran personas humanitarias que venían a ayudarnos. Para nosotros fue muy importante porque no teníamos dinero para hacer investigaciones por nuestra cuenta, ni siquiera para viajar a México”, recuerda Bertila.
A fines de 2013, le avisaron que la coincidencia genética era de un 96%. Sí, era el cuerpo de Carlos Alberto. El joven salvadoreño formaba parte de la lista de 193 víctimas de la llamada “masacre de San Fernando”, un asesinato en masa ocurrido en el estado de Tamaulipas en abril de 2011 y que, como todas las matanzas ocurridas en el marco de la guerra narco, sigue sin esclarecerse.
Bertila cuenta que “fue un momento muy traumatizante, yo esperaba encontrar a mi hijo internado en un hospital, pero vivo. Fue un dolor muy profundo. Pero al mismo tiempo la noticia trajo un poco de paz a mi corazón, ‘al menos lo encontramos’, pensé. Otras familias siguen buscando a sus desaparecidos”.
La tragedia no había terminado. Las autoridades mexicanas trataron de convencerla para enviarle el cuerpo cremado al Salvador, pero ella necesitaba ver a su hijo. Temía, como ya les había pasado a varios familiares de desaparecidos, que les entregaran restos de otras personas, incluso de algún animal. Después de meses de trámites y peleas burocráticas, gracias a la intervención del EAAF, la cremación no se llevó a cabo y, en enero de 2015, casi cuatro años después de la desaparición de Carlos Alberto, Bertila logró ir a México y llevarlo de regreso al Salvador, en donde pudo enterrarlo.
“Me siento totalmente agradecida con el Equipo Argentino. Los familiares de los migrantes desaparecidos sólo confiamos en ellos. Cuando fui, Mimí me dio el informe forense, contestó todas mis dudas. Ellos nos dan tranquilidad a las familias. Yo llevo al Equipo en mi corazón, están muy entregados a las familias de los desaparecidos. Yo nunca les iba a creer a los del gobierno mexicano ni a mi gobierno si me decían ‘aquí está tu hijo’. Nomás les creemos a los del Equipo porque les patean los talones a las autoridades, les enseñan a hacer su trabajo. Aunque encontré a mi hijo, sigo participando en el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos. Cuando vienen los del Equipo, o hablamos con Mimí en México, los sentimos como parte de las familias, ellos entienden el dolor que llevamos en nuestro corazón y nos echan la mano”, dice la activista.
La “Mimí” que Bertila menciona a cada rato es Mercedes Doretti, quien dirige equipo que trabaja desde hace 16 años en México. Los peritos argentinos llegaron en 2003, por pedido del Alto Comisionado de Derechos Humanos, para realizar un protocolo de autopsias, pero luego se quedaron para trabajar en los femicidios de Ciudad Juárez, un caso de asesinato masivo de mujeres en la frontera México-Estados Unidos que tuvo repercusión internacional.
En entrevista con RED/ACCIÓN, Doretti explica que el EAAF nunca había trabajado en temas de femicidios ni de migración, “así que este trabajo nos introdujo a la problemática migrante. Nos dimos cuenta de que había una ausencia de bases de datos forenses nacionales y centroamericanas. Encaramos el tema regionalmente y cada vez se hizo más grande”.
Pocos años después, en 2006, comenzó la guerra narco, se multiplicaron las desapariciones masivas y el EAAF fue cada vez más requerido por los familiares que buscaban a una hija, un hermano, un esposo. Desde entonces, la intervención de los expertos argentinos comienza con la solicitud de alguna organización de familiares de víctimas de desaparición forzada, desaparición por particulares o de ejecuciones extrajudiciales.
“A veces, para poder intervenir, tenemos que ser nombrados como peritos de la familia, pero en otros casos hemos firmado convenios de colaboración con fiscalías locales o la PGR (Procuraduría General de la República). Por ejemplo, ahora estamos trabajando en la Comisión Forense, que está formada entre PGR y el Equipo Argentino con 10 organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica, e incluye la identificación de restos de tres masacres importantes del noreste de México”, señala la antropóloga.
El EAAF tiene trabajo para rato. Además de la identificación de cuerpos en estados como Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, también participa en colectivos que diseñan políticas públicas en el área forense y que están siendo consultados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien el 4 de febrero anunció un programa inédito para buscar a las más de 40 mil personas desaparecidas en los últimos 12 años.
Alejandro, Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció ese día que “México es una fosa común”, tal y como venían denunciando hace años familiares de desaparecidos que, ante la ausencia del Estado, se organizan y excavan con sus propias manos la tierra para buscar a sus desaparecidos. Encinas calculó que a lo largo del país había 1200 fosas con miles de cuerpos amontonados, sin identificar. Se quedó corto: una investigación coordinada por las periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati demostró que en México hay, por lo menos, 2000 fosas clandestinas.
Carlos Alberto, el hijo de Bertila, ya no forma parte de esa lista de desaparecidos. Tampoco las más de 200 víctimas que el EAAF ha logrado identificar en México, y a las que se le suman otros 90 mexicanos y centroamericanos identificados en Estados Unidos.
Es una tarea en la que, como reconocía y agradecía Bertila, la activista salvadoreña, los peritos argentinos priorizan el trato con los familiares.
“Ellos son centrales”, subraya Doretti, “nosotros no intervenimos si los familiares no están de acuerdo, si no nos dejan hablar con ellos, entregarles el dictamen y tener completa transparencia. Los primeros años era bastante complicado hacer entender nuestra relación con los familiares, no había mucha tradición de que los forenses se involucraran con ese trato. Es importante establecer un vínculo de confianza porque no hay nada que ocultar, nada que no pueda decírseles, los familiares agradecen que uno sea lo más honesto posible con ellos”.
El trabajo no ha sido fácil. Suele haber trabas para que el EAAF acceda a los expedientes para analizar peritajes previos, lo que retrasa la investigación; también complica el caudal de información que se fragmente en docenas de agencias federales y estatales. Y, en particular, dice Doretti, la ausencia de voluntad política para resolver los casos.
Hoy, el escenario parece diferente. En su asunción presidencial, López Obrador anunció la creación de una comisión especial para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, una historia que conmocionó a la opinión pública internacional en septiembre de 2014. La intervención del EAAF, que con sus peritajes demostró que el gobierno mentía, fue fundamental para evitar que el ex presidente Enrique Peña Nieto cerrara el caso. Hoy, la antropóloga reitera “las gravísimas irregularidades” que hubo durante la investigación, entre ellas la manipulación de la evidencia forense.
Doretti dice que ven este nuevo proceso “con esperanza”, ya que el gobierno está consultando a la sociedad civil, a los familiares y a los equipos forenses.
“Es un nuevo acercamiento. Si la Ley de Desaparición aprobada en 2017 realmente se implementa, si este mecanismo nuevo se hace de una manera apropiada, hay esperanzas de que podamos saber qué ha pasado con una parte importante de las personas desaparecidas”, señala.
Sin embargo, aclara que no se pueden generar demasiadas expectativas porque se trata de una cifra descomunal de 40 mil víctimas.
“Ninguna solución va a ser inmediata. Hay mucho trabajo por delante para poder dar respuesta a un número importante de personas. Pero es cierto que, después de un momento crítico, estamos ante una ventana de oportunidad. Ojalá salga para adelante, ojalá se pueda hacer un salto importante”, dice Doretti, invocando el mismo deseo que tienen los familiares de los desaparecidos.
El documental “Los días de Ayuzinapa” debate el informe del gobierno mexicano sobre cómo y por qué desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, en 2014. Cecilia González, autora de esta nota, participó en su producción periodística.
